La Asociación Unificada de Militares Españoles se ha desplazado hasta Zamora capital para mostrar su rechazo al traslado de una unidad de zapadores y otra de artillería a las instalaciones de Montelarreina (Toro) con "el único propósito de repoblar" la provincia de Zamora. La organización que cuenta con más de 4.000 miembros en España acusa al Ministerio de Defensa y las instituciones públicas zamoranas de estar tratando a los militares "como meros objetos" para tratar el tema de la despoblación. Algo para la AUME "intolerable" y que "nada tiene que ver con el deber propio" del Ejército Español.

El secretario de Comunicación de la asociación, Jorge Bravo, ha querido primeramente mostrar su "solidaridad" con la provincia de Zamora y manifestar el apoyo de la AUME en cualquier iniciativa que pueda ayudar a solventar la sangría poblacional en el territorio. Pero han criticado duramente la decisión de Defensa de rehabilitar el campamento militar zamorano con el objetivo de trasladar dos batallones y sus correspondientes familias, "cosificando" a dichos profesionales y provocando un "traslado forzoso" de estos y sus familiares.

Jorge Bravo ha criticado que, en ningún momento, se ha hablado "de la deslocalización, desarraigo y trastorno" que supondrá para las familias un traslado de este tipo "solo por motivos de repoblación y nunca estratégicos". Los militares se sienten "indefensos" ante la posible pérdida de trabajos, estabilidad de los hijos o posibles problemas para quienes tengan familiares personas con discapacidad, de producirse un traslado de unas 1.200 personas a la provincia. Por ello, critican a plataformas como Zamora10 (primera impulsora del proyecto) de "no haber hablado ni tenido en cuenta" cómo podría afectar este traslado a los militares destinados a Toro.

"Los militares no estamos para repoblar una provincia"

La AUME afea a la plataforma para el desarrollo de Zamora que "afirmen que este traslado forma parte de la profesión que cada uno ha elegido" y ha recordado a Zamora10 que el reglamento legal "no indica que los militares estemos para repoblar una provincia". Jorge Bravo cree que la ciudadanía "tiene que tener claro cuales son nuestras responsabilidades y nuestro trabajo". 

Por lo que consideran un incumplimiento de su reglamento, la AUME ha anunciado una serie de acciones legales contra este hipotético traslado a Montelarreina. Jorge Bravo ha explicado que su Consejo de Personal ya ha pedido explicaciones e información sobre el proyecto al Ministerio de Defensa, ya que aseguran que los militares que forman parte de los batallones de artillería y zapadores "están intranquilos pensando que les puede tocar a ellos". Y por otro lado, la AUME estudia acudir al Defensor del Pueblo y más adelante a los tribunales si "vemos que existe un fraude de ley". Si bien ha asegurado que es "difícil" iniciar un litigio por la "falta de transparencia" que impera en Defensa, ya que "nos hemos ido enterando de cada avance del proceso a través de la prensa y nunca del propio Ministerio".

No obstante, Jorge Bravo reconoce que los traslados como tal a los militares son legales y que existe "un vacío" en su propio ordenamiento. Al parecer, no existe ninguna norma específica sobre cómo deben realizarse esos traslados y cuáles son los derechos de los trabajadores en estos casos. Eso sí, la AUME explica que "siempre suelen responder a lo que operativamente necesita la nación en pro de la defensa del país". Algo que consideran "sí es inherente a nuestra profesión", si bien la repoblación de un territorio "no tiene justificación operativa", y recuerda que desde el momento de su nacimiento, la rehabilitación de Montelarreina se pensó solo para ese fin.

Diálogo e incentivos para los militares

La AUME está igualmente molesta por el silencio del Ministerio de Defensa sobre este proyecto a la hora de informar a los militares. Jorge Bravo insta al Gobierno de España a mantener un diálogo abierto con su asociación y los profesionales del Ejército sobre los siguientes pasos que se den en Montelarreina. Un cambio de actitud que podría beneficiar "la voluntariedad" entre los militares que pudieran ser destinados a Toro.

La asociación militar asegura que se hace necesario que Defensa se mantenga en comunicación con ellos y se planteen "facilidades e incentivos" para los militares y las familias que tengan que trasladarse allí. En la actualidad, existe una Ley de Movilidad entre los militares que sirve para dar ayudas únicamente para el alquiler, pero que para Jorge Bravo está obsoleta (es de los años 90) y debería de modificarse para tener un nuevo marco normativo que tenga en cuenta el trabajo de los cónyuges, el acceso a colegios y guarderías y otra serie de incentivos "porque nos están cambiado la vida y el ámbito asistencial, por lo que algo nos tendrán que ofrecer".