“Si el sistema hubiese funcionado y se hubiese hecho rendir cuentas a Rusia por sus crímenes documentados en Chechenia y Siria, podrían haberse salvado miles de vidas, entonces y ahora, en Ucrania y en otros lugares", señala Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), durante la presentación de la nueva edición del informe La situación de los derechos humanos en el mundo, que documenta las violaciones de derechos humanos cometidas en 2022 alrededor del mundo. 

La máxima responsable de la oenegé también destaca que si bien la respuesta en el caso de Ucrania ha llegado –y además lo ha hecho de manera contundente a través de sanciones económicas a Rusia y la apertura de investigaciones de posibles crímenes de guerra–, no ha sucedido lo mismo en otros escenarios de conflicto, como Etiopía o Myanmar. 

Desde Amnistía Internacional se critica duramente a los Estados occidentales, que aplican un "doble rasero": elaboran una respuesta contundente a la agresión rusa contra Ucrania, al tiempo que ignoran las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en sus países aliados. Así, ha regido "el silencio clamoroso respecto al historial de derechos humanos de Arabia Saudí, la pasividad a propósito de Egipto y la negativa a hacerle frente al sistema de apartheid israelí contra la población palestina". 

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Callamard exhorta a aquellos países que todavía no han "tomado cartas en el asunto" a alzar la voz y posicionarse en contra de los abusos de los derechos humanos dondequiera que se cometan. "Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos", explica. 

Asimismo, el documento también pone de relieve las deficiencias actuales en materia de derechos de los manifestantes, el deterioro de la situación de las mujeres en muchos países y realiza un llamamiento para reformar las instituciones internacionales disfuncionales. 

El derecho a la protesta, en riesgo

Desde AI denuncian que la tecnología ha emergido como herramienta principal "para silenciar, impedir reuniones públicas o desinformar", sirviendo así a los gobiernos para perseguir a la disidencia. "El derecho a la protesta está en riesgo. Más de la mitad de los países que se documentan han restringido el derecho a la protesta o han hecho uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos", destaca Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.  

El año pasado, en Rusia se denunció judicialmente a disidentes y se cerraron medios de comunicación por mencionar la guerra de Ucrania. Los periodistas también fueron silenciados en otros países en conflicto como Afganistán, Bielorrusia, Etiopía y Myanmar. 

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Incluso en países donde reinaba la paz, como Australia, India, Indonesia y Reino Unido, la libertad de expresión se ha atenuado. En estos países las autoridades aprobaron legislación que imponía restricciones a las manifestaciones, mientras que en Sri Lanka se emplearon los poderes del estado de excepción para reprimir las protestas masivas contra una crisis económica rampante.

Y en Europa Occidental, varios países han impuesto medidas arbitrarias o desproporcionadas a las protestas pacíficas. Cada vez más, las autoridades recurren a otras medidas, como "la detención preventiva (Suecia), el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes (Serbia), multas severas (Eslovenia), detenciones arbitrarias (Grecia) y despidos improcedentes de participantes en protestas (Hungría)", relata el informe.

Ansias por "controlar el cuerpo de las mujeres"

Según el informe, la represión de la disidencia y los planteamientos incoherentes en materia de derechos humanos también tuvieron claras consecuencias en los derechos de las mujeres. “El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial”, afirma Callamard.

En Afganistán e Irán el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres es patente. El régimen talibán dictó normas que coartaban la autonomía personal, la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos de las mujeres y las niñas. Mientras que en la República Islámica de Irán, Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos han documentado casos de detenciones extrajudiciales y torturas. 

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Por otro lado, en varios estados de Estados Unidos se aprobó legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto. Y en Polonia se enjuició a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas. 

Ante este panorama sombrío en materia de derechos humanos en el mundo, la secretaria de Amnistía Internacional extrae una lectura positiva: “Hemos presenciado actos icónicos de resistencia, como los de las mujeres afganas que salieron a la calle a protestar contra el régimen talibán y los de las iraníes que caminaron en público sin velo o se cortaron el pelo como protesta por las leyes del país sobre la obligatoriedad de llevarlo", señala.

Esto demuestra, como relata Callamard, que "jamás vamos a permanecer impasibles ante sus ataques a nuestra dignidad, igualdad y libertad”.