Un terremoto se mide por el tiempo durante el que tiembla el suelo, pero su alcance no cabe en esos segundos o minutos. Permanece en una vivienda a la que ya no es seguro volver, en una escuela cerrada, en una carretera que impide llegar a una comunidad rural o en una familia que ha perdido, junto a su casa, su forma de ganarse la vida.
La dimensión de una emergencia no puede calcularse únicamente por la magnitud del seísmo o el balance de daños de los primeros días, también debe medirse por el tiempo que necesitará una comunidad para recuperar unas condiciones de vida dignas.
Los terremotos que han golpeado recientemente Venezuela y Colombia nos muestran esto. No son emergencias iguales ni se encuentran en la misma fase, pero ambas explican hasta qué punto las necesidades cambian cuando pasan las primeras semanas: dónde alojar a quienes siguen sin poder volver a casa, cómo garantizar agua e higiene en los albergues, de qué manera mantener la atención sanitaria o cómo llegar a las zonas en las que los desprendimientos y los cortes de carretera dificultan la evaluación de daños.
En Colombia, por ejemplo, las dificultades para llegar a determinados puntos de Valle del Cauca condicionan tanto el diagnóstico como la distribución de la ayuda. Una carretera cortada o un desprendimiento pueden aislar durante días a poblaciones pequeñas que apenas aparecen en la cobertura informativa, normalmente concentrada en las ciudades y en los daños más visibles.
En estos contextos, la información aportada por las propias comunidades y la coordinación con autoridades, organizaciones y actores locales resultan esenciales para identificar los lugares con menor cobertura y evitar que la asistencia se concentre solo allí donde es más sencillo llegar.
En Venezuela, tras la distribución inicial de alimentos, productos de higiene, abrigo y enseres básicos, el seguimiento está revelando necesidades que no pueden resolverse mediante entregas puntuales.
OCHA estima que alrededor de 1,3 millones de personas necesitarán algún tipo de asistencia durante los seis meses posteriores a los terremotos. El acceso al agua resulta especialmente preocupante, porque ya era frágil antes del desastre y los daños han agravado esa situación.
También será necesario recuperar medios de vida, restablecer servicios y ofrecer protección y apoyo psicosocial a quienes continúan afrontando las consecuencias de lo ocurrido.
La capacidad de recuperación tampoco es la misma para todas las personas. Una vivienda precaria, la distancia a un centro de salud, la falta de ahorros o la dependencia de un pequeño negocio o una cosecha pueden convertir un daño temporal en una pérdida difícil de revertir.
La edad, una discapacidad, el embarazo o la situación migratoria también condicionan la posibilidad de acceder a los recursos disponibles. Cuando una catástrofe golpea comunidades que ya convivían con carencias importantes, existe el riesgo de que profundice esas desigualdades durante años.
Estos terremotos coinciden, además, con un momento especialmente difícil para la acción humanitaria. Más de 252 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en el mundo y, a mitad de año, los planes coordinados por Naciones Unidas apenas habían recibido una cuarta parte de la financiación requerida.
En este contexto, el descenso de la atención pública pocas semanas después de una catástrofe suele ir acompañado de una caída de las aportaciones, justamente cuando empieza la etapa más larga y costosa.
Mantener la respuesta implica enlazar la atención inmediata con la recuperación para que las familias puedan volver a decidir sobre su vida. Desde Ayuda en Acción lo estamos comprobando.
En Colombia apoyamos la atención en albergues de Cali y evaluamos, junto con actores locales y socios humanitarios, cómo ampliar la respuesta hacia hogares y zonas con menor cobertura.
En Venezuela, después de atender a cerca de 3.000 personas en la primera fase de asistencia humanitaria, seguimos acompañando a las familias y trabajando en intervenciones centradas en agua, saneamiento, protección y medios de vida.
Cuando los derrumbes dejan de ocupar espacio en los informativos, todavía queda buena parte del trabajo por hacer. Reparar sistemas de agua, reabrir escuelas con seguridad, recuperar ingresos, fortalecer los servicios locales y preparar a las comunidades ante nuevos riesgos exige continuidad.
Es en ese periodo, mucho menos visible que los primeros días, cuando se decide si una familia puede recuperar su autonomía o si las consecuencias del terremoto seguirán condicionando su vida durante años.
*** Jorge Cattaneo es director general de Ayuda en Acción.