La mala política nos ha venido quitando, en nombre de la sagrada polarización, no pocas instituciones y organismos del Estado.
La merma en la credibilidad de la Fiscalía, del CIS o del Tribunal Constitucional, sumada a la distancia del Gobierno con las Cortes Generales y estas, a su vez, de la ciudadanía española, debilitan nuestro Estado.
Sin Estado fuerte, los españoles tenemos menos capacidad de control, menos herramientas para asegurar que somos la mayoría los que podemos decidir a través del voto el futuro de nuestro país.
Hemos normalizado incluso que se nos diga desde Moncloa de una forma poco velada que es mejor no anticipar elecciones generales porque el resultado sería malo para el país. Aunque sea lo que vote ese mismo país.
Muchas de esas piezas fundamentales del Estado, es justo decirlo, venían ya renqueando desde legislaturas anteriores. Unos gobiernos tras otros han ido degradando su uso de forma paulatina hasta llegar a la situación actual. No ha sido traumático, más bien progresivo. Los españoles, poco a poco, hemos ido asumiendo que casi todo el Estado estaba al servicio de los partidos políticos antes que al nuestro. Ábalos lo tenía clarísimo, parece.
La dejadez en nuestra fiscalización, en dar el voto "al menos malo", ha supuesto que perdamos esas piezas fundamentales de control y que hoy no sepamos si la Fiscalía, por poner un ejemplo, no rebaja la petición de pena a Aldama porque es lo correcto, por castigarle al haber mencionado a Sánchez o por enfrentarse al PP. Da igual qué opción sea, simplemente han logrado que no pongamos la mano en el fuego por la primera. Tener que asumir esto es una derrota como ciudadanía.
Pero Sánchez ha podido hacerlo al estar muchas de esas instituciones, como decíamos, ya en entredicho. No ha sufrido demasiado coste por ello, aunque sí crítica pública. Una crítica que ha venido poniendo de manifiesto esa degradación institucional y que podría haber supuesto el fin de cualquier legislatura, menos esta.
Ahora el choque llega de nuevo —sí, como presuntamente parece, contamos a Leire Díez como la primera en hacerlo— con la Guardia Civil.
No salió bien parado el Gobierno de ese primer encontronazo público, a pesar de negar lo que parecía, a pesar de asegurar que no tenían nada que ver con quien, según los audios, pedía "algo" contra Balas.
El error ahora es mayúsculo. Con dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio luchando contra los narcos —entrenados y equipados para hacer todo el daño posible—, no se acude al funeral, no va ningún ministro. Ni siquiera el del Interior para acompañar a su cuerpo, su gente, sus trabajadores.
Aseguran, tal vez para compensar, que se invierte más, mientras los agentes relatan que les falta mucho, muchísimo.
No parece que la Guardia Civil sea una institución más que los españoles —desde los más rojos a los más de derechas— están dispuestos a dejar caer también en esa mancha política. Por lo que supone, por lo que nos jugamos.
Tienen la credibilidad, el sacrificio y el reconocimiento de todos. El Gobierno haría bien en darles los medios que les faltan, evitar cualquier enfrentamiento, soportar los abucheos… y dejarles trabajar, caiga quien caiga.
Puede que desde Andalucía el mensaje se envíe alto y claro.
