Juan Alfonso Ruiz Molina este martes en rueda de prensa.

Juan Alfonso Ruiz Molina este martes en rueda de prensa.

Región

Ruiz Molina defiende que la Ley de Simplificación Administrativa ni "privatiza" ni "sustituye a funcionarios"

Los sindicatos han convocado concentraciones este miércoles en las cinco capitales de provincia exigiendo la paralización de la norma.

Más información: Los sindicatos alertan del "riesgo de privatización" de la Ley de Simplificación de Castilla-La Mancha

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El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido este martes la utilidad de la futura Ley de Simplificación Administrativa frente a las acusaciones de los sindicatos de acoger una privatización encubierta en la administración.

"En ningún caso estamos hablando de privatización", ha defendido el consejero al ser cuestionado por las concentraciones convocadas por los sindicatos para este miércoles en las cinco provincias de la región.

Es más, Ruiz Molina ha asegurado que algunas de las organizaciones sindicales convocantes de estas movilizaciones son "aquellas a los que hemos pedido que hicieran aportaciones y que hemos recogido en el anteproyecto y ahora en el proyecto de ley" aprobado el 28 de enero en Consejo de Gobierno.

La parte de la futura ley a la que los sindicatos ponen más reparos es a la que tiene que ver con la introducción de entidades colaboradoras. En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que su regularización no implica "privatización" sino que "simplemente decimos que es posible, y beneficioso para el administrado" que entren en juego estas entidades para participar en "la confección de la documentación".

"No se está sustituyendo el papel de los funcionarios, sino que se están previendo la necesidad de que el administrado se pueda apoyar en este tipo de entidades", a las que se les habrá dado un "marchamo de que lo que hacen está bien hecho", ha especificado el consejero.

De cara a este miércoles, 26 de febrero, las Juntas de Personal Funcionaron han convocado concentraciones ante las sedes provinciales del Gobierno regional en las cinco capitales de provincia para exigir la paralización inmediata de esta normativa.