La crisis climática mundial vive un punto de inflexión, donde la urgencia ambiental se cruza con la lucha por la igualdad de género.
Entre el 16 y el 26 de junio de 2025, la reunión preparatoria de la COP30 en Bonn incluyó, por primera vez, un bloque específico de igualdad de género y gobernanza climática, en el que delegadas latinoamericanas consiguieron que todos los planes nacionales de adaptación incorporen indicadores de género y criterios de financiamiento equitativo para proyectos liderados por mujeres.
Paralelamente, el 3 de julio de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva instando a los Estados a coordinar acciones climáticas y proteger a las defensoras ambientales tras documentar el asesinato de 49 mujeres defensoras en 2023.
Poco antes, el 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-32/25, reconociendo la emergencia climática como una violación de derechos humanos y subrayando la obligación de proteger de manera especial a las defensoras ambientales.
En el plano de la visibilidad y el reconocimiento, el 7 de marzo de 2025 el Global Landscapes Forum publicó su sexta Her Power List, destacando a ocho mujeres latinoamericanas que lideran procesos de restauración y conservación de paisajes degradados.
Por su parte, datos recientes del World Resources Institute mostraron que en 2024 Bolivia perdió 15.000 km² de bosque, un aumento del 200% respecto al año anterior, un récord que impulsó a las comunidades a organizar brigadas de respuesta inmediata, muchas de ellas conformadas y lideradas por mujeres.
Uno de los ejemplos más inspiradores es el proyecto 'Mujeres Chiquitanas tejiendo redes para la gestión de riesgos', lanzado en julio de 2025 por la Fundación Boliviana para el Desarrollo Social (Fundesoc), la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH) y WWF-Bolivia.
Este programa suma a bomberos forestales, líderes comunitarios y cooperantes internacionales para fortalecer la prevención, respuesta y recuperación ante incendios forestales en la Chiquitanía, extensa llanura de América del Sur en Bolivia.
Al mismo tiempo, en la costa de Yucatán, el colectivo Las Chelemeras, formado por 18 mujeres mayas, ha recuperado más de 100 hectáreas de manglar rojo y negro en Chelem, Progreso y Yucalpetén (México).
Utilizando canales para la entrada de agua dulce, limpieza de cauces y viveros flotantes, han logrado que las plántulas nativas se arraiguen de forma natural, protegiendo la línea costera de huracanes y creando fuentes de empleo local.
En el altiplano andino, Rosa Jalja, líder de aymara (grupo indígena originario de los Andes sudamericanos), coordina desde 2016 la Red de Mujeres Unidas en Defensa del Agua en siete municipios de Bolivia (Copacabana, Huatajata, Desaguadero, entre otros).
Su grupo capacita sobre el cambio climático, realiza mediciones de metales pesados y emplea drones para monitorear la calidad del Titicaca, además de convocar jornadas de limpieza que involucran a voluntarias de comunidades bolivianas y peruanas.
Más al norte, la Fundación Tierra Grata de Jennifer Colpas ha transformado el acceso a servicios básicos en la región del Caribe de Colombia.
Desde su creación en abril de 2016, ha beneficiado a más de 24.000 personas con sistemas de energía solar, agua potable y saneamiento; ha llevado, por primera vez, energía solar a 4.000 hogares; entregado más de 3.500 soluciones de tecnología social (filtros de agua, baños secos, postes solares) y conectado 15 escuelas rurales a internet, beneficiando a 3.000 niños y niñas.
La paradoja es evidente: estas líderes, pese a ser las principales gestoras de recursos y guardianas de la biodiversidad en Latinoamérica, reciben menos del 1% de la financiación internacional para proyectos de adaptación y conservación, frente a administraciones que disponen de presupuestos millonarios en tecnología de alto costo.
Sin su voz y su saber ancestral (gestoras del agua, adaptadoras de semillas y guardianas de ecosistemas), se corre el riesgo de seguir marginando a las comunidades que menos consumen recursos y más dependen de estos territorios para su supervivencia.
Invertir en su formación, en infraestructuras comunitarias y en esquemas de financiación con perspectiva de género no solo corrige desigualdades históricas, sino que multiplica la eficacia y sostenibilidad de cada dólar destinado, pues su acción combina ciencia tradicional y prácticas de bajo costo para regenerar bosques, proteger cuencas y llevar soluciones energéticas limpias a las zonas más vulnerables.
*** Irene Teruel López es socia WLW sección Young.