La Policía tailandesa abrió este lunes, 25 de septiembre, una investigación por supuesta corrupción contra el subdirector del cuerpo, Surachate Hakparn, conocido popularmente como Big Joke. En España se hizo conocido por ser la persona encargada de supervisar el caso de Daniel Sancho (29 años), el chef español que confesó asesinar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta el pasado mes de agosto. 

Apenas 48 horas después de conocerse esta investigación contra él, ha sido el propio Big Joke quien ha reconocido que periódicamente pagó "a tres o cuatro periodistas" que han estado siguiendo la cobertura de algunos de sus casos. Aun así, el subdirector del cuerpo ha negado que se trate de un caso de corrupción.

Big Joke ha realizado estas declaraciones en programa que se emite por redes sociales, en el que además ha admitido que pagaba cerca de 10.000 baht (unos 250 euros) a los profesionales que lo acompañaban "a cubrir noticias" de los casos bajo su jurisdicción. 

[Investigan por corrupción al polémico Big Joke, el jefe policial que supervisa el caso de Daniel Sancho]

Surachate Hakparn, más conocido 'Big Joke', el policía al frente del caso Daniel Sancho EFE

"Tengo tres o cuatro periodistas que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo", ha afirmado el subdirector. Algo que deja de lado la opción de que la supuesta corrupción se haya realizado en el marco de la investigación de Daniel Sancho. El subdirector también ha afirmado que no solicitó a los periodistas "hacer nada en específico", justificando que estos pagos se realizaron porque sabe "que los periodistas no están bien pagados". 

El polémico policía, cara visible de la investigación contra el hijo de Rodolfo Sancho (48), es uno de los cuatro candidatos que aspiran a ocupar el cargo de máximo jefe de la Policía Nacional. De hecho, estaba previsto que el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin (61), nombrase al nuevo responsable este mismo miércoles. Una decisión que, dadas las circunstancias, podría aplazarse. 

La investigación se conoció este lunes, cuando un grupo de agentes registró la residencia de Hakparn, en Bangkok, para buscar pruebas que le relacionasen con el supuesto soborno de unos 140 millones de baht -3,65 millones de euros- de un grupo ilegal de apuestas en línea, tal y como informó el medio estatal Thai PBS. 

Por el momento, no hay orden de arresto contra Hakparn, pero sí contra 30 de sus policías subordinados implicados en el caso del supuesto soborno por parte de un grupo dirigido por Phongsiri Tharawongsuk, conocido como Bostal, un antiguo presidente del club de fútbol tailandés Lamphun Warriors. Big Joke ha negado estas acusaciones, lo que le ha llevado a presentar una querella ante Tribunal Penal alegando que la orden de registro policial era "inadecuada" y que ha causado daños a su "reputación". 

Imagen de la detención de Daniel Sancho en Tailandia. GTRES

El subdirector se ha convertido en el protagonista involuntario de la investigación contra el hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, el mítico Curro Jiménez. Daniel Sancho fue detenido el 5 de agosto tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

La policía tailandesa todavía trabaja en la investigación del caso, para lo que cuenta con un plazo de 84 días desde su ingreso en prisión provisional el 7 de agosto. Una vez concluida la investigación, será la policía quien entregue un informe a la Fiscalía de Samui. A partir de entonces se fijará una fecha para la celebración del juicio. 

Antedecentes del caso

Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron en 2022 a través de Instagram. Habían quedado en la isla tailandesa de Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que, supuestamente, tuvo lugar el asesinato del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

El español compareció el pasado viernes, 22 de septiembre, sin abogado por primera vez, ante un juez tailandés del distrito de Koh Samui en una vista telemática para extender la prisión provisional. 

Por otro lado, Daniel Sancho no sólo se enfrenta a la pena capital en Tailandia. También será juzgado en España a partir del 7 de noviembre por una presunta agresión ocurrida en 2019, en un juicio en el que podría comparecer por videoconferencia si lo permiten las autoridades tailandesas, tras rechazar la Fiscalía española pedir su extradición.