Cinco meses después desde se anunciase el último acuerdo y tras un estancado período de negociaciones previas, el Pacto Europeo de Migración y Asilo ha llegado a la recta final. Este 10 de abril, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a un paquete con el que el bloque pretende establecer un sistema común para gestionar con mayor celeridad y eficiencia la llegada de migrantes y solicitantes de asilo, así como fortalecer las fronteras exteriores. 

La nueva política migratoria de la Unión Europea (UE), que ha suscitado debates divisivos en el bloque desde 2015, ha logrado el respaldo de una mayoría poco holgada que refleja los desacuerdos de los legisladores. Así lo esperaba la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y así ha ocurrido. La votación ha constituido el penúltimo paso antes de que los Veintisiete voten su aprobación el 29 de abril, a menos de dos meses de las elecciones europeas.

Las claves del pacto

El pacto migratorio, del que comenzó a hablarse ya en 2015 —tras el aumento del flujo de solicitantes de asilo procedentes de Siria— se materializa en nueve puntos que trazarán una ruta nueva, pero más estricta, sobre el acceso irregular al bloque: hacen referencia, resumidamente, al procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión de los solicitantes de asilo.

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Alrededor de esto último orbita uno de los puntos más controvertidos del pacto, aquel al que la UE se refiere como una vía de 'solidaridad obligatoria' aunque múltiples defensores de los derechos humanos la consideran 'a la carta'. El reglamento establece un mecanismo de redistribución de al menos 30.000 migrantes al año entre los Estados, con una penalización de 20.000 euros por persona para aquellos que rechacen acoger migrantes o la opción de brindar otro tipo de ayuda a los afectados.

Igualmente, la reforma migratoria dará pie a la creación de un nuevo procedimiento fronterizo cuyo objetivo es evaluar rápidamente, y desde centros de recepción que se instalarán en las fronteras exteriores de la UE, si las solicitudes son admitidas o, por el contrario, se rechazan con las consecuentes decisiones de retorno en un plazo no superior a seis meses. Las solicitudes de asilo con "pocas posibilidades de ser aceptadas" deben examinarse rápidamente. 

El pacto también contempla el objetivo de reforzar, a través del Eurodac, una base de datos común que identifique a los migrantes a su llegada —obligando, como ya explicó EL ESPAÑOL, a fichar a todos los mayores de seis años con fotografías y huellas dactilares—. En este repositorio, las autoridades podrán registrar si alguien representa una amenaza a la seguridad, es violento o va ilegalmente armado.

¿Qué ocurrirá en Canarias?

La previsible llegada de la nueva normativa se produce un año después de que la UE registrase el nivel más alto de llegadas irregulares desde 2016, con alrededor de 380.000 no europeos entrando en el territorio. En 2024, España se situó en el foco mediático después de que el colapso de las salas de asilo del Aeropuerto de Barajas a finales de enero sirviera como retrato de la compleja pero cada vez más elegida migración por vía aérea.

En cualquier caso, donde el pacto repercutirá de manera más directa es en Canarias, que este año está siendo la principal puerta de entrada de la migración irregular al bloque. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos Caminando Fronteras situó la ruta migratoria canaria como la más utilizada a la vez que mortífera del mundo en 2023, con más de 6.007 personas fallecidas intentando alcanzar las islas a bordo de cayucos desde las costas del continente africano. En total, en ese año perdieron la vida 6.618 personas intentando llegar a nuestro país.

El mismo informe criticó "la priorización del control de fronteras por encima del deber de socorro", la "no activación de los medios de búsqueda y rescate con la urgencia necesaria", el incremento de "las búsquedas pasivas", la "externalización de fronteras con terceros países" o la propia "reducción de medios destinados a la protección de la vida". Estas son, precisamente, las preocupaciones que más repiten las oenegés ante la aprobación del pacto.

¿Cómo repercutirá este a la migración en España? "Lo que puede pasar con esta regulación es que se pueda delegar precisamente en Estados como Marruecos, que ya ha hecho bastante chantaje con políticas migratorias, y no se aborde la situación de los centros de detención, que para nosotros es muy dura", ha expresado Ana Miranda, eurodiputada del BNG y miembro del grupo parlamentario Alianza Libre Europea-Los Verdes en declaraciones a ENCLAVE ODS.

Por esto mismo, como país miembro fronterizo, "España se va a ver afectada, precisamente, por este desequilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad", analiza Elena Muñoz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el futuro, "tendrá que implementar los nuevos procedimientos con todas las implicaciones que supone", afirma. 

Y continúa, asegurando que "van a aumentar sus responsabilidades, y también las del resto de Estados europeos. Si España está en una situación en la que no puede dar abasto a estas responsabilidades, la forma de solidaridad será 'a la carta'. Y esta no tiene por qué darse en forma de reubicación, que es lo que desde las entidades sociales pedíamos". 

Sus palabras, paradójicamente, contrastan con las de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que celebró el avance alcanzado esta semana como un hito histórico: "Hemos creado un marco legislativo sólido sobre cómo abordar la migración y el asilo en la UE. Su elaboración ha llevado más de 10 años, pero cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo".

Metsola presidiendo la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que se ha aprobado el paquete de migración y asilo. Alexis Haulot Parlamento Europeo vía Europa Press

Por su parte, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha congratulado por la aprobación de la base de datos prevista por la UE, pues permitirá, según sus palabras, "poner fin al fraude de aquellos que acuden a varios países pidiendo protección internacional o permisos de residencia por arraigo buscando engañar a las autoridades nacionales y obtener papeles". 

"La mayoría de los europeos sabe que hemos de girar el rumbo para proteger nuestra seguridad, nuestro empleo y el futuro de las naciones europeas", expresó Buxadé, impulsor del informe que lleva su nombre. Sin embargo, su sentimiento no coincide con el de Los Verdes, que reivindican: "La verdadera solidaridad consiste en compartir la responsabilidad de manera justa tanto dentro de la UE como con los socios internacionales". 

Otros grupos que también se han pronunciado sobre el pacto son el Partido Popular Europeo, que, a través del eurodiputado Tomás Tobé afirmó que "cumplir el nuevo Pacto de Migración nos permitirá recuperar el control de nuestras fronteras exteriores y reducir la presión migratoria sobre la UE"; y el Grupo de Socialistas y Demócratas: "Gracias a la unidad del Grupo S&D, por fin hemos puesto en marcha una solución europea real. Esto nos aleja de las respuestas ad hoc a las crisis y nos acerca a un procedimiento permanente y sostenible en el que los gobiernos pueden confiar". 

Un pacto divisivo

A pesar de los esfuerzos por presentar el Pacto como una solución solidaria y coordinada, una parte de los legisladores y la sociedad civil no está completamente satisfecha con este. Reflejo de la oposición fue la intervención, en la votación del pasado miércoles, de un grupo de asistentes al grito de "This pact kills, vote no" (que se traduce al español como 'Este pacto mata, vota no') para interrumpir la sesión de votación. 

Activistas a favor de los derechos humanos protestan frente al Parlamento Europeo, a 4 de abril de 2024. Johanna Geron Reuters

Más de un centenar de oenegés, como Amnistía Internacional (AI) u Oxfam, han advertido de la aprobación de algunas de estas medidas: "Está más claro que nunca que el pacto hará retroceder la legislación europea sobre asilo para las próximas décadas, aumentará el abuso de los derechos humanos para muchas personas en cada paso de este camino", denunció días atrás Eve Geddie, directora de AI en temas europeos.

Además, el paquete de medidas afronta su recta final mientras países como Hungría o Polonia rechazan el plan de reubicación de la nueva legislación, que ya ha acogido al mayor número de refugiados ucranianos desde la invasión rusa del país hace dos años. "Encontraremos la manera de que, incluso si el pacto migratorio entra en vigor más o menos sin cambios, protejamos a Polonia contra el mecanismo de reubicación", declaró a los medios Donald Tusk, primer ministro del país.

Una vez que se adopte el Pacto, el desafío principal será su implementación en los próximos dos años, tiempo en que se deberá garantizar el respeto de los derechos humanos, especialmente de los niños, y establecer medidas efectivas para la acogida y repatriación de personas en las fronteras de la UE. Además, su éxito dependerá en gran medida de la colaboración entre los Veintisiete, el apoyo de terceros y la asignación de recursos financieros en el próximo presupuesto de la UE.