El Observatorio de Transición Justa presenta su cuarto informe estatal sobre la percepción social de la transición ecológica en España. Cedida
El 56% de los españoles ve la transición ecológica como una fuente de empleo, pero crece la exigencia social
El Observatorio de Transición Justa constata que la población reclama políticas más centradas en el bienestar, la vivienda y el coste de vida.
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La transición ecológica mantiene un amplio respaldo social en España, aunque la ciudadanía exige cada vez más que sus efectos se traduzcan en mejoras concretas en empleo, bienestar y calidad de vida.
Esa ha sido una de las principales conclusiones del cuarto informe estatal del Observatorio de Transición Justa, presentado este miércoles 27 de mayo por Fundación Moeve y Red2Red, y que retrata una percepción social marcada por la conciencia climática, pero también por la preocupación económica y la demanda de políticas más cercanas a la vida cotidiana.
El estudio, elaborado a partir de una encuesta a 3.284 personas residentes en España entre enero y febrero de 2026, muestra que el 77,9% de la población cree "con total seguridad" que el cambio climático está ocurriendo, aunque esa convicción absoluta se ha reducido ligeramente desde 2023.
Al mismo tiempo, el 56,1% considera que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad de actuación, siete puntos menos que hace un año.
La presentación del informe, celebrada esta mañana, estuvo marcada por una idea repetida tanto en la exposición de los datos como en las intervenciones de las responsables del estudio.
Y es que la transición ecológica se juzga por sus objetivos ambientales, pero también por su capacidad para responder a problemas inmediatos como el coste de la vida, el acceso a la vivienda o la estabilidad laboral.
"La ciudadanía es cada vez más exigente con la forma en que este proceso se desarrolla", señaló Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red y coordinadora del informe.
Según apuntó, el reto pasa ahora por "conectar la transición con beneficios concretos en salud, empleo, vivienda, movilidad y bienestar cotidiano".
El 77,9% de la población cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo, en un contexto de mayor exigencia sobre cómo debe desarrollarse la transición. Cedida
Precisamente, el empleo emerge este año como el principal beneficio asociado a la transición ecológica. El 56% de la población cree que este proceso generará nuevos puestos de trabajo, un aumento de 16 puntos respecto a 2024.
Además, el 51% considera que puede servir para unir a la sociedad en torno a un propósito común.
La dimensión social del cambio climático también gana peso en otros ámbitos. El 70,8% de las personas encuestadas considera que los fenómenos climáticos extremos pueden afectar a su salud en el corto plazo, mientras que más de la mitad teme impactos sobre su integridad física o su movilidad.
En paralelo, el informe detecta una percepción cada vez más tangible de los efectos del calentamiento global.
Las temperaturas extremas y el aumento de fenómenos meteorológicos severos aparecen como los impactos más reconocidos por la población, desplazando parcialmente a la sequía como principal preocupación ambiental.
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El respaldo a las energías renovables sigue siendo mayoritario, especialmente hacia la solar, con un 84% de apoyo, y la eólica, con un 78%. También el hidrógeno verde mantiene una valoración positiva, respaldado por el 69% de la ciudadanía.
Sin embargo, el informe advierte de una creciente distancia entre el apoyo general a estas tecnologías y la aceptación de instalaciones concretas en el entorno cercano.
La llamada "licencia social" aparece así como uno de los nuevos desafíos de la transición ecológica. Los autores del estudio subrayan que la ciudadanía reclama más información, participación y beneficios visibles para los territorios afectados por el despliegue de infraestructuras energéticas.
Otro de los aspectos destacados del informe es el apoyo a las políticas basadas en incentivos. Los planes de rehabilitación energética de viviendas son la medida mejor valorada, con un 75,2% de respaldo, seguidos por la prohibición de plásticos de un solo uso y las campañas de sensibilización sobre consumo sostenible.
En cambio, las medidas percibidas como restrictivas o con costes directos para los hogares, como los impuestos ambientales, generan menos consenso.
La creación de empleo se consolida como el principal beneficio percibido de la transición ecológica, señalado por el 56% de la ciudadanía. Cedida
Durante la presentación, Teresa Mañueco, directora general de Fundación Moeve, defendió la importancia de escuchar la evolución de estas percepciones sociales.
"Los resultados nos ayudan a identificar barreras, oportunidades y aprendizajes clave para avanzar hacia una transición ecológica justa, inclusiva y conectada con las preocupaciones reales de las personas y los territorios", afirmó.
El informe concluye que, pese al desgaste detectado en algunos indicadores, la transición ecológica continúa percibiéndose mayoritariamente como una oportunidad, especialmente a largo plazo. El 62,9% de la población mantiene esa visión positiva de futuro, aunque el optimismo inmediato se reduce frente a años anteriores.
