Raúl Bravo, alcalde de Torrenueva (Ciudad Real).
El PP acusa al alcalde de Torrenueva (Ciudad Real) de adjudicar contratos a la empresa de un familiar
Los populares denuncian públicamente un posible caso de prevaricación.
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El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrenueva (Ciudad Real) ha denunciado públicamente que el alcalde socialista, Raúl Bravo, podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.
La denuncia se basa en la adjudicación directa de cuatro contratos menores, por un importe total de 128.953,72 euros, a una empresa "vinculada familiarmente" con el propio alcalde.
Según ha detallado el PP, las contrataciones se formalizaron pese a contar con informes desfavorables de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.
En esos informes, se advertía expresamente de que la empresa adjudicataria estaba participada en un 33 % por un familiar del alcalde.
Además, señalaban que Bravo ostenta las competencias en materia de contratación, lo que supondría un presunto "conflicto de intereses".
Comportamientos "caciquiles"
Los informes técnicos invocaban el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público y alertaban de que la Alcaldía "podía incurrir en delito de prevaricación de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal".
A pesar de esas advertencias, Raúl Bravo adjudicó los cuatro contratos a la misma mercantil, ignorando los reparos formulados por el órgano fiscalizador interno del Ayuntamiento.
"Desde el Partido Popular no vamos a consentir comportamientos caciquiles, irresponsables y nada transparentes, y vamos a denunciar todas y cada una de las tropelías de este alcalde", han asegurado los concejales del grupo municipal.
"Le exigimos explicaciones inmediatas y nos reservamos la posible interposición de acciones legales para depurar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente”, han añadido.
"La reiteración en la adjudicación a una empresa vinculada familiarmente, y la existencia de advertencias expresas en contra, podrían ser indicios de una actuación deliberada y consciente contraria al derecho, tipificada como prevaricación administrativa en el Código Penal", han manifestado.
Otros casos
Según recuerdan los concejales populares, no es la primera vez que el alcalde desoye los reparos de la Secretaría-Intervención. En 2024, han afirmado, se formularon objeciones a una factura por la compra de entradas para festejos taurinos de 2023 sin justificación.
También se advirtió sobre la contratación de un asesor jurídico externo sin que se acreditara la necesidad del servicio. "Una contratación que olía a amiguismo, ya que los servicios contratados los cubría perfectamente la Secretaría de este Ayuntamiento", han afirmado desde el PP.
