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El cambio climático ya no es una previsión científica para las próximas décadas. Es una realidad que se manifiesta cada vez con mayor frecuencia a través de fenómenos meteorológicos extremos que afectan a ciudadanos, empresas y administraciones. Tempestades, inundaciones, sequías o incendios provocan daños materiales, interrupciones de actividad y pérdidas económicas que ponen de relieve la creciente exposición de nuestras sociedades al riesgo climático

Los datos son elocuentes. En apenas unos años, España ha encadenado fenómenos extremos que reflejan la creciente intensidad y frecuencia de los riesgos asociados al cambio climático. La borrasca Filomena y la posterior ola de frío de enero de 2021 provocaron 235 millones de euros en pagos del seguro multirriesgo.

La sequía de 2023 contribuyó a elevar la siniestralidad del seguro agrario hasta el máximo histórico de 1.241 millones; y la DANA de Valencia de 2024, la mayor catástrofe natural sufrida por el país, ocasionó pérdidas humanas irreparables y daños materiales de enorme magnitud, con un coste estimado de 5.000 millones de euros al seguro; entre los pagos afrontados por el Consorcio de Compensación de Seguros, las aseguradoras y Agroseguro.

Emisiones de CO2.

Más recientemente, los incendios forestales y los temporales registrados en 2025 y 2026 han vuelto a recordarnos que la adaptación al riesgo climático es ya una necesidad económica y social de primer orden.

Todos estos sucesos ponen de manifiesto un cambio estructural en la naturaleza del riesgo. Donde antes se registraban pérdidas puntuales y excepcionales, hoy se observan daños cada vez más frecuentes, recurrentes y acumulativos. Esta nueva realidad compromete no solo el patrimonio de las familias, sino también la continuidad de las empresas, al empleo y la actividad económica en su conjunto.

Además, afecta por igual a entornos urbanos y rurales. En el ámbito agrario, por ejemplo, más de un millón de hectáreas resultaron afectadas por fenómenos tormentosos en 2025, según Agroseguro.

Sin embargo, de los 66,3 millones de toneladas de producción agraria asegurable, únicamente 38,6 millones estaban con cobertura. Una realidad que pone de manifiesto el margen de mejora que aún existe en materia de aseguramiento y gestión preventiva de los riesgos. Ante esta realidad, la respuesta debe comenzar por la prevención.

Adaptar edificios e infraestructuras, mejorar la ordenación del territorio, gestionar adecuadamente los montes, reforzar la resiliencia de las explotaciones agrícolas o incorporar planes de continuidad en las empresas son medidas que contribuyen a reducir la exposición al riesgo y a mitigar el impacto de los fenómenos extremos. Porque en última instancia, el mejor siniestro sigue siendo el que no llega a producirse jamás.

Sin embargo, por eficaz que sea, la prevención no puede eliminar por completo el riesgo. Y es ahí donde entra en juego el segundo gran de la resiliencia: el seguro. Su función consiste en transformar pérdidas potencialmente inasumibles para familias y empresas en costes asumibles y compartidos por la colectividad.

Incendio de Molezuelas.

Cuando ocurre una catástrofe, el seguro aporta los recursos necesarios para reparar los daños, reconstruir lo perdido y recuperar la actividad económica y social en el menor tiempo posible. Gracias a la mutualización del riesgo, millones de personas y miles de empresas pueden afrontar las consecuencias de fenómenos extremos que, de otro modo, comprometerían gravemente su estabilidad financiera.

En España contamos, además, con un modelo de colaboración público-privada especialmente sólido y reconocido a nivel internacional. Las aseguradoras cubren los daños causados por lluvias, nevadas, granizadas, vientos e incendios forestales. El Consorcio de Compensación de Seguros atiende, por su parte, los llamados riesgos extraordinarios. Bajo esta categoría figuran las inundaciones y los vientos de gran intensidad.

La respuesta a la DANA de Valencia puso de manifiesto la fortaleza del modelo español de gestión de riesgos y la relevancia del seguro como herramienta de protección colectiva. Las aseguradoras colaboraron con el Consorcio de Compensación de seguros, movilizando a miles de reparadores, peritos, tramitadores y mediadores para agilizar la atención a los asegurados afectados y contribuir a restablecer cuanto antes la normalidad en los hogares y empresas.

Porque la capacidad de un territorio para recuperarse tras una catástrofe depende, en gran medida, de las medidas de protección adoptadas con anterioridad. Recuperar la normalidad con rapidez es mucho más sencillo cuando existe una cobertura aseguradora adecuada.

Ahí aparece uno de nuestros principales desafíos: la brecha de protección. En España el 80,8% de las viviendas cuenta con un seguro, una proporción elevada si se compara con otros países de Europa. Sin embargo, esta cifra implica que una de cada cinco viviendas permanece desprotegida frente a riesgos que pueden comprometer seriamente la estabilidad económica de las familias. Además, disponer de un seguro no siempre significa estar suficientemente protegido.

Imagen de archivo de un termómetro durante una ola de calor.

Las necesidades de protección evolucionan con el tiempo. Una póliza contratada hace años puede no reflejar el coste actual de reconstrucción de una vivienda, la renovación de su contenido o las reformas realizadas en el inmueble. Del mismo modo, en una empresa, pueden haber quedado desactualizados los valores de la maquinaria, las existencias o el límite de responsabilidad civil.

Tampoco puede faltar una cobertura de pérdida de beneficios que facilite la continuidad del negocio tras un daño material grave.

Este fenómeno es lo que conocemos como infraseguro: la diferencia entre el valor real de los bienes o actividades que queremos proteger y la cobertura efectivamente contratada. Reducir esta vulnerabilidad exige revisar periódicamente las pólizas, actualizar capitales y adaptar las coberturas a los cambios que experimentan hogares y empresas. En este proceso, el asesoramiento profesional resulta fundamental para identificar riesgos y evitar falsas sensaciones de seguridad.

La prevención, la sostenibilidad, la adecuada cobertura aseguradora, la educación financiera y la colaboración público-privada forman parte de una misma estrategia de adaptación. En un contexto de incertidumbre creciente, invertir en resiliencia no es solo una decisión prudente; es una necesidad económica y social. Porque la capacidad de recuperación de un país se construye mucho antes de que llegue la próxima catástrofe.

***María José Gálvez Cardona es directora de Sostenibilidad e integrante del Comité Ejecutivo de FINRESP