Dos años después de que Mahsa Amini muriera tras ser detenida por no llevar bien colocado el velo islámico, Irán hace lo posible por desalentar las protestas por la libertad de vestimenta que se han desencadenado desde entonces. La República Islámica emplea dos mecanismos: la negación y la represión. Lo primero, publicando informes como el que vio la luz el pasado 18 de marzo, en el que se sostiene que la joven falleció por causas naturales en los disturbios acaecidos en Teherán hace dos septiembres.

En concreto, indican que se desplomó en el suelo "debido a una insuficiencia orgánica múltiple, causada por una hipoxia cerebral" y "no a causa de golpes a la cabeza u órganos vitales". La declaración, que concuerda con la autopsia oficial, no convenció a la sociedad ni cuando sucedió la tragedia ni tampoco ahora. El caso de Amini provocó manifestaciones en las que se pidió el fin del régimen y fallecieron 202 personas, según el informe —aunque los datos publicados por la ONU doblan esa cifra—.

La crispación no se ha rebajado con el tiempo, pese a los esfuerzos del Gobierno por alimentar su aparato represivo. En septiembre de 2023, dio luz verde a puerta cerrada a un draconiano proyecto de ley de 70 artículos que endurece las penas por incumplir el estricto código de castidad del país. Este tipifica el uso indebido del hiyab como delito per se, castigado con una pena de prisión de cinco a 10 años, multas equivalentes a más de 8.000 dólares y sanciones severas para las celebridades.

Imagen de archivo de una mujer portando velo en Teherán, a 26 de septiembre de 2023. Rouzbeh Fouladi Europa Press

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Entonces, el texto alertó también de la intención de las autoridades de emplear inteligencia artificial (IA) para identificar a las infractoras, algo que la propia Comisión Internacional Independiente de la ONU confirmó el pasado 18 de marzo. El equipo que investiga la situación de los derechos humanos en el país aseguró que Irán está instalando nuevas cámaras en espacios públicos y haciendo uso de la IA a través de aplicaciones móviles para comprobar que las mujeres llevan el hiyab. 

Tal como declaró la presidenta de la Comisión, Sara Hossain, "es difícil imaginar que, en el siglo XXI, el acceso de las mujeres a los servicios y oportunidades más básicos, como escuelas y hospitales, o a oportunidades de empleo en el gobierno u otros sectores, deba estar sujeto al requisito arbitrario de llevar el hiyab”. En su intervención, la jurista bangladesí lamentó que el Gobierno no tenga voluntad de colaborar con el trabajo de la Comisión de la ONU, a la que ha negado autorización para visitar el país. 

Las autoridades, aseguró, tampoco han respondido a ninguna de las 21 cartas remitidas solicitando informaciones detalladas ante la imposibilidad de obtenerlas de primera mano. Hossain denunció los continuos intentos de Irán por obstaculizar el avance de las investigaciones, interrumpiendo comunicaciones y amenazando a todo aquel que ofreciera su testimonio a la Comisión, compuesta por tres juristas de Bangladesh, Pakistán y Argentina desde su creación a raíz de la represión de las protestas bajo el lema Mujeres, vida, libertad. 

Mujeres sin velo, en busca y captura

El pasado septiembre, el jefe de la agencia gubernamental que vela por el cumplimiento de la ley de moralidad expresó en una entrevista que la tecnología se usaría "para identificar movimientos inapropiados e inusuales". Esta es una práctica que preocupa especialmente a activistas como Shaparak Shajarizadeh, que dejó el país en 2018 tras tres arrestos por incumplir la ley del hiyab. Tal como declaró el año pasado a Wired, teme que las mujeres y niñas del país puedan ser el blanco de algoritmos de reconocimiento facial. 

A través de estos, sería posible cotejar sus rostros en una base de datos de identidad nacional con el objetivo de imponer multas y llevar a cabo los correspondientes arrestos, que, denunció Shajarizadeh, en el caso de las movilizaciones de 2022, no tuvieron lugar solamente "en las calles", sino que muchos manifestantes "fueron arrestados en sus casas uno o dos días después", aseguró.

Protestas tras la muerte de Mahsa Amini en Teherán, a 21 de septiembre de 2022. AFP vía Getty Images

Las declaraciones de Mahsa Alimardani, experta en estudios de libertad de expresión de la Universidad de Oxford, fueron más allá de las conjeturas: aseguró que Irán lleva desde 2015 construyendo un aparato de vigilancia digital que incluye datos biométricos con escaneos faciales y, como sospecha buena parte de la comunidad activista, se ha usado para identificar a disidentes fuera de los lugares de los hechos. 

El reconocimiento facial, la geolocalización y otras formas de detección automatizada se han convertido en los instrumentos de control más deseados del autoritarismo moderno. Posibilitan la reducción de la presencia policial, lo que funcionarios como el jefe del comité legal y judicial, Mousa Ghazanfarabadi, ven como algo positivo, ya que podría servir para que no hubiera "más enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos", destacó al diario Enghelabe Eslami.

Sin embargo, el gobierno iraní trabaja para detener las movilizaciones sociales también en las plataformas sociales. Ya en 2019, Amnistía Internacional lanzó A web of impunity: the killings Iran's internet shutdown hid, un micrositio en el que explicó cómo las autoridades iraníes consiguieron mantener un cierre prácticamente total de internet durante toda una semana.

En aquella fecha, las fuerzas de seguridad nacionales estaban saliendo sistemáticamente a las calles para reprimir unas protestas contra el aumento de la gasolina, lo que acabó con la vida de al menos 300 personas. La oenegé recopiló más de 100 vídeos verificados procedentes de 31 ciudades; en ellos, se exponía el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y armas de fuego "contra transeúntes y manifestantes desarmados". 

El objetivo del bloqueo, declarado por el entonces ministro de Telecomunicaciones, Mohammad Javad Azari Jahromi, fue "ocultar la verdadera magnitud de las terribles violaciones de derechos humanos que estaban cometiendo", manifestó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de la oenegé para Oriente medio y el norte de África. Pero cerrar el acceso a la red no es tarea fácil. De hecho, les llevó a verse en números rojos: datos de la Internet Society estiman que Irán perdió casi 34 millones de dólares debido al cierre. 

"Estamos hablando de capas y capas de software y hardware, y también de marcos normativos", recoge BBC en palabras del investigador del Centro de Tecnología de la Universidad de Oxford, Luckasz Olejnik. "Cuantas más redes y conexiones tienes, más difícil es cortar el acceso. Y la pregunta es si deseas cortar también el acceso a las redes dentro del país, además del flujo con el mundo exterior".

El interés de Irán por el control cibernético no es nuevo: desde 2009, el país se ha centrado en diseñar su propia intranet nacional, de la que hicieron uso durante el cierre de la red. La justificación de la misma se basa en la seguridad nacional y económica, si bien en la práctica también puede ser un arma contra la expresión política. Las autoridades tienen todos los derechos vinculados al monitoreo de los usuarios y también pueden presionar a proveedores independientes. 

"Lo que no sabemos es con qué frecuencia se utiliza, o si es una especie de táctica psicológica para decir que, donde quiera que vayas, podrían estar vigilándote", expresó a CBC Radio Mani Mostofi, director del Grupo Miaan, organización dedicada a investigar sobre los derechos digitales en la república iraní. Desde entonces, las autoridades han ido perfeccionando su sistema de represión digital al tiempo que los activistas han buscado formas de evadirlo con herramientas como las redes cerradas virtuales (VPN). 

La cuestión es que el Gobierno elimina estas vías tan pronto como surgen. Mostofi contó que, poco después de que se bloqueara un servicio popular de VPN en el país, comenzaron a aparecer versiones de esta misma con un software espía creado por el propio gobierno. "Así son las cosas [...] Irán utiliza la desesperación de la gente para conseguir herramientas con las que atraparlos”, lamentó en su entrevista con la emisora canadiense.

Las dotes de vigilancia del régimen han cogido impulso en los últimos años por la inversión en tecnologías procedentes de China. En febrero de 2023, Reuters informó de que EEUU habría valorado sancionar a fabricantes como Tiandy Technologies Co. por estar surtiendo al país asiático en un contexto en el que este cada vez depende más de la tecnología para reprimir las protestas. Las exportaciones de videocámaras de Beijing al Gobierno iraní se duplicaron en 2022, a medida que la crispación también aumentó.

El control se intensifica

Paralemanete, según un informe publicado por Amnistía Internacional en julio, las autoridades estarían "redoblando sus sofocantes métodos policiales para oprimir a quienes desafían las degradantes leyes de obligatoriedad del uso del velo". En la escalada de la represión de verano, Saeed Montazer Almahdi, portavoz de la policía, anunció el regreso de las patrullas, coincidiendo con la difusión en redes de vídeos en los que funcionarios de Teherán agredían violentamente a las detenidas.

Según anuncios oficiales, del 15 de abril al 14 de junio de 2023, la policía envió casi un millón de avisos SMS a mujeres captadas sin velo en su vehículo. Posteriormente, se remitieron 133.174 mensajes ordenando la inmovilización de automóviles durante un tiempo determinado; se confiscaron 2.000 de ellos, y se remitió a 4.000 “infractoras reincidentes” al poder judicial en todo el país. 

En los esfuerzos por intensificar aún más la represión, el 21 de mayo se presentó ante el Parlamento el proyecto de ley en apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab. En virtud del texto al que se dio luz verde en septiembre —aún no se ha hecho público—, las iraníes podrían enfrentarse a elevadas multas y penas de entre dos y cinco años de prisión, así como a la prohibición de viajar y acceder a servicios bancarios, deducciones salariales o la obligación de residencia obligatoria en un lugar concreto.

Nasibe Samsaei, iraní residente en Turquía, se corta el pelo en protesta tras la muerte de Amini en 2023. Reuters

Al mismo tiempo, denuncia Amnistía Internacional, "las autoridades han recurrido al Código Penal Islámico para imponer castigos degradantes a mujeres que aparecen en público sin velo". La organización ha recibido las sentencias dictadas contra seis mujeres en junio o julio de 2023 en las que se les exige "asistir a sesiones de terapia por trastorno de personalidad antisocial, lavar cadáveres en una morgue o limpiar edificios oficiales".

Rachel George, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, subrayó en un post la responsabilidad que tiene la comunidad internacional en la ampliación de normas como la Resolución 48/4 del Consejo de DDHH de la ONU sobre la privacidad en la era digital que prohíban la vigilancia por IA como forma de represión contra el género, basándose "en las directrices que se desarrollan a partir de la Coalición de Acción de ONU Mujeres para la Tecnología y la Innovación para la Igualdad de Género".