Ángel María Villar, detenido por la Guardia Civil.

Ángel María Villar, detenido por la Guardia Civil. Efe

Fútbol Fútbol

El juez envía a prisión sin fianza a Ángel María Villar y a su hijo Gorka

El magistrado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción por los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas.

Carlota Guindal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, de su hijo Gorka, y del vicepresidente económico de la entidad, Juan Padrón. Respecto del cuarto detenido, el secretario de la Federación de Tenerife, Ramón Ángel Hernández Baussou, el magistrado acuerda la la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. En caso de depositarlos, su situación se modificará a las medidas de comparecencias semanales, prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte.

En un auto, el juez acuerda esta medida ante la gravedad de los delitos -administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares- lo que pudiera llevarles a huir de la justicia, "máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen", dice Pedraz, así la posibilidad de obstrucción de la investigación, que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.

Según el juez, al menos desde 2009, Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tantos públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos, como la Fundación y la MUPRESFE. Villar habría establecido lo que denomina un "clientelismo" tanto en la contratación del personal, que recae en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas bien directamente o a través de familiares y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose de los puestos que ostentan.

En el auto, Pedraz detalla todos los "excesos en las facultades de administración" llevado a cabo por parte de Villar "aprovechando su posición de dominio y poder de disposición en la RFEF como, por ejemplo, los nombramientos de la Junta Directiva, la concesión de beneficios, en la contratación y remuneración de personal en este organismo, así como en excesos relacionados con el favorecimiento a su hijo Gorka Villar a través de la sociedad que administra Sports Advisers SL.

Pedraz señala diversos partidos amistosos jugados por la Selección española, como los de Corea del Sor, Venezuela o Chile, "para beneficiar a su hijo Gorka, cuya sociedad acaba percibiendo cobros de las aludidas federaciones". Asimismo, se les achaca un entramado de reventa de entradas en el que participa la RFEF y la Federación Tinerfeña de Fútbol.

Villar, presidente de la Federación durante 29 años, está siendo investigado por su gestión irregular en el organismo, a través del cual habría beneficiado a su hijo con la contratación de servicios a empresas suyas por un precio superior al estipulado o directamente con el desvío de fondos a través, por ejemplo, de la organización de partidos amistosos de la Selección española de fútbol.

Según se desprende de la investigación, su hijo estaría gestionando el dinero de la federación en la sombra, dado que no forma parte de ella.

Además, los investigadores sospechan que Villar habría favorecido económicamente a las personas de su confianza en detrimento de las arcas de la federación para garantizarse su fidelidad. Además, habría “comprado” voluntades de los presidentes de distintas federaciones regionales para garantizarse su voto y así mantener su permanencia en la presidencia de la RFEF.

Otra de las líneas de la investigación es la adjudicación de contratos relacionados con la cesión de derechos comerciales de la Federación al Grupo Santa Mónica con unos márgenes de ganancias muy elevados para la empresa. En febrero de 2013 acordó la resolución de los contratos con dicha entidad con cláusulas muy favorables a la misma, lo que, según la Intervención general del Estado, ocasionó un perjuicio injustificado de varios millones de euros a la RFEF, librando al Grupo Santa Mónica de obligaciones inherentes a su posición deudora.

Por su parte, fuentes de la defensa de Villar sostienen que se trata de una investigación “prospectiva” sin ningún fundamento y que el presidente podrá dar una explicación a todas las acusaciones vertidas contra él.