Puigdemont, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre politico-social sobre vivienda.

Puigdemont, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre politico-social sobre vivienda. Andreu Dalmau Efe

España Cataluña

Puigdemont dice que obedecerán al Parlament y construirán un "Estado libre"

La Generalitat, ERC y la CUP desafían al TC  con seguir adelante tras conocerse la suspensión cautelar de la desconexión.

1 agosto, 2016 18:02
Daniel Ramírez D.G. | AGENCIAS

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender las conclusiones del proceso constituyente catalán y ha asegurado que obedecerán al Parlament y construirán un "Estado libre".

El TC ha decidido por unanimidad suspender las conclusiones aprobadas la semana pasada por el Parlament, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia, y ha dado 20 días de plazo a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, para que le informe de su actuación antes de una posible acción contra ella.

Puigdemont ha replicado en Twitter: "Obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza".

"Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero", ha escrito.

La Generalitat, Esquerra Republicana y la CUP han comparecido casi al unísono para responder al Tribunal Constitucional. En distintas entrevistas, los portavoces de las tres fuerzas secesionistas catalanas mayoritarias han entonado el reto y mantienen su desafío al Alto Tribunal.

Raul Romeva, por parte del Govern, ha asegurado que no les detendrán "por muchas amenazas o miedo que les quieran infundir". Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, ha lanzado un "si hay que desacatar, desacataremos"; y la CUP ha asegurado que "el despliegue seguirá adelante".

Lejos de poner el escudo, los secesionistas han enarbolado la lanza y ninguna de las tres agrupaciones ha dejado entrever una posible marcha atrás en lo que a la desconexión se refiere.

El Govern: "La fobia a parlamentar es inaudita"

La CUP votando en contra de los presupuestos de la Generalitat este año

La CUP votando en contra de los presupuestos de la Generalitat este año EFE

Raul Romeva es el consejero de asuntos exteriores de la Generalitat. En la marea que nutre el Gobierno de Junts Pel Sí, se coloca la vitola de independiente. Ha concedido una entrevista a TV3 poco después de conocerse la suspensión del Tribunal Constitucional. "Es inaudito que en un Estado de Derecho haya fobia a parlamentar", ha arrancado. Después lo ha calificado incluso de "fobia".

El consejero ha asegurado que la desconexión sigue adelante y que no les detendrán por "muchas amenazas y miedo" que les quieran infundir. Tampoco descarta el recurso unilateral de independencia.

ERC: "Si hay que desacatar, desacataremos"

Joan Tardá es diputado de Esquerra Republicana en el Congreso. En declaraciones a Catalunya Radio, ha retado al Tribunal: "Si hay que desacatar, desacataremos". Horas antes, el representante de ERC en Madrid había escrito en Twitter: "La democracia es imbatible", además de tachar de "violencia judicial" la suspensión cautelar de la desconexión.

La CUP: "Seguiremos con el despliegue"

La CUP ha sido la formación más explícita: "Seguiremos adelante con el despliegue". Los anticapitalistas no acatarán ninguna decisión del TC que implique frenar la desconexión de Cataluña respecto a España.

Anna Gabriel, diputada en el Parlament, ha amenazado con "una respuesta de país ante un hecho tan grave" en caso de que el Tribunal Constitucional decidiera inhabilitar a Carme Forcadell, presidenta de la Cámara catalana.

Todas las partes implicadas disponen de veinte días hábiles para presentar alegaciones. De momento, la suspensión del TC es cautelar y fruto del artículo 16.2 de la Constitución, que establece que el Alto Tribunal desactiva la disposición ante el recurso interpuesto por el Ejecutivo durante al menos cinco meses.