Alejandro García-Caro Moreno, director técnico agrícola de Víridi Horizons.
A menudo, el debate sobre la sostenibilidad del campo español se reduce a una discusión sobre ayudas, subvenciones o rentabilidad económica a corto plazo. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja. En realidad, estamos ante un desafío estructural que combina demografía, modelo productivo, formación, servicios públicos y percepción social del mundo rural. Si España quiere garantizar la viabilidad de un sector estratégico —del que depende buena parte de su abastecimiento alimentario y también su equilibrio territorial— resulta imprescindible adoptar una visión más ambiciosa y de largo plazo.
Uno de los principales retos que afronta nuestro campo es el despoblamiento de las áreas rurales, estrechamente ligado al problema del relevo generacional. Se estima que más del 40 % de los titulares de explotaciones agrarias en España supera los 65 años, mientras que apenas un 8 % tiene menos de 40. Esta pirámide demográfica invertida no solo compromete la continuidad de miles de explotaciones familiares, sino que pone en riesgo el tejido social y económico de amplias zonas del país.
A esta situación se suma otro factor estructural: más del 70 % del territorio agrario español es de secano. Esta circunstancia impone limitaciones importantes en la elección de cultivos y genera rendimientos generalmente inferiores a los del regadío, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente estrés hídrico. El resultado es un sistema productivo que, en muchas comarcas, tiene dificultades para competir en términos de rentabilidad y estabilidad.
Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede España revertir estas tendencias y dotar de viabilidad real al campo? La respuesta no es sencilla, pero parece evidente que la solución no pasa por perpetuar un modelo basado exclusivamente en ayudas compensatorias para sostener explotaciones inviables. Las subvenciones pueden ser necesarias como red de seguridad, pero no pueden sustituir a una estrategia orientada a mejorar la competitividad, atraer talento y cambiar la narrativa del mundo rural.
En este sentido, sigue pendiente por parte de las administraciones la realización de una gran campaña pública de reconocimiento del sector agrario que ponga en valor el papel económico y social que desempeña, así como la transformación que ya está experimentando. El campo español del siglo XXI poco tiene que ver con la imagen del arado romano o la agricultura de subsistencia que todavía pervive en el imaginario colectivo. Hoy hablamos de agricultura de precisión, de sensorización y mejora genética, de mecanización avanzada y de gestión empresarial profesionalizada. Sin embargo, con frecuencia la imagen que llega a la opinión pública es la de un medio rural asociado al aislamiento y la precariedad.
Frente a esa percepción, conviene recordar que trabajar en el campo significa, ante todo, emprender. Gestionar una explotación agraria implica dirigir una empresa, asumir riesgos y tomar decisiones estratégicas a largo plazo. Muchas explotaciones modernas manejan volúmenes de inversión comparables a los de una pequeña o mediana empresa industrial y requieren conocimientos financieros, fiscales y comerciales avanzados. Por tanto, reconocer socialmente estas profesiones y su contribución al bienestar colectivo —porque sin agricultores no hay alimentos— es un paso imprescindible para dignificar el sector y hacerlo atractivo para las nuevas generaciones.
Junto a la necesaria revisión de la narrativa social sobre el campo, otra línea de actuación debería centrarse en los incentivos económicos y fiscales existentes en España. Nuestro país dispone de determinados mecanismos de fiscalidad agraria —como regímenes específicos en el IRPF, beneficios en la transmisión de explotaciones o algunas bonificaciones autonómicas—, pero históricamente se han concebido más como medidas de alivio de rentas que como verdaderas palancas para atraer inversión o impulsar el relevo generacional.
Una política fiscal más orientada a la inversión productiva, a la incorporación de jóvenes agricultores y a proyectos innovadores podría desempeñar un papel relevante en la transformación del sector. En este sentido, incentivos ligados a la modernización de explotaciones, la profesionalización de la gestión o la transmisión ordenada del patrimonio agrario permitirían reforzar la viabilidad económica del campo sin caer en una lógica de subsidio permanente.
Otra palanca esencial es la formación. Aunque España cuenta con una oferta consolidada de Formación Profesional agraria integrada en el sistema educativo, su capacidad de atracción sigue siendo inferior a la de otras especialidades. Esta brecha no responde tanto a la falta de oportunidades laborales —el sector presenta necesidades reales de relevo generacional y perfiles técnicos— como a un problema de percepción social y de orientación académica. Por ello, reforzar la orientación temprana y la FP Dual agraria, vinculando los ciclos formativos a explotaciones reales, cooperativas y empresas agroindustriales, sería una medida clave para acercar a los jóvenes al sector.
Ahora bien, incluso si se avanzara en todos estos ámbitos, el efecto de tracción seguiría siendo limitado si no se acompaña de la existencia de servicios públicos comparables a los disponibles en las ciudades. Vivir en un pueblo no puede equivaler a renunciar a una atención sanitaria adecuada, a una educación de calidad o a infraestructuras básicas. La calidad de vida es un factor decisivo en la elección de residencia y, sin ella, será difícil fijar población de forma estable en el medio rural. A pesar de los desafíos pendientes, también empiezan a detectarse señales de cambio. En los últimos años se observa un creciente interés de instituciones e inversores por los activos agrícolas. Fondos especializados, family offices e inversores patrimoniales están incorporando tierras agrícolas y proyectos agroindustriales a sus carteras, atraídos por su potencial de rentabilidad a largo plazo y por su valor como activo refugio frente a la inflación.
Un ejemplo claro de esta tendencia lo encontramos en el auge de nuevos cultivos leñosos, como el pistacho. España ha multiplicado por más de diez la superficie dedicada a este cultivo en la última década, superando ya las 70.000 hectáreas, con proyectos altamente profesionalizados que apuestan por la integración vertical a lo largo de toda la cadena de valor.
Castilla-La Mancha se ha convertido en el principal epicentro de esta expansión, con miles de hectáreas plantadas, donde el pistacho empieza a consolidarse como una alternativa rentable y de largo recorrido para muchas explotaciones agrícolas. Este tipo de proyectos están generando valor añadido en zonas rurales tradicionalmente deprimidas y contribuyen a posicionar a España como un actor cada vez más relevante en los mercados internacionales.
El caso del pistacho demuestra que, cuando existe visión empresarial, inversión, conocimiento y horizonte de largo plazo, el campo puede ser competitivo, sostenible y socialmente vertebrador.
El futuro del campo español no se decide únicamente en los despachos de Bruselas ni en el reparto anual de ayudas. Se juega, sobre todo, en la capacidad de repensar el modelo productivo, comunicar con rigor la realidad del sector, formar a quienes deberán liderarlo y garantizar unas condiciones de vida que permitan elegir el mundo rural no como una renuncia, sino como una oportunidad económica y vital.
Alejandro García-Caro Moreno, director técnico agrícola de Víridi Horizons.