El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, tres de sus consejeros y funcionarios del gobierno catalán por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas considera al expresidente de la Generalitat el máximo responsable del coste del 9-N y le obliga a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que es el importe total de todas las fianzas fijadas. Es decir, Mas tendrá que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no hayan podido afianzar.

Los 5,25 millones de euros responden a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El Tribunal de Cuentas ha dividido el coste total en varios bloques --registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria, envío de información, entre otros-- en los que Artur Mas aparece en todos.

Al igual que Mas, el resto de personas implicadas en este procedimiento contable abonarán las cantidades señaladas de forma solidaria con respecto a cada uno de los bloques en los que se les considera responsables.

En este sentido, la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega tendrá que pagar hasta un máximo de 3 millones de euros; al exconsejero de Presidencia Francesc Homs se le ha impuesto una fianza de hasta 2,1 millones de euros; y a la exconsejera de Educación Irene Rigau 8.000 euros.

Esta cantidad, que deberá garantizarse en un plazo de 15 días o se procederá a embargar los bienes de los responsables del reférendum ilegal de 2014, es una fianza provisional que garantizará el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean condenados.

El Tribunal de Cuentas ha citado este lunes al expresidente de la Generalitat, a los tres exconsejeros, así como a otras siete personas que participaron en la organización del referéndum del 9N para informarles de la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.