Es un recurso perverso y de eficacia inmoral. Acuso al adversario de lo que voy a hacer yo. Quienes controlan desde hace cuatro años, de manera fraudulenta, las instituciones judiciales y otros tantos de manera legal, acusan al gobierno de injerencia judicial. Sánchez quiere dar un golpe de Estado. Es un tirano, dice otra. Y como están en la prensa los acontecimientos confusos de Perú, comparan a Sánchez con Pedro Castillo. Antes fue con Ortega. Y antes con Chaves. Y mucho antes con Castro. Da igual. La política mentirosa lo aguanta todo. En paralelo convierto cada sesión en el Parlamento en una hoya a presión sin válvula de control. Insultos, referencias a la vida privada, negación de las leyes. Provocación: usted quiere sueltos a violadores, secesionistas y delincuentes, está fuera de la Constitución. Hará cualquier cosa por mantenerse en la Moncloa. Y así se concluye lo que se quiere concluir: usted ya no tiene la mayoría social, debe convocar elecciones. Si no lo hace su negativa ratificará la argumentación sobre la naturaleza dictatorial de su actitud y su apego al poder. Trump no lo mejoraría.
Aunque la parte fundamental del último intento de asalto al Congreso de los Diputados se representa en el ámbito de la justicia. El ruido precedente ha sido la charanga dodecafónica de la derecha antidemocrática. Calentaban con griterío histérico lo que estaban preparando. En los órganos constitucionales se han atrincherado durante cuatro años jueces nombrados por el PP. Esperaban el momento para organizar el autentico golpe a la legalidad constitucional. Unos jueces, que llevan años ocupando puestos de máxima responsabilidad en contra de lo establecido en la Constitución y en las leyes, continúan en sus puestos caducados, maniobrando para que órganos fundamentales de la democracia incumplan preceptos que les atañen. Para culminar la invasión, el PP insta a esos jueces a silenciar al Parlamento de la Nación. Ahí está, expuesta ante los ciudadanos, la textura histórica de la derecha española, política, judicial y mediática. “Tenemos las derechas más miserables de la Europa democrática”, ha sentenciado Ian Gibson.
Si el Parlamento de la Nación se paraliza por mandato judicial nos situaríamos ante el gobierno espurio de los jueces. Subvertido el orden constitucional ya no existe espacio ordenado para la democracia que se fundamenta en la rigurosa separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En esto consiste el último intento de acabar con un gobierno elegido democráticamente al que se han sumado con crudeza inaudita correligionarios del propio Sánchez. El anterior intento, con los mismos protagonistas y colaboradores, se produjo cuando se decidía si se prorrogaban las medidas de lucha contra el Covid. Si el gobierno perdía la votación se quedaba sin autoridad para contener una pandemia, en aquellos meses, mortal. Los muertos por ese gobierno inane clamarían venganza inaplazable.
Como se puede constatar por este intento y el anterior todas las fuerzas contrarias a un gobierno de izquierdas se han confabulado para consumar el penúltimo asalto. ¿Cómo pueden interpretar la Constitución quienes ni la respetan ni la cumplen? ¿Cómo pueden las derechas hablar de democracia cuando atentan contra su máxima expresión en el Parlamento? ¿En qué posición quedan los artífices de este último intento de derribar a un gobierno legítimo? ¿Dejarán secuelas tales comportamientos en la ciudadanía o nos hemos vuelto insensibles y equidistantes como las rocas?
Los ciudadanos saben que habrá elecciones en mayo para renovar Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Y que después seguirán elecciones para elegir a los representantes de las Cortes Generales. ¿Por qué tantas urgencias por derribar a un gobierno? Así están las cosas por aquí, incluidas dialécticas perversas, estrategias desestabilizadoras, incumplimientos inconstitucionales, injerencia de órganos jurisdiccionales en otros poderes del Estado y hasta diferencias internas, mostradas públicamente más allá de cualquier interés nacional.
