La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) de Toledo ha denunciado este lunes la supresión de unidades en 21 centros públicos de la provincia de Toledo, tras la publicación de las plantillas orgánicas del curso 2022/2023.

En nota de prensa, el sindicato ha lamentado que esta veintena de centros va a perder al menos alguna unidad, como ocurrirá en Mora, Corral de Almaguer, el 'Martín Chico' de Illescas, el 'Garcilaso de la Vega' de Madridejos, el 'Cristóbal Colón' de Quintanar de la Orden, y 'Pablo Iglesias', 'San Juan de Dios' de Talavera, 'Alfonso VI', 'Gómez Manrique' y 'Santa Teresa' de Toledo, que coexisten con centros privados concertados en estas localidades.

Asimismo, ha indicado que los colegios de Alcaudete, Belvis de la Jara, Borox, Cuerva, Mocejón, Nombela, Orgaz, Santa Cruz de Retamar, Valmojado, Velada y Valmojado también han perdido unidades sostenidas con fondos públicos.

“Grave perjuicio”

ANPE ha recordado que, según la resolución de diciembre de 2021, la Consejería de Educación se reserva la potestad discrecional de decidir los centros privados en los que sus titulares no están obligados a respetar la relación media alumno/profesor por unidad escolar para mantener el concierto educativo, lo que supone un "grave perjuicio" para los centros públicos en los que sí se han reducido unidades.

En este punto ha señalado que la organización sindical presentó ante la Consejería de Educación la solicitud de acceso a la información sobre este asunto para conocer qué decisiones está tomando la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha con relación al mantenimiento de conciertos educativos en centros privados que pudieran no alcanzar la ratio exigida por la normativa y, por este motivo, pudiera suprimir unidades en los centros públicos.

Y ha denunciado la "falta de transparencia" de la administración educativa por no hacer entrega de dicha información pública, al tiempo que ha exigido que no se suprima ninguna unidad en centros públicos en las localidades en la que existan centros privados concertados y que se garantice la existencia de plazas públicas suficientes para asumir toda la demanda, sobre todo en zonas de nueva población.