Imagen del centro Scayle.
La Junta rechaza el proyecto de Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos y reclama unas reglas “coherentes”
Considera la propuesta “excesivamente restrictiva” lo que puede llevar a que “las inversiones se hagan en otros países” y ha presentado alegaciones.
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La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones para rechazar el proyecto de Real Decreto del Gobierno que establece nuevos requisitos para los centros de datos.
Lo ha hecho a través de las consejerías de Medio Ambiente y Energía y de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.
Considera que la norma, tal y como está planteada “frena inversiones futuras en el territorio y pone en riesgo proyectos ya en marcha, además de perjudicar a centros públicos, científicos y de investigación”.
En las alegaciones se piden normas regulatorias “equilibradas y coherentes”, ya que las condiciones planteadas “son inasumibles” e “impiden en la práctica la instalación de nuevos centros o ponen en peligro proyectos que ya han invertido, obtenido permisos o se encuentran en avanzado estado de tramitación”.
Señalan que uno de los principales problemas que plantea el proyecto es que “obliga a los centros a cubrir el 80 % de su consumo eléctrico con determinadas fuentes renovables y, además, a demostrar ese porcentaje hora a hora”.
Desde la Junta de Castilla y León señalan que “esto resulta especialmente difícil para instalaciones que necesiten funcionar de forma continua, mientras que la producción solar y eólica no es constante durante todo el día”.
El Ejecutivo Autonómico “considera que debe permitirse utilizar también otras soluciones, como el almacenamiento de energía o la gestión flexible del consumo”.
El Gobierno de Castilla y León también rechaza que estas nuevas exigencias puedan aplicarse a proyectos que ya están en marcha.
“No se considera razonable cambiar las reglas cuando una empresa o una administración ya ha comprado terrenos, realizado inversiones, obtenido permisos o puesto en marcha una actuación”, añaden.
Otro de los puntos especialmente cuestionados son las penalizaciones previstas, que pueden llegar hasta el 500 %.
En las alegaciones se considera que una desviación puntual o una circunstancia técnica que no dependa del titular no puede acabar poniendo en peligro la viabilidad de un proyecto.
“Además, una norma excesivamente restrictiva puede hacer que las inversiones se vayan a otros países que ofrecen condiciones más competitivas. Esto supondría perder oportunidades para Castilla y León en sectores como la inteligencia artificial, la supercomputación, los servicios digitales, la innovación y el empleo cualificado”, añaden.
El objetivo debe ser “conseguir centros de datos sostenibles, pero también hacer posible que se construyan y generen actividad y empleo en Castilla y León y especialmente en el medio rural”.
Para la Junta “regular no debe significar bloquear”.
“Castilla y León debe estar en condiciones de atraer y desarrollar las nuevas infraestructuras tecnológicas que van a ser esenciales para la economía y los servicios públicos del futuro, máxime tratándose de una comunidad que tiene autonomía energética con renovables, y con este proyecto de Real Decreto se impediría atraer nuevos proyectos”, añaden desde la Junta de Castilla y León.
El caso de Scayle
La Junta considera especialmente importante que el proyecto de Real Decreto “distinga entre los grandes centros de datos comerciales y las infraestructuras públicas dedicadas a la investigación y al conocimiento”.
Es el caso de SCAYLE, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, una infraestructura pública que presta servicio a universidades, empresas y administraciones y que trabaja en ámbitos como la investigación, la inteligencia artificial y la innovación.
“No tiene sentido aplicar exactamente las mismas reglas a un centro científico-público que, a un gran centro de datos comercial, porque su finalidad y su forma de funcionar son diferentes”, explican.
Scayle necesita, añaden, “una elevada capacidad de cálculo, pero su actividad depende de proyectos científicos, universidades, empresas y administraciones y puede crecer por fases”.
La Junta reclama, por ello, un régimen específico y proporcionado que permita cumplir los objetivos ambientales sin poner en riesgo su funcionamiento.
