Pepe Blanco, José Luis Ábalos y Santos Cerdán durante el traspaso de cartera a Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes, en noviembre de 2023.
Antifraude detecta un sobrecoste de un millón en una obra que afecta a Ábalos, Pardo de Vera y Pepe Blanco
Un alcalde del PSOE pagó 1 millón de sobrecoste a una empresa de la trama de Ábalos para una obra de ADIF durante su etapa como ministro.
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La Agencia Valenciana Antifraude denuncia graves irregularidades en la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia), promovida mediante un convenio entre ese ayuntamiento, gobernado por el PSOE, y ADIF durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Esta adjudicación salpica nuevamente a José Blanco, a Isabel Pardo de Vera, a un edil socialista y al exministro y mano derecha de Sánchez.
El informe de Antifraude, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, ha sido remitido tanto al juez Leopoldo Puente, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El organismo autonómico concluye que "el Ayuntamiento de Albal ha pagado más de 1.000.000 de euros por encima del coste real de la obra y las expropiaciones".
La estación fue adjudicada por ADIF a Lantania, S.L. Esta es una de las firmas señaladas por Víctor de Aldama en sus revelaciones ante el Supremo el pasado diciembre, en donde apuntó a diversas empresas como beneficiarias de amaños desde Transportes. Esta era una de ellas.
Dichas irregularidades administrativas graves, señala Antifraude, "implican vicios de nulidad por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
En su investigación, esta entidad ha detectado "conductas, hechos u omisiones que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves en relación con la tramitación, financiación y firma del convenio" con ADIF.
Entre ellas, la "falta de competencia del ayuntamiento de Albal para asumir los compromisos adquiridos, la ausencia de tramitación del expediente necesario para el ejercicio de una competencia
impropia de manera previa", y la "inexistencia de crédito adecuado y suficiente", así como la absoluta ausencia de "fiscalización por parte de la intervención municipal".
Origen de la obra
Antifraude remonta el origen de la construcción de la estación de ferrocarril al "Protocolo de Colaboración para la implantación de una Estación de Cercanías en Albal", firmado en mayo de 2011 cuando era ministro de Fomento José Blanco López.
Posteriormente, se celebró el convenio celebrado por el Ayuntamiento de Albal y entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en 2019 que fue firmado por el alcalde de Albal, el socialista Ramón Marí Vila y la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, siendo Ábalos ministro de Fomento.
En el expediente se puso de manifiesto diversas irregularidades en la tramitación y ejecución del convenio que supusieron un pago por parte del Ayuntamiento de Albal a ADIF "en un importe superior en más de 1.000.000 de euros por encima del coste real de la obra y justiprecio de las expropiaciones", señala Antifraude.
El contrato se financió en parte con fondos de la Unión Europea. Entre las principales irregularidades detectadas en la tramitación, Antifraude destaca "que no se cumplió con todas las determinaciones del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana)".
La trascendencia deriva de que "no se llegó a inaugurar en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la riada derivada de la DANA en otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras".
Teniendo en cuenta que en marzo del año 2025 se encuentra pendiente de aprobar la certificación final de obra, Antifraude plantea la duda al investigador de la corrección de la recepción de la obra en fecha 29 de octubre de 2024, "por incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de ordenación de la edificación".
En febrero de 2025, tras las reparaciones realizadas con posterioridad a la DANA, se inauguró la estación de tren de Albal.
La Agencia no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva (ADIF). Por esa misma razón, tampoco examinó si los modificados del contrato, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificadas.
Consultada la empresa Lantania, señala que la propia Antifraude pone en duda el convenio entre el Ayto y ADIF, y que el contrato no procede de la época de Ábalos. "Se ha comprobado que han tenido lugar conductas, hechos u omisiones que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves en relación con la tramitación, financiación y firma del convenio con la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la construcción y financiación de la nueva estación de cercanías en el municipio de Albal (Valencia)".
También argumentan que nada tiene que ver con Lantania ni con la adjudicación de la obra, defendiendo que ganaron el concurso "por valoración objetiva", y que recibieron "la cuarta mejor valoración técnica y la mejor oferta económica, después de la descalificación de las dos primeras ofertas por temeraria".
