Arroyo alerta de un "aumento de la conflictividad" en la zona de los pisos okupados y pide seguir con el proceso de desalojo

El municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda ha alertado de un "aumento de la conflictividad" en el entorno de la calle Narciso Monturiol, la zona de Arroyo de la Encomienda donde se encuentran los pisos okupados. 

Tal y como ha dado a conocer el Ayuntamiento, ha remitido un informe a la Sareb que certifica esta realidad y que recoge que las actuaciones policiales "se han multiplicado por ocho desde la llegada de los okupas en 2022". En palabras de la Policía Local, "una situación sin precedentes en otras zonas del municipio". 

El informe ha sido solicitado por la sociedad con el fin de conocer cuál es la situación social en el entorno de la comunidad Arroyovereda, donde la entidad es propietaria de un centenar de viviendas, de las cuales más de 50 de ellas se encuentran okupadas desde hace casi tres años. 

Tal y como explican desde el Consistorio, el documento elaborado por la Policía Local consta de 30 páginas y efectúa un repaso estadístico de las intervenciones en la zona.

Y es que, las cifras recabadas desvelan que las actuaciones policiales se han disparado desde 2022, que fue cuando se iniciaron las usurpaciones de viviendas.

Ese primer año, casi se triplicaron los avisos a la Policía Local y ya en 2023 estallaron hasta multiplicarse por ocho en toda esa zona (calles Narciso Monturiol, Arturo Duperier y plaza de los Premios Nobel), pasando de una media de 15 intervenciones anuales en los ocho años previos a las 128 de 2023 y a las 106 anotadas durante los primeros 10 meses de este 2024, periodo al que se ciñe el análisis. 

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La Policía Local de Arroyo ha calificado la situación de “compleja y conflictiva”, al haber obligado a incrementar los recursos policiales destinados a reforzar la seguridad en esas calles.

El informe asegura que esta conflictividad provocada por la llegada de los okupas la sufren “de manera muy especial los habitantes de esta comunidad y su entorno", pero que también tiene consecuencias para el resto de habitantes del municipio.

Asimismo, recoge los diferentes problemas de convivencia que sufren los vecinos y señala que "raramente quieren formular denuncia por escrito por temor a recibir represalias”. 

Un control policial en la zona Narciso Monturiol Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Además, se habla de suciedad en zonas comunes, al arrojarse la basura a las papeleras de la comunidad en lugar de a los contenedores de la calle; de roturas y daños en bancos, puertas y ascensores; de imposibilidad de uso de las zonas comunes (piscina y pista de pádel); y “todo tipo de comportamientos incívicos”. 

De este modo, el documento incluye algunas de las fotos remitidas por los vecinos y hace alusión a algunas de las intervenciones más significativas de estos meses, desde la primera okupación detectada, en diciembre de 2021, hasta la aparición de un perro muerto en una arqueta del garaje comunitario, en agosto de 2024.

Desalojo VS alquiler social

“Son situaciones totalmente anormales. Es evidente que la llegada de estos okupas ha creado un foco de conflicto y no entendemos que el Sareb no quiera verlo. Por ello, desde el equipo de Gobierno siempre nos hemos opuesto a esta legalización de las okupaciones que se pretende llevar a cabo”, ha expresado el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández.

En este sentido, cabe destacar que, según ha recordado el alcalde, la Sareb pretende la inclusión de 15 de los okupas en el Programa de Alquiler Social del Sareb, “siempre que esa decisión no fuera un foco de conflictividad”.

Asimismo, ha apuntado que una de las condiciones que se pusieron sobre la mesa en las reuniones entre el Ayuntamiento y la entidad se basaba en que "si había conflicto, no habría alquiler social”.

“La Policía Local deja claro en su informe que, efectivamente, la conflictividad ha aumentado por culpa de los pisos okupados, así que no se entendería otra decisión que no fuera continuar con el proceso judicial de desalojo de todos los inmuebles okupados y no dar esos alquileres sociales que pretenden”, ha insistido el regidor. 

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Así, se ha posicionado "del lado de nuestros vecinos, de los que pagan su hipoteca o su alquiler en ‘Arroyovereda’, y de todos los que conviven en un entorno que se ha convertido en foco de problemas".

Finalmente, el alcalde ha señalado que "ahora toca esperar a que Sareb y los jueces nos escuchen y no perpetúen esta situación, que no castiguen a los vecinos de Arroyovereda y a los de todo Arroyo". 

Cabe destacar que el Ayuntamiento también ha remitido a la entidad un informe elaborado por el Centro de Acción Social de Arroyo, en el que se detalla la situación de cada uno de los 15 casos de okupación que han sido considerados por la Sareb como susceptibles de pasar a su Programa de Alquiler Social.

El documento distingue entre los dos casos de inquilinos que ya residían en la vivienda en régimen de alquiler antes de las okupaciones y que pagaron hasta la quiebra de la inmobiliaria dueña de los pisos, y los casos de “familias que se han trasladado a vivir a dicho inmueble aprovechando la situación y han ocupado las viviendas”.