La medida avanzada por la ministra de Educación, Pilar Alegría, de prohibir el uso de los teléfonos móviles en las aulas y el recreo de Educación Infantil y Primaria, y regularlo en Secundaria para usos exclusivamente pedagógicos, ha sido bien acogida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, primera región que prohibió el uso de estos dispositivos en las aulas. 

Esta postura del Ejecutivo autonómico la ha verbalizado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que en unas declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde ha explicado que este tema será tratado en "una Conferencia Sectorial que se celebrará en el mes de enero" donde la región ofrecerá su experiencia. 

Pastor ha asegurado que "la posición de nuestra comunidad autónoma es la de tender, en todo momento, la mano al Ministerio en el desarrollo del marco que se derive, así como aportar el trabajo que venimos realizando desde 2014".

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De igual modo, ha desvelado que en la última Mesa de Padres ya se informó que el Gobierno regional pretendía hacer "una regulación más concreta de ese uso pedagógico de los teléfonos para prevenir las adiciones y fomentar la utilización responsable de estos dispositivos por parte del alumnado".

De hecho, Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Así, la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores "no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas".

"Ahora bien, el sistema educativo no puede hacer solo toda la labor. Tiene que ser un objetivo colectivo a fin de fomentar una relación con estos dispositivos más sana", ha añadido.

67.000 firmas para prohibir su uso 

Precisamente en Castilla-La Mancha ha nacido una de las iniciativas que más repercusión está teniendo en este sentido, la encabezada por Ángela Sánchez. Esta profesora toledana que ejerce su labor en la capital regional en comisión de servicio por cuestiones humanitarias pero que pertenece al cuerpo de docentes de la Comunidad de Madrid ha llevado al Congreso de los Diputados 67.000 firmas para impulsar una ley que prohiba el uso de estos dispositivos a menores de 14 años.