El sacerdote Jesús Albeiro Parra-Solís lleva 35 años acompañando a pueblos indígenas del Pacífico.

El sacerdote Jesús Albeiro Parra-Solís lleva 35 años acompañando a pueblos indígenas del Pacífico. Manos Unidas

Referentes Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación

Parra, el famoso cura que pelea por la paz en Colombia: "Hay comunidades secuestradas en su propio territorio"

Nueve años después del acuerdo con las FARC, el conflicto persiste bajo nuevos actores y mantiene a miles de comunidades confinadas y desplazadas.

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Mariana Goya
Publicada

"Nos dijeron que la paz traería tranquilidad, pero lo que llegó fue otra forma de violencia", afirma Jesús Albeiro Parra-Solís, sacerdote y defensor de derechos humanos en el Pacífico colombiano, además de portavoz de Manos Unidas en su campaña Anual 2026, Declara la guerra al hambre.

La firma del acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, fue interpretada dentro y fuera del país como el cierre de más de cinco décadas de confrontación armada. Sin embargo, nueve años después, los indicadores oficiales muestran que la violencia persiste bajo nuevas dinámicas y actores.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, durante 2025 más de 107.000 personas fueron desplazadas por el conflicto armado y cerca de 129.000 permanecieron confinadas, es decir, limitadas en su movilidad dentro de sus propios territorios por la presencia de grupos armados o minas antipersonales.

La Unidad para las Víctimas del Gobierno colombiano reconoce que alrededor del 18% de la población ha sufrido algún hecho victimizante en el marco del conflicto, lo que equivale a millones de personas afectadas por homicidios, amenazas, desapariciones forzadas o desplazamientos.

Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) de Colombia documentó en su informe final 30.000 testimonios que evidencian la dimensión estructural y prolongada de la violencia en el país.

En este contexto desarrolla su labor Parra-Solís, quien subraya que el acuerdo de 2016 no podía, por sí solo, resolver las causas profundas del conflicto. "Se vendió la idea de que era un acuerdo que iba a solucionar todos los problemas estructurales de Colombia, históricos y sistemáticos. Pero era un diálogo con una de las guerrillas que había en el país, porque no solamente estaba la FARC", explica.

Nuevas amenazas

El sacerdote recuerda que, tras la desmovilización de esa guerrilla, algunas regiones experimentaron una reducción temporal de la violencia. "En el primer año hubo momentos de mucha tranquilidad en las comunidades donde estaba la FARC. Cuando entregaron las armas, la gente pudo volver a su vida normal sin la presencia directa de los fusiles", señala.

No obstante, ese escenario cambió con el tiempo. "Otros grupos ocuparon esos territorios: el ELN (Ejército de Liberación Nacional), disidencias de la misma FARC, las AGC o Clan del Golfo, además de bandas criminales al servicio del narcotráfico y de economías ilegales como la minería".

Albeiro Parra (enero, 2023) en la Caravana Humanitaria en Bajo Calima y San Juan con las delegaciones del ELN y el Gobierno.

Albeiro Parra (enero, 2023) en la Caravana Humanitaria en Bajo Calima y San Juan con las delegaciones del ELN y el Gobierno. Manos Unidas

Para Parra-Solís, uno de los factores determinantes fue la aplicación parcial del acuerdo, pues "no se ha implementado como se acordó. Y eso, sostiene, "llevó a que las nuevas violencias se instalaran en los territorios". A su juicio, la consolidación de una paz estable exige retomar con mayor decisión los compromisos pendientes y avanzar en diálogos con otros actores armados.

En las zonas donde trabaja —particularmente en el Pacífico y en áreas del Chocó— la vida cotidiana transcurre bajo presión constante. "Estar en medio de grupos armados ilegales no es fácil. Continúan las amenazas, los desplazamientos y los confinamientos", afirma.

El confinamiento, explica, implica que las comunidades queden prácticamente "secuestradas" en su propio territorio. "No pueden ir a sus fincas a cultivar maíz, yuca o plátano. Las mujeres no pueden recoger agua en el río y los niños no pueden ir a la escuela porque los caminos están minados o existe riesgo de reclutamiento".

En este escenario, los líderes sociales desempeñan un papel central y, al mismo tiempo, vulnerable. "Son hombres y mujeres afro, indígenas o campesinos que defienden su territorio, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Se oponen a la minería ilegal, al cultivo de uso ilícito y al reclutamiento de menores", explica Parra-Solís. Por esa labor, añade, "son amenazados, señalados y en muchos casos asesinados".

Las migraciones forzadas continúan siendo uno de los fenómenos más graves. "Desplazar a una persona en el Pacífico es desplazar a una familia, y eso implica trasladar a toda una comunidad", sostiene.

Pero las consecuencias van más allá de la pérdida material. "Es un desarraigo total. Salen con lo que tienen puesto, dejan su casa, sus animales, sus cultivos, y cuando intentan regresar muchas veces encuentran sus viviendas ocupadas o destruidas. Es empezar de cero".

En búsqueda de la paz

El acuerdo de paz incluyó compromisos como la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. Aunque, por el momento, para el sacerdote los avances son limitados. "En el punto de la reforma rural integral se ha cumplido aproximadamente un 20%", indica, pero "Colombia sigue necesitando que se devuelvan tierras a los campesinos y que la sustitución funcione realmente".

También advierte sobre la situación de los firmantes del acuerdo: "De los más de 13.000 que se desmovilizaron, unos 11.000 siguen firmes en el proceso, pero si el Estado no cumple, algunas personas pueden volver a tomar las armas".

Albeiro Parra (junio, 2023) en una socialización de avances en los diálogos de paz entre el Gobierno y ELN.

Albeiro Parra (junio, 2023) en una socialización de avances en los diálogos de paz entre el Gobierno y ELN. Manos Unidas

Al mismo tiempo, Parra-Solís rechaza que el narcotráfico sea la única explicación de la violencia. "Antes ya existía una violencia estructural", señala, y menciona factores como la desigualdad, la exclusión social y la corrupción. "Hay otras violencias que producen mucho daño, como cuando se roban el presupuesto de la salud o de la educación. Eso también mata", afirma.

Pese a las amenazas y al contexto adverso, mantiene una posición de continuidad en la defensa de los derechos humanos. "La esperanza es lo último que se pierde. No podemos cansarnos de trabajar por la paz y la justicia", concluye. Y es que, para él, la construcción de una paz duradera pasa por erradicar la confrontación armada, pero también las desigualdades que la han alimentado durante décadas.