El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la limitación de los precios del alquiler de viviendas "no funciona", algo que está "demostrado". Por ello cree que la mejor solución es "buscar alternativas" como el modelo promovido en la región, con el que se incentiva a esta limitación pero no se obliga. 

Así se ha expresado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, a preguntas de los medios tras la aprovación de la Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados este jueves. 

Antes de participar en un desayuno informativo del Colegio de Ingenieros de Caminos de la región, Hernando ha explicado que "no hay ningún estudio académico que al cien por cien avale que sea una medida efectiva", ya que "no ha funcionado ni en Berlín, ni en Londres, ni en Barcelona, donde consiguieron reducir los precios un 5 por ciento y se redujo un 10 por ciento la oferta".

En este punto, ha señalado que no quiere ser ni "radical" ni "cabezón", pero ha asegurado que existen alternativas.

Con el modelo promovido en Castilla-La Mancha, dentro del plan del alquiler con garantías especiales, no se obliga a plantear una limitación, pero se incentiva a esa limitación asumiendo los costes, por parte del Gobierno regional, de un seguro de impagos, desperfectos y de defensa jurídica.

Plan de 10.000 viviendas

Por otro lado, el consejero ha anunciado que ha planteado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, poder utilizar suelo de su titularidad para poder materializar el 'Plan 10.000 viviendas' en Castilla-La Mancha para fomentar el alquiler y la compra de vivienda en las zonas "tensionadas".

Además de esta alternativa de suelo del Sepes, ha recordado que este plan también se va a llevar a cabo con el sector privado, que está "muy ilusionado" con esta iniciativa. 

Esta propuesta planteará ayudas para los promotores a la construcción de nuevas viviendas sostenibles en terrenos de titularidad pública aprovechando los fondos europeos, que alcanzarán los 700 euros por metro cuadrado hasta un máximo de 50.000 euros por cada vivienda que se construya en zona de titularidad pública.