El hambre se intensifica a nivel mundial a medida que proliferan las crisis provocadas por el hombre. Si bien la alimentación, la protección y la asistencia humanitaria son derechos humanos universales, el número de personas que no pueden obtener suficientes alimentos nutritivos sigue aumentando.
En 2024, en 26 crisis nutricionales, casi 38 millones de niños y niñas menores de cinco años sufrieron desnutrición aguda y más de 295 millones de personas en 53 países experimentaron inseguridad alimentaria aguda. Esto continúa una preocupante tendencia de aumentos anuales constantes desde 2016.
El Sistema Integrado de Clasificación de la Inseguridad Alimentaria en Fases (IPC), el principal análisis multisectorial que guía la toma de decisiones humanitarias en torno a la asistencia alimentaria, indica que la inseguridad alimentaria aguda surge cuando se alteran las dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos.
Como resultado, niños, niñas y familias se enfrentan a una grave escasez de alimentos, altas tasas de desnutrición y el uso generalizado de estrategias de supervivencia irreversibles, como el matrimonio infantil y la venta de activos generadores de ingresos.
A medida que los conflictos, la inestabilidad económica y los riesgos climáticos devastan los sistemas alimentarios y los medios de vida, la necesidad de asistencia alimentaria humanitaria e inversión sostenible en sistemas alimentarios aumenta drásticamente.
Al mismo tiempo, los recortes de la financiación mundial en el sector humanitario están diezmando las redes de seguridad de las que dependen muchos hogares en crisis.
En mayo, la financiación para el sector de la seguridad alimentaria ascendía a 1.900 millones de dólares para 2025, en comparación con los 12.400 millones de dólares necesarios para satisfacer las necesidades mundiales de seguridad alimentaria humanitaria.
Las crisis alimentarias que asolan las comunidades hoy en día no son fenómenos naturales, sino que apuntan a un fracaso colectivo de la comunidad internacional. La negligencia climática global y los fracasos diplomáticos siguen poniendo en riesgo a las personas en contextos frágiles.
La crisis alimentaria afecta a los niños y niñas de Chad. World Vision
Los marcos jurídicos internacionales diseñados para proteger a los civiles en conflicto, preservar el derecho a la alimentación y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria se violan cada vez con más impunidad.
Al mismo tiempo, los recortes a la ayuda internacional están creando deficiencias en los servicios de emergencia diseñados para apoyar a las comunidades vulnerables cuando otros sistemas colapsan.
Cada año, World Vision publica un informe sobre el impacto de las deficiencias en la asistencia alimentaria en niños, niñas y familias vulnerables que se encuentran en primera línea en los conflictos armados, la crisis climática y otras emergencias humanitarias.
Este año, el estudio se centró en 13 países y presenta las voces de las personas desplazadas y las comunidades que las acogen mientras lidian con las consecuencias cada vez más graves del hambre.
Como destacan los hallazgos, las consecuencias del aumento de la inseguridad alimentaria son devastadoras, de amplio alcance y se ven agravadas por los profundos recortes a la asistencia disponible.
Toda persona tiene derecho a la alimentación y a la asistencia humanitaria
El derecho a la alimentación está respaldado por numerosos marcos jurídicos adoptados por Estados de todo el mundo.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 consagró el derecho fundamental de todo ser humano a estar protegido contra el hambre, y la Convención sobre los Derechos del Niño también establece que todos los niños, niñas y adolescentes, en todo el mundo, tienen derecho a una alimentación nutritiva adecuada.
En 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2417, que condena inequívocamente el uso de la hambruna como arma de guerra. En una declaración contundente, la resolución insta a las partes en conflicto armado a "proteger a los civiles y velar constantemente por preservar los bienes de carácter civil, incluidos los necesarios para la producción y distribución de alimentos".
Los recortes de la ayuda humanitaria ponen en peligro el derecho a la alimentación. World Vision
A pesar de la negligencia evidente hoy en día, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) también reconoce el derecho de la población civil de un Estado afectado por un conflicto armado a recibir asistencia humanitaria y exige a las partes en conflicto que garanticen el acceso sin trabas a dicha ayuda.
Proteger a los civiles, prestar asistencia humanitaria y promover la seguridad alimentaria no son, por lo tanto, gestos altruistas extraordinarios. Son obligaciones jurídicas establecidas, fundamentales para el cumplimiento de los derechos de las personas en crisis.
El conflicto armado es la principal causa de las crisis alimentarias
El conflicto armado y la inseguridad siguen siendo las principales causas de la inseguridad alimentaria.
En 2024, 139,8 millones de personas en zonas de conflicto se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. A pesar de las protecciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario y la Resolución 2417, la hambruna se confirmó en Sudán en 2024 y sigue siendo inminente en otros lugares afectados por conflictos, como Gaza, Haití, Malí y Sudán del Sur.
Los conflictos armados causan estragos en los sistemas alimentarios, la infraestructura civil y el medio ambiente, destruyendo cosechas, bienes y reservas de alimentos, interrumpiendo las cadenas de suministro y dañando carreteras, viviendas y edificios comunitarios.
Como resultado, muchos niños, niñas y familias se quedan sin hogar, huyendo, conmocionados por la pérdida, temiendo por su seguridad y sin recursos.
Las comunidades de acogida suelen enfrentarse a retos similares. Contrariamente a la percepción común, más del 71 % de las personas refugiadas internacionales son acogidas por países de ingresos bajos y medios.
Los niños y niñas de Chad ven mermado su derecho a la alimentación. World Vision
Las personas desplazadas suelen encontrar refugio en comunidades que también se enfrentan a la pobreza, el cambio climático y la inestabilidad política, ya sea en países vecinos o en otras regiones de sus países de origen, y la incorporación de hogares desplazados, que agota los recursos ya de por sí limitados.
Los recortes de raciones socavan el bienestar integral de las personas y refuerzan los ciclos de dependencia
La asistencia alimentaria está diseñada para apoyar a los miembros más vulnerables de una comunidad, quienes pueden no tener otras opciones para obtener alimentos debido a las restricciones de movimiento, la destrucción de los suministros de alimentos en una zona o las barreras al empleo para las personas refugiadas.
La infancia y las familias que viven en campamentos de refugiados o desplazados internos, o que se refugian en zonas de guerra, a menudo dependen de la asistencia alimentaria y económica para sobrevivir ante la falta de otras opciones. Por lo tanto, los recortes de raciones son devastadores.
El estudio de World Vision reveló que el 45 % de las familias encuestadas sufrieron recortes en la asistencia alimentaria antes de enero de 2025, y los hogares que se enfrentaron a estos recortes tenían 5,4 veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria que los hogares sin reducciones en la asistencia.
Al mismo tiempo, los participantes del estudio enfatizaron que las personas desplazadas y las comunidades de acogida desean ser autosuficientes.
Sin embargo, los recortes en las raciones exacerban la dependencia. El apoyo que ya apenas alcanzaba para garantizar la supervivencia ahora está lejos del nivel mínimo requerido.
Como resultado, muchas familias se ven obligadas a tomar decisiones a corto plazo que podrían comprometer el bienestar a largo plazo de sus hijos para mantenerlos con vida.
¿Qué podemos hacer para hacer realidad el derecho a la alimentación ante estos desafíos?
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Invertir en la seguridad alimentaria como base del bienestar integral de la infancia y las familias.
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Garantizar que la acción humanitaria y la promoción se basen en los derechos y se fundamenten en los marcos jurídicos vigentes y las obligaciones vinculantes.
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Escuchar a las personas afectadas por las crisis alimentarias e invertir en el desarrollo de la resiliencia y la autosuficiencia, en lugar de limitarse a brindar apoyo para sobrevivir.
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Fortalecer los mecanismos de afrontamiento positivos: averiguar qué están haciendo las familias para promover su bienestar en tiempos de escasez y apoyarlas para que lo hagan de forma más eficaz.
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Apoyarse en las intervenciones que sabemos que funcionan: Implementar enfoques basados en la evidencia, como programas de transferencias monetarias y cupones, comidas escolares, inclusión financiera, actividades de desarrollo de habilidades y apoyo a la salud mental, e ir más allá de la asistencia de emergencia hacia inversiones a largo plazo destinadas a la resiliencia y la autosuficiencia.
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Abogar por la paz, la protección de la población civil y la rendición de cuentas por las violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
La comunidad internacional debe renovar su compromiso para poner fin a la crisis del hambre
Cuando los actores internacionales incumplen sus obligaciones de protección y ayuda humanitaria, las personas que se encuentran en primera línea de las crisis, lejos de las negociaciones diplomáticas y los espacios de toma de decisiones, sufren.
Los niños y las niñas, especialmente vulnerables a la desnutrición y otras consecuencias negativas de la escasez de alimentos, se enfrentan a los riesgos más graves.
Como destaca el informe de World Vision, tener suficiente para comer es fundamental para prosperar en otras áreas, como la educación, la seguridad económica, la protección infantil y la salud mental.
La supervivencia no debe ser el objetivo principal de la asistencia alimentaria humanitaria, sino un primer paso en el camino hacia la resiliencia, la autosuficiencia y la erradicación sostenible del hambre.
La comunidad internacional debe renovar su compromiso de poner fin a la crisis alimentaria. Debemos actuar con urgencia y audacia para resolver las causas subyacentes del hambre, proteger a la población civil en zonas de conflicto, fortalecer la resiliencia del sistema alimentario y hacer realidad el derecho a la alimentación.
Esto no es una opción. Es nuestro deber.
*** Amanda Rives es directora Sénior de Participación Externa y Desarrollo de Recursos, Gestión de Desastres, World Vision.