Las tractoradas que bloquearon España y gran parte de Europa este arranque de año mezclaban diferentes tipos de reivindicaciones por parte de los agricultores, pero una es tan vieja que se lleva escuchando desde hace décadas: el fin de la venta a pérdidas. Productores que se ven obligados a vender los alimentos (patatas, leche, lo que sea) por debajo del coste que les ha supuesto, condenando a muchos pequeños agricultores casi que a la ruina. 

Algo que supuestamente prohíbe la Ley de Cadena Alimentaria de 2021, pero las asociaciones del sector denuncian su incumplimiento constante. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) calculaba incrementos de precio de casi el 350% en algunos productos, como los melocotones, por los que se paga entre 1 y 1,1 euros al productor y cuestan 3,72 el kilo al comprador final. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calcula incrementos mayores, de entre el 450% y el 700%, en otros productos.

A esta se unía otra denuncia recurrente, no solo agrícola sino también ecologista: la presencia en nuestros supermercados de productos de terceros países catalogados como ‘ecológicos’ o ‘sostenibles’ cuando no siempre cumplen las condiciones de la Unión Europea (UE) para recibir dicha etiqueta… y además simplemente la distancia recorrida para llegar a España, o Europa, hace complicado que sean realmente ‘sostenibles’.

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Frente a estos problemas han vuelto a reivindicarse las cooperativas de consumo o grupos de consumo, que a veces llevan el apellido ‘ecológico’. Colectivos de consumidores, más grandes o pequeños, que se organizan para comprar directamente a agricultores alimentos de cercanía, que tengan garantizado el origen ecológico y a un precio que consideren justo. Son los llamados “modelos de circuito corto”, que garantizan la sostenibilidad del alimento simplemente reduciendo la distancia que tiene que recorrer hasta llegar a la mesa del que se lo come. 

En La Colmena que dice Sí, un colectivo con una década de experiencia y que articuló sus diferentes grupos, llamados colmenas, en toda España a través de su web, no se consumen alimentos de cualquier tipo (frutas y verduras, pero también carne o queso) que vengan de más de 69 kilómetros de distancia del punto de recogida. "Esto garantiza no solo su frescura y sostenibilidad, sino el respeto por los ciclos naturales de producción”, explican.

Los responsables de colmena suelen ser empresarios o voluntarios locales de la zona que aportan un local desde el que se hace el reparto y los compradores pueden estar en contacto con los agricultores. Cada pedido, a través de la web, es a demanda. Así, defienden que también “el agricultor tiene garantizada una venta mínima y se evita el desperdicio alimentario”.

Actualmente hay 38 Colmenas en España donde participan habitualmente unos 200 productores locales (aunque están registrados más de 600) y 40.000 consumidores registrados. El precio es fijado por el productor según costes.

Y sí, la pega es la tradicional de cualquier alimento con el sello ecológico o sostenible: es más caro que en el supermercado. El filtro habitual de este tipo de compromiso, y que además advierten todos los estudios sobre alimentación saludable: a menor renta, peor alimentación.

Hay otros factores, como el nivel educativo, pero siempre se mantiene el filtro: si tienes menos dinero, compras peor y comes peor. El “grupo de consumo” ecológico no se libra del estigma de ser una forma de compra con un claro sesgo económico.

"Producir sostenible es más costoso"

La respuesta desde la Colmena es que una frase de uno de sus agricultores: “lo que nos tenemos que preguntar no es si los productos locales y ecológicos son caros, sino por qué los productos convencionales son tan baratos”. Es decir, “producir de forma sostenible es mucho más costoso", recuerdan. 

Y añaden: "Tomemos el ejemplo de la patata. Desde que se planta hasta que se recoge pasan cuatro meses. Y durante este tiempo, cada día el agricultor dedica cinco horas diarias a sacar las malas hierbas. Este es el coste del esfuerzo y el cuidado necesario por el medio ambiente que se ve reflejado en el precio final de los productos”.

Pepe, agricultor de Quentar, en la provincia de Granada, vende sus verduras en un grupo de consumo en la capital y ha organizado otro con sus vecinos del pueblo, ámbito donde estas cooperativas son mucho más habituales y sin tanta elaboración por la simple vecindad de consumidor y productor, el “grupo de consumo ecológico” vía internet tiene un componente más urbanita.

“A la mayoría de la gente no le suele interesar como se produce lo que le llega a la mesa, pero, en este modelo, la gente que compra, por ejemplo, me conoce y yo a ellos”, dice. “El grupo tiene su propio certificado ecológico, Sistema Participativo de Garantía (SPG). Para entrar, te lo ofrecen, conoces a la gente del grupo, que va a valorar tus productos y luego comérselos. Es bonito”.

Y añade: “La ventaja, además, es que dejas el producto en bloque, y que son precios justos, puestos por nosotros”. En su caso, tiene poca fe en las actuales protestas del campo, que ve “contradictorias o más de lo mismo”, pero cree que el sistema de circuito corto, “más parecido al tradicional de lo que parece”, acabará generalizándose “porque no quedará más remedio”.

“El grupo de consumo también ofrece fidelidad y un mantenimiento de la capacidad de compra”, añade Federica, de la organización So de Paz. Esta, a través de su web, coordina un mapa con más de 9000 grupos de consumo en toda España para poner en contacto a consumidores interesados desde 2012.

Federica recuerda también que este sistema no es 100% sin intermediarios, porque el transporte es necesario, “sino que lo asume el propio productor y el grupo a un precio razonable, sin especular. El coste de distribución existe y es una función vital, lo que hay que impedir es que sirva para lucrarse de forma indebida”.

Calidad y responsabilidad

“Si conoces al agricultor, sus condiciones de vida y por qué establece los precios, estos no deberían ser un impedimento. Además, el consumidor sabe que lo importante es que el producto sea de calidad, no están esos filtros del calibre de que si una pieza de fruta o verdura es pequeña o ‘fea’ no vale, aunque sea comestible y de calidad”.

En su caso, un total de 9000 usuarios totales, de los cuales el 60% con compradores y el resto distribuidores y agricultores, organizados en algo más de 400 grupos, aunque admiten que la informalidad propia del modo de organizarse hace difícil conocer datos exactos.

Federica también lamenta que, pospandemia, pero ya de antes, se han impuesto en algunos métodos de distribución “puerta a puerta, casi de una especie de rider, que no tienen sentido. La idea es que el acto de compra es sostenible y responsable, y todos ponen de su parte”.