El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Toledo, Javier de Antonio, ha advertido que el "aumento de deuda" en el pago de los descuentos por el carburante, que se ha acrecentado este pasado mes por parte del Gobierno, puede acarrear el cierre de estaciones.

Es la reflexión que ha realizado este viernes, en rueda de prensa junto al secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), en la que ha explicado que la obligación de tener que adelantar los descuentos está afectando "seriamente" al sector con un endeudamiento que ha cifrado en 1.500 euros.

"El Gobierno tomó la medida de facilitar un anticipo con respecto al 90 % de las ventas medias mensuales del 2021, cuando las restricciones por la pandemia aún existían, con el consiguiente menor gasto, y eso ha provocado que, al pagar hasta el día 20 de abril, tengamos problemas importantes de tesorería", ha dicho.

El también presidente de Fedeto ha abundado que "estamos a 6 de mayo y todavía no encontramos el abono en nuestras cuentas de los descuentos de abril y, con ello, seguimos acumulando deudas y serios problemas para mantener abiertos los negocios".

Ha reconocido que la Agencia Tributaria ha reconocido en algunas regiones esas deudas, pero en el caso de Castilla-La Mancha "a día de hoy no hay ningún abono en nuestras cuentas".

Una situación que De Antonio ha calificado de "lamentable" toda vez que "el Real Decreto nos sitúa como colaboradores cuando estamos pagando las medidas que acomete el Gobierno y, encima, ahora nos encontramos con la declaraciones (Nadia) Calviño (ministra de Economía)l de que estos descuentos resultan insuficientes porque el precio del carburante sigue subiendo y nos acusa a nosotros de inflar el precio".

De Antonio ha rechazado tal acusación: "No hay subida intencionada, en absoluto", ha atajado, para criticar al Gobierno central "primero por su incapacidad para tomar medidas que sean realmente eficaces y después el total desconocimiento del sector" proque "el precio del carburante está determinado por el del barril de petróleo".

Y ha mostrado su perplejidad porque "para unas cosas el precio sube por guerra de Ucrania y ahora resulta que sube por los gasolineros", que ha rechazado de plano al reflexionar que "aparte todos los problemas que tenemos de financiación, de asumir los costes de transformación de nuestro software para cumplir con la media del Real Decreto, tenemos que asumir unos costes de entre 1.200 y 3.000 euros de media".

El presidente toledano ha lamentado que se les pueda tachar "como los malos de la película cuando estamos pagando una fiesta que atenta contra el principio jurídico" y después de mantener "la responsabilidad de intentar dar un servicio".

De Arribas ha confirmado, por último, que "conozcamos no hay ninguna gasolinera cerrada, pero volvemos a estar en una situación delicada y los cierres se pueden volver a repetir", ha reiterado.