Vehículos de Bolt en el depósito municipal.

Vehículos de Bolt en el depósito municipal.

Toledo

Bolt revela una demanda disparada en Toledo y urge una regulación en busca de paz: "En Madrid, taxi y VTC facturan más"

La empresa confirma que nueve vehículos están "retenidos" en el depósito municipal.

Más información: El alcalde de Toledo defiende la inmovilización de coches Bolt: "Si una empresa no tiene licencia, se cierra"

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La plataforma Bolt vuelve a instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a actualizar la regulación del sector VTC para poner fin a la "inseguridad jurídica" que, según la compañía, ha provocado la inmovilización de nueve vehículos en Toledo y ha perjudicado "a usuarios y conductores". El conflicto se centra en el "vacío legal" existente para los trayectos urbanos de las VTC.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Daniel Georges, CEO de Bolt en España, ha abordado la "tensa" situación, lamentando el impacto en el servicio y la creciente demanda de movilidad en la capital castellano-manchega.

La tensión se ha elevado estos días con la retención de vehículos que operan a través de la plataforma Bolt por parte de la Policía Local de Toledo. Según Georges, nueve vehículos de las empresas colaboradoras —que poseen las licencias VTC y gestionan las flotas— han sido inmovilizados, de un total de aproximadamente "25 o 26" que estaban operativos en la ciudad.

"La situación de los últimos días ha sido complicada" relata. "Hemos visto cómo algunos de sus vehículos han sido inmovilizados y obviamente eso ha tenido un impacto negativo... en los conductores que han sufrido esta situación de indefensión y sobre todo también los usuarios y los ciudadanos".

El portavoz ha subrayado que la entidad considera que las actuaciones, que incluyen que la Policía Local haya llegado a parar y a invitar a bajar a usuarios de los vehículos, "carecen de una base legal". "Creemos que el Ayuntamiento en este caso se ha extralimitado en sus competencias" afirma, señalando la Junta como la autoridad competente para regular este ámbito.

Solo se llega al 50 % de solicitudes

Bolt sostiene que el conflicto está afectando "directamente" a los ciudadanos, en una ciudad donde "la demanda de movilidad es alta". Georges revela que, en apenas dos meses de trabajo en Toledo, la plataforma solo estaba satisfaciendo "el 50% de las solicitudes de los usuarios antes de los problemas", lo que evidencia una "gran demanda latente". A mediados de septiembre, ya se habían realizado "más de 3.000 servicios" en la capital y provincia.

Para aumentar la oferta y buscar la 'paz social', Bolt ha abierto su plataforma al taxi en Toledo y provincia, sumando ya "unos cinco o seis taxistas activados". No obstante, Georges indica que hay una oferta latente mayor por parte del taxi que muestra "miedo a posibles reacciones" dentro del sector debido al "ruido mediático".

El ejemplo de Madrid

La clave para resolver la situación, según Bolt, es la acción "rápida" del Ejecutivo autonómico. Pide que se dote de "seguridad jurídica" al sector con una regulación que se ajuste a la "jurisprudencia española y europea".

"Lo que nos interesa, que lo llevamos pidiendo desde que hemos lanzado, es que la Junta actualice la regulación para cubrir el vacío normativo que hay ahora mismo con lo que respecta a los trayectos urbanos de las VTC", sentencia Daniel Georges.

Bolt pone de ejemplo la situación en la capital de España para demostrar que la convivencia y el beneficio económico son posibles. "Lo hemos visto tan de cerca como por ejemplo en Madrid, donde a día de hoy, y con un servicio normalizado de taxis y VTCs, tanto el taxi como la VTC facturando más que nunca" argumenta, insistiendo en que Toledo debe seguir esa misma trayectoria de normalización.

La empresa mantiene la "mano tendida" al Gobierno autonómico para colaborar en el desarrollo de la normativa, cuyo foco, afirma Georges, debe ser "el ciudadano y no la defensa de un sector u otro". Bolt cree que la actividad de las VTC y el taxi combinado "ayuda a sustituir el vehículo privado", lo que consideran "el enemigo común" de todas las partes implicadas para conseguir la movilidad urbana sostenible.