Desde su llegada a la presidencia argentina, las comparaciones de Javier Milei con otros políticos de la derecha libertaria —como Donald Trump, nuevamente candidato en las elecciones estadounidenses, o Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil— han sido una constante. Cada uno de sus movimientos ha sido estudiado al detalle, especialmente después de que anunciase la 'ley ómnibus' para cambiar buena parte del marco regulatorio del país, incluidas cuestiones en materia ambiental. 

El anuncio fue un toque de alarma para los ecologistas, pero no tanto una sorpresa. Ya antes de su victoria, en octubre, 45 organizaciones reunidas por el grupo Avaaz firmaron una carta denunciando la postura negacionista y proextractivista del inquilino número 13 de la Casa Rosada. Se manifestaron durante la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Marrakech, portando carteles en imitación de billetes de dólar en los que retrataron al presidente con el rostro de un "gatito mimoso del poder económico", tal como fue apodado en el primer debate.

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Tres meses después, las críticas al dirigente continúan, ahora de la mano de Greenpeace. El 10 de marzo, la oenegé aseguró en una entrevista con EFE que las acciones del líder de La Libertad Avanza han "exacerbado" la amenaza a la biodiversidad del país. Hernán Pérez Orsi, miembro de su departamento de Investigación en Argentina, aseguró que la nueva administración "está haciendo mucha fuerza de lobby para conseguir sus objetivos de demolición de las leyes de protección ambiental". 

La 'ley ómnibus' de Milei, quien llegó a afirmar que la crisis climática "es un fenómeno cíclico independiente a la existencia del hombre", contempla 382 artículos —frente a los 664 que tenía el texto original— en los que se incluyen modificaciones sustanciales en la regulación ambiental argentina. Las más cuestionadas han sido las relativas a la Ley de Bosques, la Ley de Quemas y la Ley de Glaciares, tres normativas consideradas frutos de la victoria ciudadana en la lucha por la preservación del patrimonio ambiental del país.

Las claves del megadecreto

La Ley de Bosques (Ley 26.331) es una de las normativas que podrían someterse a cambios. Esta establece desde 2007 los presupuestos mínimos dirigidos a conservar los bosques nativos. Obliga a las provincias a ordenarlos en tres categorías de conservación —roja (I), amarilla (II) y verde (III)—, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas.

El proyecto de Javier Milei propone modificar el artículo 26 de la normativa y eliminar las exigencias de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General de Medio Ambiente. Estas establecen qué tipo de información deben proporcionarse al Estado sobre los proyectos de desmonte que se van a realizar en los bosques nativos etiquetados en la categoría I o II. 

Nicki Becker, de Jóvenes por el Clima Argentina, advirtió a principios de año que la reforma también "saca recursos" procedentes del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. "Antes se financiaba con un 0,3% del PBI y un 2% de las retenciones —a las exportaciones de productos procedentes del campo—. Si bien es verdad que esto nunca se cumplió, ahora el Gobierno va a poder decidir cuánto financiarla de manera discrecional", aseguró.

Otro punto en la lista de Milei pivota sobre el fuego. La 'ley ómnibus' aumenta el plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización que deben presentar los productores si, por ejemplo, "quieren quemar la tierra para limpiarla", destacó Becker. Y añadió que "tienen que pedir permiso al Estado porque la mayoría de los incendios que vemos empiezan con un fuego pequeño que después no se puede controlar". 

Sin embargo, la reforma plantea que las quemas sean habilitadas automáticamente en caso de que no haya respuesta gubernamental en 30 días, lo que preocupa a los grupos ecologistas. Por otro lado, aunque Milei anunció hace unos meses la modificación de la Ley del Fuego, tal cambio no llegó a verse reflejado en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que presentó su Administración. 

Un hombre intenta extinguir las llamas con hojas de palma durante un incendio en la parte norte de la provincia de Córdoba. Laura Lescano Europa Press

Milei y los glaciares

La tercera clave tiene que ver con los cambios en los artículos 1 y 2 de la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Así, se modifica la definición de glaciar y se restringe la protección ambiental a geoformas con glaciares de roca o escombros activos, excluyendo otros ambientes periglaciares. También se descartan geoformas no incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, sin perennidad mínima, menor a 1 hectárea o sin función hídrica relevante.

Los ecologistas alertan que esto abriría la veda a la actividad minera e hidrocarburífera. "Hoy, en la zona periglaciar no se permite realizar actividades económicas, como la megaminería, pero con esta modificación se podría. Hay que tener en cuenta que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años. La ley no está aprobada. Todavía queda mucho por hacer", remarcó la líder de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina.

Precisamente por estos planes para modificar la normativa de los glaciares, la visita de Javier Milei a la Antártida el pasado enero fue una sorpresa. El presidente argentino viajó a las bases de Marambio y Esperanza para inaugurar el NUTEC Plastics, un programa de control para la contaminación por microplásticos llevado a cabo junto al Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas (OIEA). En la iniciativa participan 63 países encargados del monitoreo de microplásticos.

Visita del presidente Milei a las bases antárticas. Página oficial del Ministerio de Defensa del Gobierno de Argentina

Milei dio, así, un paso adelante en la acción global contra la contaminación y uno atrás en la postura negacionista que parte de la sociedad le afea desde que dijese que "todas las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y solo buscan fondos para financiar a vagos socialistas que escriben papers de cuarta". En la visita al continente blanco, aseguró que "el ejercicio de la ciencia, la cooperación y la preservación del medio ambiente antártico son ejes prioritarios de nuestra política exterior". 

Sin embargo, los cambios de la 'ley ómnibus' no gustan al ecologismo. "Estas regulaciones fueron en su mayoría producto de la movilización y la exigencia de la población a lo largo de los años. Resulta inaceptable que por un sesgo ideológico se hipoteque el presente y futuro del país: sus reservas de agua dulce, su seguridad y soberanía alimentarias, su biodiversidad y el derecho a un ambiente y vida sanas", comentó a EFE Martún Vainstein, coordinador nacional de Climate Save Argentina, el pasado enero.

Entre las oenegés que firmaron la carta contra Milei el pasado octubre destacan algunas como Espacio Vivo, Acción Consciente, Salus Terrae o el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Coincidieron en que "sus ideas van a contramano de lo que se está discutiendo en el mundo, en momentos en que incluso dentro del FMI se habla de la importancia de la integración de la economía con el Acuerdo de París y el Marco Global para la Biodiversidad", aseveró Emilio Spataro, coordinador de políticas públicas de Avaaz en Latinoamérica.