Documento con instrucciones para burlar la vigilancia sobre los mensajes.

Documento con instrucciones para burlar la vigilancia sobre los mensajes.

España Investigación

Los cerebros del 1-O hacían fotos de sus textos para burlar los robots policiales

Expertos en Comunicaciones del Govern enviaron mensajes con instrucciones manuscritas para ocultar datos a la Guardia Civil.

Daniel Montero Alejandro Requeijo

El objetivo era burlar la posible vigilancia de la Guardia Civil en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Y para ello, según ha podido acreditar EL ESPAÑOL, los especialistas en comunicaciones de la Generalitat difundieron un mensaje. Una imagen que buscaba entorpecer los trabajos policiales para localizar las urnas y desactivar la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional

"Si tenéis que enviar algún tipo de mensaje que os pueda comprometer, escribidlo en un papel y hacedle una foto", se puede leer en catalán, en la imagen trasladada a distintas instituciones de la Administración autonómica y a la que ha tenido acceso este diario. "Los robots que leen caracteres, no pueden leer fotos", explica la misma imagen, que circuló entre altos cargos investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por participar presuntamente en la consulta ilegal. 

El mensaje hace referencia al uso de sistemas informáticos capaces de identificar palabras clave en servicios de mensajería. Para evitar esta vigilancia, los altos cargos independentistas proponen escribir los mensajes en hojas de papel o cualquier otro formato y hacerles una foto. Así, por la red, en lugar de un código informático con las palabras enviadas, circula información del envío de una imagen que debe ser visionada para conocer su contenido. 

Clave en la estrategia independentista

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el mensaje partió desde miembros de cúpula del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat, el principal nodo de comunicaciones del Govern de Carles Puigdemont. Y por medio de grupos de mensajería, fue trasladado a distintas personalidades vinculadas presuntamente a la organización del 1-O dentro de la propia Administración Autonómica. 

Puigdemont, en un acto en Bruselas.

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Daniel Basteiro

No percibirá los 111.668 euros anuales durante cuatro años que fija la normativa, ni tendrá los asistentes, despacho y chófer que le corresponderían. 

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela otorga una especial relevancia al CTTI en la estrategia independentista. En su informe remitido este miércoles al Tribunal Supremo, la magistrada dice que “debe de considerarse la actuación desplegada por determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat”. A su juicio, el apoyo tecnológico prestado por este organismo fue “esencial en la actividad desarrollada de cara al proceso, especialmente en lo que afecta a la celebración de referéndum”.

Lamela sitúa el CTTI a la misma altura que los Mossos d’Esquadra o la propaganda dentro de una misma estructura dirigida por el Gobierno separatista. Desactivar las funciones del CTTI fue uno de los objetivos principales de las fuerzas de seguridad en su tarea de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-0.

El pasado 30 de septiembre, apenas unas horas antes de la consulta ilegal, expertos informáticos de la Guardia Civil accedieron al CTTI en cumplimiento del requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para bloquear y suspender los servicios informáticos susceptibles de ser utilizados en la consulta.

El Instituto Armado ya había recabado datos del CTTI en los registros del día 20 de septiembre a instancias del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Finalmente, la Guardia Civil logró bloquear el mismo 1-O el sistema informático que permitiría a la Generalitat habilitar el censo único anunciado para ese domingo.

Este miércoles El Confidencial informaba también que la Guardia Civil ha logrado acceder a través del móvil de uno de los investigados a las conversaciones que mantuvieron los técnicos que montaron los sites del referéndum mediante la aplicación móvil Signal. En concreto interceptaron el teléfono de Joan Manel Gómez Sanz, uno de los 14 altos cargos del Govern detenidos por la Guardia Civil el 20 de septiembre.