Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona
Por qué ha sido imputado Josep Maria Bartomeu y cuál es el papel de Laporta: comisiones y pagos sospechosos en el Barça
La denuncia interna desemboca en un frente penal con tres operaciones bajo lupa y citaciones fijadas para octubre y diciembre.
Más información: Bartomeu y sus directivos en el Barça, imputados por el cobro de comisiones en fichajes tras una denuncia de Joan Laporta
Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 16 ha citado como investigados a Josep Maria Bartomeu y a parte de su antigua cúpula ejecutiva por presunta administración desleal.
También han sido llamados Òscar Grau y el abogado José Ángel González Franco. Las comparecencias están fijadas para el 24 de octubre de 2025 (Bartomeu y Grau) y el 4 de diciembre de 2025 (González Franco).
El origen del caso está en la actual presidencia. Tras ganar las elecciones, Joan Laporta ordenó un forensic que detectó pagos sin causa, contratos simulados y comisiones desproporcionadas.
El club trasladó los hallazgos a la Fiscalía en febrero de 2022, que abrió diligencias por hechos que habrían causado hasta 30 millones de euros de perjuicio al FC Barcelona.
El forensic señaló comisiones de hasta el 33%, muy por encima del estándar del sector, y pagos a intermediarios que no habrían superado el control interno. Con esos indicios, el club denunció ante Fiscalía.
Para el ministerio público, Bartomeu "omitió el deber de diligencia y lealtad" y "usurpó" funciones de la junta directiva.
La Fiscalía ha concretado ahora que hay tres operaciones bajo sospecha:
1) El fichaje de Malcom
En 2018, el Barça cerró a contrarreloj el fichaje de Malcom por 41 millones de euros, procedente del Girondins de Burdeos.
Tras la firma, el jugador y la sociedad Elenko Sports pactaron 10 millones para intermediarios.
El club acabó abonando 855.600 euros a esa sociedad sin contrato previo con ella, lo que obligó a presentar una complementaria a Hacienda con recargos e intereses.
La Fiscalía interpreta que hubo aprobaciones fuera del cauce de la junta y un sobrecoste injustificado.
La auditoría enfatizó que la comisión rondó el 25% del precio, muy por encima del 5% habitual. Esa asimetría es el eje probatorio para sostener administración desleal.
Más allá de los porcentajes, el elemento fiscal agrava el cuadro. La regularización por recargos e intereses encareció el coste total, impactando en caja sin retorno deportivo equivalente.
En términos de gobernanza, el reproche es claro: faltó control y sobró discrecionalidad.
2) Minutas en el 'caso Neymar'
Se investiga el pago de 1,7 millones de euros al abogado penalista José Ángel González Franco ligado al cierre de conformidad penal por el fichaje de Neymar.
Aquel acuerdo supuso que el club admitiera dos delitos fiscales y abonara una multa de 5,5 millones de euros, muy inferior a los casi 70 millones que, según algunas fuentes, llegó a plantear la acusación.
La tesis de Fiscalía es que esa minuta pudo no responder a trabajos reales vinculados a la conformidad o, en parte, solventar gastos de defensa de personas físicas.
El ministerio público señala que el desembolso se habría aprobado fuera del ámbito colegiado de la junta.
El entorno del letrado lo niega de plano y enmarca la cifra en un "success fee" por resultado: minimizar la exposición penal del club y el importe final de la sanción.
Otras teorías recogen esa misma versión y sitúan el pago dentro de usos del mercado en pleitos complejos. Más allá del debate técnico, la clave jurídica vuelve a ser el proceso de aprobación.
La instrucción evaluará si la junta conoció, deliberó y votó la minuta, y si se preservó el interés social del Barça. Sin ese expediente, la discrecionalidad podría mutar en deslealtad.
3) 1,5 millones al Club Esportiu Laietà
Según la Fiscalía, el Barça pagó 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por molestias y supuestos servicios a empleados, pese a que sus terrenos no estaban afectados por la modificación urbanística aprobada en 2017 para el proyecto del Espai Barça.
Los 1,5 millones estarían repartidos en tres partidas: 561.807 euros al Club Esportiu Laietà por ruido y polvo; 516.000 euros al Club Deportivo Laietà por uso de instalaciones; y 421.925 euros a la Fundación homónima por afectaciones.
La Fiscalía lo ve como trato de favor injustificado. Este capítulo conecta con una crítica recurrente en el forensic solicitado por la directiva de Joan Laporta: pagos sin causa y documentación insuficiente.
Si el juez considera que no hay contraprestación real o necesidad objetiva, el desembolso podría integrar administración desleal. La instrucción afinará ese juicio de proporcionalidad.
El papel de Joan Laporta
En este momento de la investigación y la instrucción, el tipo penal invocado es administración desleal en su modalidad continuada.
En el caso de un club de fútbol, este delito se comete cuando un administrador autoriza pagos o contratos que perjudican a la entidad sin justificación empresarial o saltándose la gobernanza fijada.
Es por esto que todo gira entorno a la falta de aprobación colegiada y en comisiones de cuantía fuera de mercado.
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante del informe
Joan Laporta aparece como denunciante institucional. Su papel es doble: promotor del forensic que destapa las anomalías y garante de que se judicializa lo que, a su juicio, no debe normalizarse en la gestión de un club deportivo.
Tras las declaraciones del 24 de octubre de 2025 y el 4 de diciembre de 2025, el juez deberá decidir si amplía diligencias, archiva o propone continuación hacia juicio.
El reto para el juzgado será vincular cada pago con una decisión concreta y acreditar su dolo o grave imprudencia.
Si se valida la tesis fiscal, la responsabilidad penal podría alcanzar a quienes ejecutaron y validaron los pagos.
Si se acredita causa suficiente o amparo estatutario, el relato podría debilitarse. La contabilidad y los acuerdos de junta serán el campo de batalla.
![Joan Laporta y Josep María Bartomeu, en un fotomontaje](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2021\/05\/06\/deportes\/futbol\/579203430_184262885_320x180.jpg"])
Lo que queda del forensic
El forensic encargado por Joan Laporta a la consultora Kroll en 2021 puso bajo la lupa un abanico más amplio de operaciones que, en parte, no han sido incluidos finalmente en la querella de la Fiscalía.
Entre los otros casos destacados por el forensic se encuentran:
El fichaje de Antoine Griezmann
El informe apuntó a un pago de 15 millones de euros al Atlético de Madrid por un supuesto derecho de tanteo sobre jugadores, vinculado a la llegada de Griezmann en 2019.
Se consideraba un gasto injustificado, aunque la Fiscalía no lo ha incluido en la querella.
Pagos a André Cury
El scouting brasileño cobró casi 700.000 euros anuales como técnico observador con contrato millonario, pero el forensic detectó que no constaba en los archivos del club ningún informe que justificara esa remuneración, pese a que el contrato obligaba a presentar reportes mensuales.
Despacho de abogados vinculado a un directivo
Ese bufete llegó a cobrar 1,7 millones de euros (por el acuerdo del caso Neymar), 0,5 millones por un contrato con Wala y 7 millones de euros por la operación Griezmann, lo que levantó sospechas de conflicto de interés.
Comisiones desproporcionadas
El forensic también llamaba la atención sobre operaciones con comisiones de hasta el 33%, cuando lo habitual en el mercado es entre el 5% y el 10%.
Contratos simulados
La auditoría habló abiertamente de contratos que no tenían contraprestación real y desembolsos sin documentación que los avalara, con impacto negativo en las finanzas del club.
En resumen, el forensic identificó una gestión marcada por gastos inflados, intermediaciones innecesarias y posibles conflictos de interés.
Sin embargo, la Fiscalía ha acotado su querella a tres casos: Malcom, la minuta de González Franco y el pago al Laietà.
![Javier Enríquez Romero, Josep María Bartomeu y José María Enríquez Negreira](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/04\/23\/deportes\/futbol\/758434479_232633373_320x180.jpg"])
La posición de Bartomeu
Josep Maria Bartomeu ha rechazado de forma contundente la narrativa de la acusación desde el momento en que Joan Laporta presentó el forensic.
En un comunicado firmado por su abogado José María Fuster-Fabra, lamenta que su gestión haya acabado en "cuatro procedimientos" sin que exista "el más mínimo indicio de haber obtenido beneficio patrimonial personal alguno".
Añade que ha pedido declarar en el caso denominado Barçagate y denuncia el "grave perjuicio personal" que sufre desde que dejó la presidencia del club.
![Albert Soler, en un acto junto a Josep María Bartomeu](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/02\/17\/deportes\/futbol\/742186516_231001209_320x180.jpg"])
Esa línea de defensa encaja con el argumento del "success fee" en el caso Neymar y con la utilidad que se atribuye a algunos acuerdos colaterales del Espai Barça.
En conclusión, la imputación coloca a Bartomeu ante su enésimo examen judicial y sitúa a Laporta como motor de una purga contable en el Barça con derivadas penales.
El resultado procesal está por escribir. En los próximos meses, las pruebas dirán si hubo mala praxis o malentendidos muy caros.
