El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en una imagen de archivo ICAL
Pollán planta a la Sectorial de Inmigración, suspendida, y la Junta dice que el Gobierno “no garantiza la atención digna”
La reunión sobre el proceso de regularización extraordinaria no se celebró por falta de cuórum tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el PP.
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La Conferencia Sectorial de Inmigración prevista para este jueves ha tenido que suspenderse por falta de cuórum tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
La reunión debía abordar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, pero el plante de las autonomías populares impidió su celebración.
La Junta de Castilla y León ha justificado su ausencia por el rechazo a unas decisiones que, según sostiene, el Gobierno pretende imponer sin diálogo suficiente ni recursos garantizados.
El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado que esta política perjudica tanto a las comunidades como a los propios inmigrantes.
“Es perjudicial para España y para sus comunidades autónomas y también para el conjunto de los inmigrantes, que no pueden ser atendidos con dignidad en las condiciones que el Gobierno quiere imponer”, ha señalado.
Carriedo ha explicado que, más allá de la enfermedad del vicepresidente primero, Carlos Pollán, que ha suspendido su agenda presencial por una lesión muscular, Castilla y León comparte la postura del resto de los gobiernos autonómicos del PP.
La Junta reclama que cualquier decisión en materia migratoria se acuerde con las comunidades y vaya acompañada de plazas, personal y financiación suficientes.
También exige una planificación que garantice alojamiento, asistencia sanitaria, educación y atención social en condiciones dignas.
El arraigo tendrá peso en las ayudas
Carriedo también se ha referido a la aplicación del principio de “prioridad nacional” en los próximos Presupuestos de Castilla y León.
El portavoz ha avanzado que las cuentas incluirán las dotaciones necesarias para desarrollar las 324 medidas del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.
La Junta prevé introducir criterios de arraigo, residencia y vinculación con Castilla y León en las distintas convocatorias de ayudas.
“Daremos importancia, puntuación adicional o prioridad al criterio del arraigo y de la vinculación con el territorio”, ha explicado.
Cada convocatoria fijará cómo se valoran estas condiciones y qué peso tendrán en la concesión de las prestaciones.
La Junta todavía no ha concretado qué ayudas incorporarán estos requisitos.
