Una de las zonas quemadas en la provincia de León Cedida
Acusan a la Junta de Castilla y León de "ocultar" informes sobre la caza y el pastoreo en zonas quemadas
Varias asociaciones denuncian que la Consejería de Medio Ambiente incumple la ley de transparencia al no facilitar los documentos técnicos que justificarían levantar la prohibición de estas actividades en los montes incendiados de León.
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Diversas organizaciones ecologistas y de defensa del territorio han criticado la gestión de la Junta de Castilla y León tras los incendios forestales del pasado verano.
La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC),Ecologistas en Acción, el Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico y Bierzo Aire Limpio acusan a la Administración autonómica de una "opacidad sistemática" que vulnera el derecho europeo y estatal de acceso a la información ambiental.
El conflicto se centra en la decisión de la Junta de permitir la caza y el pastoreo en terrenos forestales de la provincia de León que fueron devastados por el fuego hace apenas unos meses.
Según la normativa forestal vigente, estas actividades están prohibidas por un periodo mínimo de cinco años para asegurar que el suelo y la biodiversidad se regeneren adecuadamente.
Las asociaciones denuncian que, a pesar de haber solicitado formalmente los informes técnicos que supuestamente avalan esta medida excepcional, la Junta no los ha entregado.
Esta falta de respuesta ha llevado a las entidades a cuestionar abiertamente la existencia de dichos documentos.
"Se está impidiendo cualquier forma de control público o evaluación técnica independiente", señalan desde las asociaciones.
Para los colectivos firmantes, nos encontramos ante una "anomalía institucional”, ya que la Junta afirma tener informes para autorizar la caza y el pastoreo, pero se niega a enseñarlos, bloqueando el debate democrático.
Proceso delicado
La regeneración de un monte tras un incendio es un proceso delicado que depende del clima y la biología de la zona.
Las organizaciones advierten que introducir ganado o actividad cinegética de forma prematura compromete seriamente la recuperación del ecosistema.
Además del daño ambiental, las asociaciones alertan sobre la gravedad jurídica de este caso.
El acceso a la información ambiental es un pilar reconocido por el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006 en España.
Al no facilitar los datos, la Junta no solo estaría saltándose una norma administrativa, sino erosionando los mecanismos de control ciudadano sobre el poder público.
Las entidades advierten que no descartan emprender acciones legales adicionales si la Consejería de Medio Ambiente continúa incumpliendo su obligación de transparencia.
