En el caso de Montán, bastó un rayo para abrasar dos terceras partes del pueblo. En 2015, el fuego volvió a cercar este pueblo. Se llevó por delante unas 600 hectáreas más; algunas coincidían con las arrasadas en los años 90. Ahora, la localidad vuelve a verse fuera de sus casas, con el disgusto de ver su monte bañado en llamas y el temor de no saber qué pasará con sus viviendas mientras el fuego amenaza con avanzar. 

El lunes, el fuego traspasó la carretera que unía Montán y Montanejos y llegó a las puertas del pueblo. Una localidad donde el Ayuntamiento de Montán llevaba un año pergeñando un plan que iba a sentar las bases para comenzar a gestionar el monte y que no hubiera tanto combustible –o vegetación descuidada– disponible para arder. La nevada que cayó en 2017 en pueblos como este dejó una superficie forestal de aspecto abandonado, repleta de pinos cortados y podridos. 

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“Todo aquello es un polvorín ahora, porque se quedó todo como estaba”, lamenta Sergio Fornas, alcalde de la localidad castellonense. “Es imposible apagarlo por la cantidad de maleza y por lo que hay en los montes. Veremos cómo acaba esto”, cuenta preocupado. 

De momento, el núcleo de la localidad ha conseguido ponerse a salvo de las llamas gracias a un cinturón de seguridad: una franja de tierra sin arbolado a modo de cortafuegos que rodea el pueblo y que ahora crean los equipos de extinción contra reloj para evitar que el incendio siga sumando hectáreas quemadas a las más de 4.300 que lleva arrasadas. “Se está haciendo el trabajo que se debería haber hecho hace años”, comenta Juan Manuel Batiste, ingeniero forestal con más de 30 años de experiencia en incendios en Castellón.

El experto es quien, además, había participado en un proyecto piloto realizado en Montán hace un año para estudiar qué mecanismos necesitan los ayuntamientos y llevar actuaciones de mejora en el monte. “Vimos que había un minifundismo –o sistema de terrenos de poca extensión en manos privadas– exagerado”.

Durante años, en el interior de la Comunidad Valenciana, se ha desarrollado este sistema por la costumbre secular de partir las propiedades entre herederos. Una cuestión que ha podido derivar en una estructura de la propiedad donde es inviable poder llevar a cabo una gestión forestal. Sobre todo, en localidades como Montán, donde, como explica Beniste, “el éxodo rural en la década de los 60 ha provocado que la mayor parte de los propietarios de estas fincas están deslocalizados, viven fuera” y la media de estas parcelas son dos hectáreas.

“Nadie a nivel individual va a gestionar esa superficie”, cuenta Batiste. Por esta razón, y tras aquel estudio previo, el Ayuntamiento decidió abanderar una estrategia innovadora para atajar el problema del abandono del monte: el desarrollo de un plan de ordenación forestal de forma conjunta, que incluye también el cuidado de estas fincas privadas.

Lo que se estaba haciendo hasta que se desató el incendio era un inventario de existencias para conocer qué había en el monte: cuántos árboles, cuánta madera se podría obtener o qué recursos pastorales se podrían utilizar, entre otras cosas. Una vez recopilada esa información, se procedería a establecer una serie de actuaciones para la mejora general de la superficie forestal: ya sea con infraestructuras viarias –que actúan de cortafuegos– o de tratamiento de la vegetación.

“Madera se va a sacar poca, pero sí vamos a reducir la cantidad de combustible vegetal que tiene el monte y eso es fundamental”, cuenta Batiste. Por su parte, el alcalde de la localidad cuenta que existía la idea de “montar una fábrica de pellets y gestionar el monte; que sea productivo”.

Ahora, con una lengua del incendio quemando parte del monte que no se había quemado en las anteriores ocasiones, el plan puede sufrir modificaciones. Como cuenta el ingeniero forestal, también decano territorial del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF), “en algunas zonas quemadas se plantearán acciones de restauración y donde no, la gestión activa de estos bosques”.

Trabajos de extinción en el incendio de Castellón. Manuel Bruque Efe

“La gestión no es viable”

Los planes de prevención y de gestión forestal brillan por su ausencia. Incluso en las localidades que se consideran Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendios. Hoy en día, y según los datos recopilados de las distintas comunidades autónomas, al menos unas 3.768 localidades de los 8.131 municipios del país (el 46,3%) se han definido como ZAR. Sin embargo, según una investigación de Greenpeace, en torno al 80% de los municipios en zonas de alto riesgo de incendios no cuenta con estos planes.

Según Batiste, el hecho de que se pueda impulsar un plan como el que se está elaborando en Montán abre un camino a las subvenciones autonómicas y europeas “para poder ejecutar estos trabajos y que sean viables económicamente”, porque, asegura, “no es viable gestionar parcelas tan pequeñas”.

Sin embargo, entre el coste humano –en ocasiones–, ecológico y material, el desembolso de dinero de un incendio forestal se dispara en comparación con las labores de prevención. Por poner un ejemplo, en el incendio de Bejís del año pasado, también en Castellón, se quemó una superficie total de 31.473 hectáreas. 

Como recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado, el fuego causó cuantiosos daños personales y materiales. Además, el dominio público hidráulico también sufrió las consecuencias del fuego. Se vio afectado por problemas de obstrucciones en los cauces debido a la presencia de restos de árboles y vegetación quemados. 

Incendio en Bejís. Consorcio provincial de bomberos Europa Press

Como resultado, se aprobaron actuaciones de emergencia por un importe máximo de 599.0748 euros solo en Bejís. Una cifra que palidece si se considera el gasto en la extinción de este incendio en particular. Teniendo en cuenta que la extinción por hectárea se puede estimar en unos 1.500 euros, el de Bejís podría haber ascendido a los 47,2 millones de euros. Según Batiste, "las subvenciones en Comunidad Valenciana para trabajos de mejora de bosques está en esa cifra".

La Comunidad Valenciana es, de hecho, uno de esos puntos negros que señalan los que se dedican a gestión forestal en nuestro país y, muy concretamente, Castellón. Así está recogido en un informe del Miteco, donde señala que el desarrollo urbanístico en la costa mediterránea se encuentra con las áreas forestales allí donde la presencia de zona montañosa coincide o está cerca de la zona costera.

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Soria, blindada a los incendios

La práctica totalidad de la superficie forestal de nuestro país se encuentra en una situación de abandono, pero hay una provincia que los ingenieros forestales ponen como ejemplo cada vez que se desata un gran incendio: Soria. Es una de las que menos sufre episodios de este tipo, y los que tiene son fácilmente controlables.

Soria, a diferencia de otras castellanoleonesas como León, Zamora o Ávila, apenas supone un nimio 4% del número de incendios en el decenio 2012-2021. En el último año, se vieron afectadas 215 hectáreas de las 447.000 de masa boscosa que tiene la totalidad de la provincia soriana.

Como recordaba en un artículo anterior Raúl de la Calle, ingeniero forestal y secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF), a lo largo del año, “se saca madera, se recogen setas, se consigue biomasa con fines energéticos”, y a pesar de ello, “Soria cuenta con más superficie forestal cada año, pero en mejores condiciones”. De esta manera, se cuida el monte y se extrae un producto que sustituye a los combustibles fósiles y que apuesta por la bioeconomía.

“Los productos forestales son un claro ejemplo de bioeconomía, y es ahí donde tenemos que insistir, porque nos va a ayudar a mantener el monte y a fijar población en el medio rural, además de reducir el consumo de hidrocarburos que tanto daño hacen al clima”, apuntaba el ingeniero.

Ahora, con planes como el que se quiere impulsar en Montán, se abre un camino para que Soria deje de ser la excepción. Como reconoce Batiste, “la idea como profesionales es obtener una experiencia que pueda ser replicable en otros municipios”. Y concluye: “Vamos a tener una hoja de ruta”.