Los portavoces de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos defienden las promesas de sus programas electorales relacionadas con la política cultural. Entre los temas candentes figuran el mecenazgo, la propiedad intelectual y el Estatuto del Artista. En los últimos años, el clima dialogante y hasta amistoso de la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha demostrado que esta materia constituye el frente menos cruento de la arena política española, capaz incluso de generar consensos -como el del Estatuto del Artista-, algo poco habitual en el resto de áreas, contaminadas por la demagogia y la polarización. Según los datos del último barómetro del CIS, de febrero de este año, las diez principales preocupaciones de los ciudadanos son, por este orden, el paro, los políticos y la política en general, la corrupción, los problemas de índole económica, la sanidad, los problemas de índole social, la inmigración, la educación, la calidad del empleo y el décimo lugar lo comparten las pensiones y el independentismo catalán. Por tanto, es lógico que en plena campaña electoral las propuestas relacionadas con la cultura generen escasos titulares, pero haberlas, haylas. A diez días de las elecciones generales del 28 de abril, analizamos las medidas contempladas en los programas de los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria en la última legislatura: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Algunos programas reflejan líneas generales de actuación mientras que otros son muy exhaustivos y pormenorizados, lo que hace difícil la comparación cuantitativa entre ellos. El del Partido Popular dedica 14 puntos a la cultura; 8 el del PSOE, con muchas subdivisiones; Ciudadanos aporta 9 propuestas; y por su parte, el programa de Podemos se fija 6 objetivos principales. El Cultural ha conversado con los portavoces de cultura de los cuatro partidos: María José García-Pelayo (PP), Ibán García del Blanco (PSOE), Sofía Fernández Castañón (Podemos) y Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos) para desgranar y contrastar sus propuestas en distintos temas (no siempre reflejados en los programas) que han marcado al sector de la cultura últimamente.
Ley de Mecenazgo
Durante el Gobierno de Rajoy, la secretaría de Estado de Cultura trató de impulsar la creación de una Ley de Mecenazgo que finalmente se encontró con el freno de Hacienda, por lo que al final el proyecto se quedó en un ligero aumento de los incentivos al mecenazgo tras la reforma fiscal que entró en vigor en 2015. Este año, PP, PSOE y Ciudadanos incluyen en su programa la creación de una ley para fomentar el mecenazgo cultural, deportivo, científico y social. De hecho, en octubre de 2018 PP y Ciudadanos registraron sendas proposiciones de ley con contenidos similares, entre ellos mayores beneficios fiscales para los mecenas y una mayor seguridad jurídica para esta figura. García del Blanco asegura que el PSOE lleva trabajando desde que llegó a La Moncloa para "establecer un corpus normativo único que dé sentido a una Ley de Mecenazgo que se pueda llamar como tal. Técnicamente no es fácil, si no lo habríamos hecho ya", añade, y cree que la futura ley de mecenazgo "no puede ser una tentación para que no existan inversiones públicas". García-Pelayo explica que, en caso de gobernar, "el PP tramitará como proyecto de ley lo que ha presentado como proposición de ley desde la oposición". También afirma que "durante la etapa de Rajoy se dieron pasos importantes en relación con el micromecenazgo. Luego desde la oposición hemos entendido que la situación económica del país ya permitía avanzar más y crear una ley sin tantas limitaciones por parte de Hacienda". "Además de una fiscalidad atractiva, el mecenazgo necesita seguridad jurídica. Ahora que se habla de la reconstrucción de Notre Dame, es esencial que el donante sepa qué se va a encontrar a nivel jurídico cuando dona", señala Marta Rivera de la Cruz. Por su parte, Podemos no contempla en su programa la creación de una ley de este tipo. "El mecenazgo no va a ser la panacea", señala Fernández. "Puede servir para que el Gobierno se lave las manos a la hora de financiar la cultura. El Estado debe comprender que la cultura es un derecho y que puede ser un sector deficitario que no debe ser visto con criterios mercantilistas", añade la portavoz de cultura del partido morado.IVA cultural
Aunque ninguno de los cuatro partidos analizados alude a este asunto, el IVA de los productos y espectáculos culturales ha sido uno de los principales temas de debate en el sector en los últimos años. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy lo incrementó 13 puntos (del tipo reducido, que hasta entonces era del 8 %, al tipo general, que subió al 21 %). Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 volvieron a aplicar el tipo reducido de IVA (10 %) a las entradas para espectáculos de artes escénicas, conciertos y toros. El cine tuvo que esperar al año siguiente para ver cómo las entradas caían también al 10 % de IVA, lo cual fue interpretado como un agravio por parte del sector. A la música grabada y el ebook siempre se aplicó el IVA general, por lo que actualmente tributan al 21 %, aunque la Unión Europea ha dado luz verde para que el IVA del libro electrónico se equipare con el libro de papel, que disfruta de un IVA superreducido del 4 %. Una medida que estaba contemplada en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado y cuya no aprobación ha dejado en el aire. "Creo que el PP sorprendería si subiese los impuestos. Tenemos claro que es fundamental para crear riqueza y promover la cultura, haciéndola accesible", señala García Pelayo. "Quien esté siguiendo a Pablo Casado verá que la bajada de impuestos es el gran pilar de nuestra política económica". Marta Rivera de la Cruz afirma: "El IVA cultural se bajó porque Ciudadanos lo exigió para aprobar los presupuestos, con una resistencia férrea del PP, primero la de los espectáculos en directo y luego la del cine. Es curioso que este tema haya salido del debate. Ahora mismo si pusiéramos sobre la mesa una nueva bajada no sé cómo sería recibida, pero sigue siendo más alto que en los países de nuestro entorno, y pienso por ejemplo en lo difícil que tienen las galerías de arte [donde el IVA sigue siendo del 21 %] para competir con otros países". Podemos, por su parte, hace hincapié en que un IVA cultural elevado no solo afecta a los profesionales del sector, sino al conjunto de la ciudadanía porque encarece el acceso a la cultura. "Ya que hemos rescatado a los bancos, debemos rescatar también a la ciudadanía, y dentro de esa obligación debe figurar el acceso a la cultura", afirma Fernández Castañón.Estatuto del Artista
No se debe confundir el IVA de las entradas a espectáculos o de los productos culturales con el de los servicios prestados por profesionales del sector. En diciembre de 2018, el Gobierno de Sánchez aprobó un decreto-ley con el primer paquete de medidas que empieza a poner en práctica el informe del Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad por el Congreso de los Diputados en septiembre. Entre estas medidas figura el descenso de este impuesto del 21 al 10 %. Tanto el PP, como Ciudadanos y Podemos indican en sus programas que desarrollarán las recomendaciones del Estatuto del Artista en caso de gobernar. "La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la de jubilación", afirma Podemos en su programa electoral, en alusión al problema de la compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y rendimientos económicos por derechos de autor, algo que puso en pie de guerra a los creadores más veteranos, que se agruparon en la plataforma Seguir Creando. El Estatuto del Artista acaba con esta incompatibilidad, pero la medida aún no se ha hecho efectiva. Todos los partidos coinciden en que será de las primeras medidas que tendrá que poner en práctica el nuevo Ejecutivo. García Pelayo considera que el decreto-ley aprobado por el PSOE para empezar a ponerlo en práctica "es bastante chapucero". "Después de todo el trabajo de la comisión no ha contentado a nadie", asegura la diputada popular.Propiedad intelectual
En cuanto a la defensa de la propiedad intelectual, el PP propone crear una fiscalía especializada. "No solo es una medida necesaria para proteger a los creadores, sino que además el Estado ha dejado de ingresar 3.000 millones de euros en los últimos cinco años como consecuencia de los delitos de piratería", asegura García-Pelayo. "Nosotros proponíamos la creación de una fiscalía especializada, pero nos hemos dado cuenta de que la lucha es mucho más efectiva cuando se hace por la vía administrativa", señala Rivera. "Cuando un delito contra la propiedad intelectual llega a la fiscalía se ha consumido tanto tiempo que el creador ya ha sido perjudicado. Por eso lo que planteamos es reforzar la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual", añade la responsable de cultura de Ciudadanos.De izquierda a derecha, María José García-Pelayo (PP), Ibán García del Blanco (PSOE), Sofía Fernández Castañón (Podemos) y Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos)