Los veterinarios acusan al Gobierno de obligarles a revisar los animales de los refugiados de Ucrania

El conflicto bélico de Ucrania ha desatado una grave crisis humanitaria que ha repercutido en el exilio de millones de ucranianos y sus mascotas a los países vecinos. Un problema de salud pública si se tiene en cuenta que Ucrania es un país con presencia de rabia endémica, donde se declaran anualmente en torno a 1.600 casos. 

Por este motivo, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) y representantes de la patronal han pedido al Gobierno y las Comunidades autónomas medidas concretas para gestionar el manejo de animales procedentes de Ucrania.

Hasta ahora, los veterinarios son quienes realizan la vigilancia y el control de estos animales, costeándolo ellos mismos. Así lo denuncia el presidente de FESVET, Manuel Martínez, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

"Corre a costa de los veterinarios que atienden a los animales de los ucranianos. En algunas Comunidades, como Castilla y León, el Consejo de Veterinarios les abona las vacunas, los medicamentos necesarios, así como la reposición de los microchips y pasaportes que utilizan para identificar a las mascotas", añade. Sin embargo, puntualiza que este no es un proceder generalizado.

"Ninguna administración", salvo "raras excepciones autonómicas", está abonando financiación a los veterinarios que atienden a las mascotas. Se apela a la solidaridad y a la voluntariedad de la profesión.

La necesidad de controlar a estos animales responde a los problemas de salud pública que puedan acarrear (las zoonosis son enfermedades de animales que pasan a humanos, como el coronavirus o la gripe aviar) y los brotes relacionados con rabia. Desde el sector, lamentan que el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias se haya "desentendido" de la situación.

"Una cuestión de Salud Pública como la rabia, mortal de necesidad, está siendo gestionado por un Ministerio, el de Agricultura, sin competencias en salud", acusa Martínez.

Conviene precisar que mientras que Ucrania es un país con presencia de rabia endémica, España ha estado libre de esta enfermedad desde 1978, con la excepción de un caso importado desde Marruecos en junio de 2013.

Agricultura

Esta misma semana, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un protocolo de actuación que prevé que los servicios oficiales veterinarios de las CCAA de destino sean los responsables de las medidas de mitigación de riesgo de salud pública.

Pero el documento tiene letra pequeña. En él se explica que estas medidas también pueden ejecutarlas en colaboración con "entidades privadas o profesionales sanitarios que prestan su colaboración voluntariamente y sin ánimo de lucro".

Al existir pocos veterinarios dependientes de servicios públicos, la Federación denuncia que todo el peso está quedando en manos de centros privados, "convirtiéndolos en responsables al volcar todo el trabajo efectivo de atender a los animales".

Por eso, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios ha pedido a las Comunidades autónomas que asuman su responsabilidad en la atención y control sanitario de los animales que llegan a territorio español fruto del exilio ucraniano.

Además de un "desequilibrio de responsabilidad hacia el sector privado veterinario", el hecho de que las clínicas asuman estos casos crea un "inmenso problema" de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil y penal en caso de aparición de un caso positivo de rabia. "Enfermedad con un 100% de mortalidad en animales y personas", según los veterinarios.

Todo ello empeora por el hecho de que los veterinarios todavía no saben dónde deben notificar los casos de rabia de los que sean conocedores. "Se exige un contacto directo del organismo sanitario autonómico designado para ello", claman.

Los veterinarios piden a las Comunidades autónomas que asuman su responsabilidad y sean los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública "los que lleven a cabo preferentemente todas las medidas de control sanitario frente a este riesgo sanitario, desde la identificación, vacunación, toma de muestras y envío al laboratorio, desparasitación, hasta la realización de las correspondientes encuestas epidemiológicas".

Y, tras todo ello, y en el caso de que soliciten colaboración a los veterinarios clínicos privados, exigen que las CCAA faciliten a dichos veterinarios las instalaciones y medios necesarios para que "puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y con todas las garantías para la máxima protección de la salud pública comunitaria".

Los veterinarios requieren este protocolo porque les parece más seguro: "Se evita la mezcla innecesaria que podría darse en las clínicas privadas entre los animales nacionales y sus dueños, y los procedentes de Ucrania que todavía no hayan pasado la cuarentena correspondiente".

Para manejar un brote de rabia es necesario crear restricciones de movilidad de los animales vivos por un mínimo de seis meses y en un área de 30 kilómetros en los territorios afectados. "Lo que supondría un impacto económico importante en turismo y en la cadena alimentaria", finalizan.