La licitación ejecutada por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 10.547 millones de euros hasta el pasado mes de mayo, lo que representa un crecimiento del 22,3% respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de Castilla-La Mancha, la licitación en términos anuales hasta mayo creció un 25,3%, por importe de 283.934 millones de euros.

Pese a este avance de doble dígito, la actividad se ha moderado significativamente en los últimos meses, puesto que entre enero y marzo el volumen de licitaciones acumulaba un crecimiento del 45,8%, cifra que contrasta con el 22% al que ha pasado en el cuarto y quinto mes del año.

Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), los ayuntamientos lideraron el crecimiento, con 4.450 millones de euros, un 36% más, seguidas de las comunidades autónomas, que licitaron un 30% más (3.462 millones).

Por su parte, la Administración general las disminuyó un 2,1% (2.634 millones), debido al descenso del 34% en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una caída que en mayo no pudo compensar el limitado crecimiento del 1,5% en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

De hecho, en este último Ministerio, la única entidad pública que consiguió incrementar sus licitaciones fue Adif, un 42%, frente al descenso del 72% de la Dirección General de Carreteras, del 52% de Aena o del 19% de las autoridades portuarias.

En cuanto a las comunidades, Madrid fue el principal licitador, con más de 1.000 millones de euros, casi tres veces más, seguida de Andalucía, con 382 millones (un 10% menos); y de Comunidad Valenciana, con 334 millones (un 55% más).

En términos porcentuales, las que más incrementaron el importe licitado fueron Canarias, Asturias, Castilla y León y Madrid, en este orden, todas con un crecimiento superior al 100%.

También crecieron, aunque menos, en Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha. Por el contrario, seis regiones las disminuyeron: Extremadura, Cataluña, La Rioja, País Vasco, Andalucía y Galicia.