El juez cita a declarar al Pollo Carvajal para aclarar si Podemos recibió financiación de Venezuela

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará declaración el próximo 27 de octubre al exjefe de los servicios secretos de Venezuela, Hugo Carvajal, para aclarar si los fundadores de Podemos recibieron financiación irregular de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Con la esperanza de frenar su extradición a Estados Unidos, el Pollo Carvajal ha entregado al juez sendos documentos -que ya fueron publicados en España en 2016- sobre supuestos pagos del Gobierno de Venezuela a los fundadores de Podemos (como adelantó EL ESPAÑOL el pasado 30 de septiembre).

El primero es un documento fechado el 28 de mayo de 2008, en el que el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, que había sido constituida por un grupo de profesores universitarios españoles.

Entre ellos se encontraban los que luego serían fundadores de Podemos: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón (hoy líder de Más País), Carolina Bescansa, Sergio Pascual, Alberto Montero y Luis Alegre. 

El denominado "punto de cuenta" firmado por Hugo Chávez establecía un abono en dos plazos: 2.492.557 dólares en 2008 (para el "pago de las asesorías y apoyo técnico actualmente en curso") y otros 4.273.300 dólares que se distribuirían entre 2009 y 2011, con el mismo fin.

Monedero en Caracas

El documento firmado por Chávez menciona expresamente a Juan Carlos Monedero (que había trabajado desde 2004 en el Palacio de Miraflores como asesor personal del presidente y director del Centro Internacional Mirando, un órgano de propaganda del chavismo), Jorge Verstrynge (que también colaboró con el régimen en Caracas) y Pablo Iglesias (que en 2014 pasaría a liderar Podemos).

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que Hugo Carvajal está dispuesto a exponer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, las circunstancias en las que Chávez ordenó estos pagos para facilitar la creación de una formación política afín en España.

Sergio Pascual, Carolina Bescansa, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón e Irene Montero en una imagen de archivo durante la campaña electoral del 20 de diciembre de 2015.

El exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea ratificó la autenticidad de este documento el 12 de abril de 2016, en una declaración jurada prestada en el Consulado de España en Nueva York ante policías españoles.

Posteriormente, en unas declaraciones realizadas al diario El País en junio de 2019, Isea afirmó que se sintió "manipulado" para firmar su declaración, ya que la Policía le prometió a cambio que ayudaría a su familia a abandonar Venezuela.

Rafael Isea había sido ministro de Finanzas en 2008 en el Gobierno presidido por Hugo Chávez. Tras la muerte del comandante, en 2013 asumió la presidencia del Banco Alba (el mismo que, pocos meses antes de la fundación de Podemos, pagó 425.000 euros a Juan Carlos Monedero, supuestamente por realizar un informe sobre la implantación de una moneda única para los países de la órbita chavista).

La petrolera PDVSA

Más tarde, Isea cayó en desgracia ante Nicolás Maduro y en septiembre de 2013 negoció un acuerdo con la Agencia antidroga norteamericana, la DEA, para abandonar Venezuela. Cuando se encontraba en Santo Domingo, le recogió un avión de EEUU para trasladarlo a Washington, donde prestó declaración ante la Justicia norteamericana sobre la colaboración del régimen de Maduro con el narcotráfico internacional y la guerrilla colombiana.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que Hugo Carvajal tiene previsto entregar en los próximos días otros documentos sobre pagos a los líderes de Podemos y sobre los contratos de venta de armas de España a Venezuela. Sin embargo, todavía no tiene a su disposición todas estas pruebas porque se encuentran en un lugar seguro en Venezuela.

En concreto, el entorno de Hugo Carvajal asegura que custodia los documentos en un "trastero" próximo a la frontera con Brasil: precisa que un familiar que reside en Venezuela acceda a ese lugar, recupere los papeles y los escanee para enviarlos a España.

El segundo documento entregado por el Pollo Carvajal al juez (como anticipó EL ESPAÑOL el pasado 30 de septiembre) es un "punto de cuenta" en el que Nicolás Maduro ordenó a la petrolera estatal PDVSA pagar 142.000 dólares a tres de los fundadores de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

El documento está firmado en octubre de 2013, es decir, cinco meses antes del nacimiento de Podemos, que quedó inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior el 11 de marzo de 2014.

Los pagos a Garzón

Como concepto del pago firmado por Maduro se hizo constar el «diseño político comunicacional del material audiovisual» para la participación de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en el XXI Congreso Mundial de Petróleo que se celebraría en junio de 2014 en Moscú. Sin embargo, no consta que Bescansa, Lago y Jerez llegaran a realizar ningún trabajo para PDVSA con motivo de dicho congreso.

La defensa del Pollo Carvajal también entregó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un documento fechado el 15 de noviembre de 2016 en el que presidente de la petrolera venezolana PDVSA, Eulogio del Pino, ordenaba contratar por 8.835,999 euros al despacho de abogados del exjuez inhabilitado por prevaricar Baltasar Garzón, Ilocad SL, para representar a la compañía en los distintos litigios abiertos en España.

Fragmento del documento que la defensa de Hugo Carvajal entregó en la Audiencia Nacional.

De la cantidad total, 1.980.000 euros están destinados a la "coordinación" de Garzón con "la Fiscalía y los Tribunales en España a fin de agilizar los trámites  y avances del proceso judicial, facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas". Cuando se firmó esta orden de pago, la pareja de Baltasar Garzón, Dolores Delgado, aún no era ministra de Justicia ni fiscal general del Estado.

Si finalmente es entregado a la Justicia norteamericana, tendrá que hacer frente a penas que suman más de 40 años de cárcel. Está acusado de colaborar con los terroristas de las FARC (a los que habría facilitado ametralladoras, munición, explosivos y lanzacohetes) para enviar cargamentos de cocaína a EEUU. 

Mientras Carvajal permanecía oculto en un piso de Madrid próximo a la calle Arturo Soria, el Departamento de Estado de EEUU ofreció en marzo de 2020 una recompensa de 10 millones de dólares para cualquier persona que pudiera ofrecer información sobre su paradero.