El pasado día siete se reunía el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar un orden del día en el que la ministra de Hacienda se negó, en aras a la tan preconizada transparencia de la izquierda, a incluir el importante y preocupante tema para las Comunidades Autónomas de la devolución de 2.500 millones de euros procedentes de la liquidación del IVA de 2017.

La ministra socialista, en el mes de enero, ya se había mostrado contraria a la devolución de este importe a las Comunidades. El retraso en el pago es debido a un cambio en el criterio contable en la recaudación del impuesto en el año 2017 que supuso liquidar ese ejercicio la participación en los tributos solamente de once meses. La participación en los tributos, que pagan los ciudadanos y recauda el Estado, es la más importante vía de financiación de las Comunidades autónomas.

Se escuda en el paso de dos años y en la no aprobación de los Presupuestos Generales para no abonar la partida. Recordaremos que en el proyecto de Presupuestos para 2019 el Partido Socialista se comprometió a abonar esas cantidades y que al no ser aprobados el ejecutivo socialista se escudó en que estado en funciones y sin presupuestos no podía realizar ese pago. Esta escusa, ya utilizada por el Gobierno socialista, fue la misma que utilizó para no pagar las entregas a cuenta de la financiación autonómica en el último trimestre de 2019 y que posteriormente obtuvo un “segundo” informe de la Abogacía del Estado que les dio el visto bueno. Habría que recordar el abuso del señor Sánchez del Decreto Ley, norma de extraordinaria y urgente necesidad, pero parece que entre las urgencias del Gobierno socialista no está pagar una deuda necesaria para mantener los servicios públicos de las Comunidades Autónomas.

En esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el Gobierno socialista ha tardado más de un año y medio en convocar, cuando su reglamento prevé que se debe reunir como mínimo dos veces al año, la ministra socialista recordó que no va a pagar la deuda de 2.500 millones de euros que adeuda a las Comunidades Autónomas.

La ministra socialista, que no debe conocer que el destino de las deudas es ser pagadas, propuso que aunque no va a pagar la deuda de 2.500 millones va a permitir una “flexibilidad presupuestaria a las comunidades”. Esto es más déficit, permitiendo a las Comunidades endeudarse más y desplazar el objetivo de equilibrio de sus cuentas públicas a 2022, dos años después de lo previsto por el Gobierno del Partido Popular. Asimismo no computará en el déficit de cada Comunidad el provocado por la cantidad no percibida del IVA, pues como las Comunidades, creyendo al presidente Sánchez cuando dijo que pagaría la deuda, no ajustaron esta falta de financiación lo que ha disparado el déficit y en algunos casos el periodo de pago a proveedores. Eso sí, los préstamos para financiar el déficit provocado por la negativa del gobierno a pagar la deuda son a coste cero.

En resumen la solución es, más política socialista, una huida hacia adelante, más déficit, más gasto y menos estabilidad. Ya vendrán otros y pagaran la deuda.

A su vez, el señor Emiliano García Page, presidente de nuestra Comunidad, parece que es más rápido en anunciar cosas que en actuar (que nos lo cuenten a los albaceteños y el hospital), y así anunció a bombo y platillo, de una forma pactada con el señor Sánchez, que reclamaría la deuda. Tras la exigencia del Partido Popular, amenazó al Presidente Sánchez, con que acudiría a los Tribunales si no abonaba la deuda de 135 millones que el Ministerio mantenía con Castilla-La Mancha.

Pero lo cierto y verdad es que el señor Page, en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, votó a favor de la propuesta de la Ministra y deja tirados a los ciudadanos de Castilla-La Mancha aceptando la propuesta del líder de su partido Pedro Sánchez sustituyendo el cobro de la cantidad debida por una autorización de un mayor déficit. Si el señor Page, de verdad de forma real y no con posturas, defendiera los intereses de los ciudadanos de Castilla-la Mancha por encima de los de su partido, hubiera hecho lo mismo que los responsables de la Comunidad de Madrid y, en octubre, hubiera presentado un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno para reclamar los 135 millones que tan necesarios son en nuestra comunidad.

El señor Page y los dirigentes del partido socialista deberían aprender que no existe el dinero público solo existe el dinero de los contribuyentes y que los ciudadanos aportamos ese dinero, a través de los impuestos entre los que está el IVA, para financiar servicios públicos de calidad, eficientes y eficaces.

En contra de esta actitud del señor Page está la del Partido Popular, que apuesta por los castellano-manchegos y que reclama esos 135 millones de euros de deuda para atender a las necesidades de nuestra región y destinarlos a apoyar un sector como el agrario que tan necesitado de está de hechos y no de palabras.

Alberto Reina Moreno es economista y concejal del PP en el Ayuntamiento de Albacete