España endurece las normas: ya ha entrado en vigor la prohibición de vender bollería en los colegios

El pasado jueves 16 de abril se acabaron todas las excusas.

El Real Decreto 315/2025 entraba en vigor y, con él, las máquinas expendedoras de los colegios e institutos españoles han dejado de ser ese tentador escaparate de bebidas azucaradas, bolsas de patatas y bollería industrial que todos recordamos de nuestra época de estudiantes.

La norma, publicada en el BOE hace exactamente un año, ha tenido doce meses de margen para que los centros se adaptaran. El plazo ha vencido y ahora toca cumplir.

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Una medida que afecta a todos por igual

La medida afecta a todos los centros educativos del país, eso incluye públicos, concertados y privados, que impartan desde el segundo ciclo de infantil hasta bachillerato y FP de grado medio.

Es decir, prácticamente cualquier colegio o instituto donde haya menores. Y no es un simple consejo ni una guía de buenas prácticas: es una norma con rango de real decreto que contempla sanciones de miles de euros para quienes la incumplan.

¿Qué desaparece de las máquinas y cafeterías escolares?

Técnicamente hablando, desaparecerá todo producto envasado que supere las 200 kcal por porción o en el que más del 10 % de la energía provenga de grasas saturadas o de azúcares añadidos.

En la práctica, esto deja fuera a la inmensa mayoría de bebidas azucaradas convencionales, a la bollería industrial, a las chocolatinas, a las galletas ultraprocesadas y a buena parte del catálogo del que hasta ahora se abastecían esas máquinas.

También se prohíbe la venta de bebidas con más de 15 mg de cafeína por cada 100 ml, lo que incluye las bebidas energéticas que tanto éxito tienen entre los adolescentes.

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La nueva normativa contempla, además, un detalle importante sobre la ubicación de las máquinas expendedoras, que ya no podrán estar ubicadas en zonas accesibles para el alumnado de infantil y primaria.

Y también se les retirará cualquier tipo de publicidad. Nada de logotipos reconocibles que sirvan como reclamo comercial.

Menús más saludables

Pero el decreto no se queda solo en prohibiciones, sino que marca un rumbo bastante claro sobre lo que se debe encontrar en los comedores escolares de aquí en adelante.

Los menús deberán apostar por alimentos frescos y de temporada e incluir siempre un mínimo del 45 % de las frutas y hortalizas propias de cada estación.

Las legumbres, los cereales integrales, el aceite de oliva virgen y el pescado ganan protagonismo. La carne roja se limita a una vez por semana y la procesada, como embutidos, salchichas y similares, a un máximo de dos raciones al mes.

Las frituras, una sola vez a la semana. Los platos precocinados tipo pizza, croquetas o empanados, una vez al mes como mucho.

Otro punto clave es que el agua será la única bebida permitida en los comedores, servida en jarras sobre la mesa, y los centros deberán instalar fuentes accesibles y gratuitas en las zonas comunes.

Se acabó el brick de zumo envasado que solía servirse como acompañamiento del menú del mediodía.

Supervisión profesional

El nuevo decreto también obliga a que los menús sean supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética, y exige que los centros informen a las familias cada mes de la planificación de los menús, incluyendo técnicas culinarias, alérgenos y recomendaciones para las cenas.

Porque, a la hora de redactar la nueva normativa, se ha tenido en cuenta que la comida del colegio es solo una de las cinco ingestas del día y las familias necesitan saber qué han comido sus hijos para poder complementarlo en casa.

El contexto que justifica toda esta regulación no es precisamente alentador. Según un estudio realizado en 2023 por la AESAN, el 36,1 % de los escolares españoles de entre 6 y 9 años presentan sobrepeso.

En las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales, la cifra se dispara hasta el 46,7 %. Y la OMS advierte de que el 60 % de los niños con sobrepeso arrastrará ese problema a la edad adulta.

Queda por ver cómo se aplica en la práctica una norma tan ambiciosa, especialmente en centros que aún cuentan con contratos de suministro vigentes.

De hecho, el propio decreto concede hasta abril de 2027 para la plena aplicación de los criterios que afectan a centros concertados y privados en materia de contratación alimentaria.

Lo que sí está claro desde ya es que lo que comen los niños en el colegio ha dejado de ser un asunto menor para convertirse en una cuestión de Estado.