El petróleo sube como la espuma pero baja con una velocidad burocrática. Basta con que en algún lugar del planeta alguien pronuncie las palabras "Oriente Próximo" para que el surtidor empiece a marcar cifras como si estuviera compitiendo en la Fórmula 1.

La guerra en Irán ha sido el último pretexto. El barril de petróleo ha vuelto a superar los cien dólares y, en cuestión de días, las gasolineras han reaccionado con una rapidez admirable. Admirable, al menos, para quien se dedique a estudiar la elasticidad de los precios… siempre en una sola dirección.

Porque la realidad es bastante menos épica que la que nos venden, ya que todavía no estamos consumiendo el petróleo que supuestamente está bloqueado en el estrecho de Ormuz. Estamos consumiendo el que ya estaba comprado, almacenado y pagado hace semanas o meses; pero eso no parece importar demasiado cuando llega el momento de subir el precio en el surtidor.

La lógica es sencilla; el combustible se encarece antes de que exista el problema real. La posibilidad de escasez basta para justificar la subida inmediata. Lo curioso es que, cuando el problema desaparece, el precio tarda meses en enterarse.

La historia se repite siempre. El petróleo sube como la espuma y baja con la parsimonia de una procesión de Semana Santa organizada por un burócrata. Cuando termine la guerra, porque terminará, el precio no caerá a la misma velocidad a la que subió. Durante meses muchos seguirán vendiendo combustible comprado a precio normal como si procediera de un mercado en plena escasez.

Mientras tanto, el Gobierno observa. Observa cómo el combustible se encarece, cómo transportistas, autónomos y profesionales ven aumentar sus costes y cómo el efecto dominó se extiende por toda la economía, sin hacer absolutamente nada.

No se pone en marcha una reducción temporal del IVA, ni ayudas directas a los sectores más afectados, ni una estrategia para amortiguar el golpe, nada, absolutamente nada. El silencio administrativo convertido en política energética.

Lo más sorprendente, sin embargo, no es la pasividad del Gobierno. Lo verdaderamente fascinante es la reacción de algunos sectores que se indignan cuando los profesionales reclaman medidas.

Transportistas, agricultores o autónomos piden soluciones y enseguida aparece el coro de moralistas indignados. Les parece mal que se utilice dinero público para aliviar el impacto del combustible, como si el Estado no gastara ya cantidades descomunales en cualquier otra cosa que sí encaja con sus prioridades ideológicas.

Es el viejo síndrome del "ni come ni deja comer". No quieren que se ayude a quienes sostienen buena parte de la economía, pero tampoco ofrecen alternativa alguna.

El resultado es el de siempre: precios disparados, soluciones inexistentes y un país que vuelve a comprobar que, cuando llega una crisis energética, el ciudadano está completamente solo frente al surtidor, y éste, como sabemos, nunca pierde.

Inacción, excusas y promesas vacías: el Gobierno de España ha perfeccionado el arte de convertir la incompetencia en política de Estado porque, como ya saben, al final el problema será de los fachas y de la política del fango.