Casado este jueves.

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España

La oposición tilda de "indecente" e "inmoral" la presión del Gobierno a la Abogacía del Estado

Los líderes de PP y Ciudadanos han cargado contra el Gobierno de Sánchez y han pedido que convoque elecciones ya. 

Tras la decisión de la Abogacía del Estado de descartar delito de rebelión contra los responsables del referéndum del 1-O, la oposición ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, acusándolo de plegarse a los intereses de los independentistas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de "forzar" a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión para los líderes del 'procés' y a desmarcarse de la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales.

El líder de los 'populares' ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que señala que "es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas".

Tras esta decisión, según Casado, "Sánchez está inhabilitado para seguir al frente del Gobierno y debe convocar elecciones ya".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha sumado a las críticas y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" el poder Ejecutivo y de dar "impunidad" a los líderes del 'procés' "a cambio de apoyo".

"En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos", advierte en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter en el que señala, además, que "Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales".

"Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral", lamenta el líder de la formación naranja que cierra su tuit con el hashtag "#EleccionesYa", pidiendo una vez más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales.

A última hora de la tarde se conocía que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.