Castilla y León solicita al Gobierno la declaración de zona catastrófica por las borrascas y adelanta “impactos relevantes”

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha acordado formalmente solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para las provincias damnificadas por la sucesión de borrascas que han azotado la península entre los días 7 y 12 de febrero de 2026.

Esta decisión se fundamenta en la magnitud de los fenómenos meteorológicos adversos, que han dejado a su paso un descenso térmico extremo, nevadas copiosas, lluvias torrenciales y rachas de viento que han alterado sustancialmente la normalidad en gran parte del territorio autonómico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada entre administraciones, algo que ya anunció Mañueco el pasado fin de semana.

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"Estamos ante una concatenación de fenómenos que ha superado la capacidad ordinaria de respuesta, lo que nos obliga a invocar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para garantizar que ningún ciudadano ni municipio se quede atrás en la recuperación", ha señalado Carriedo.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha apelado a la prudencia de los castellanos y leoneses por el temporal que afecta a buena parte de la Comunidad y que se prevé se agudice en las próximas horas con “impactos relevantes” de nieve, lluvia y viento.

El portavoz ha explicado que el impacto de estas borrascas ha sido de tal calibre que justifica la intervención estatal bajo los términos de catástrofe definidos legalmente, dado que los daños materiales y los servicios esenciales afectados requieren de una capacidad financiera que puede exceder los medios de la propia administración autonómica.

Los estragos causados por el temporal se han dejado sentir con fuerza en viviendas particulares, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como en pequeñas empresas y el patrimonio medioambiental de la región.

Además, las infraestructuras municipales y las redes viarias han sufrido daños de consideración, obligando a las corporaciones locales a realizar actuaciones de emergencia de carácter inaplazable.

Carriedo ha insistido en que estas entidades locales deben recibir la compensación económica adecuada por los gastos extraordinarios asumidos para proteger a la población.

Para mitigar estos efectos, la Junta mantuvo activos de forma preventiva el Plan Territorial de Protección Civil (PLANCAL) y el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL), priorizando en todo momento la seguridad ciudadana ante el riesgo de crecidas y temporales.

Campaña agrícola

En paralelo a esta solicitud de auxilio estatal, el Ejecutivo autonómico ha tomado una determinación para el sector primario al declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-2026.

Esta medida responde a la situación de extrema humedad y lluvias persistentes que se vienen registrando desde el pasado mes de noviembre, las cuales han provocado la saturación de los suelos y han impedido el acceso de la maquinaria a las parcelas.

Al respecto, Carlos Fernández Carriedo ha manifestado que "el sector agrario atraviesa un momento crítico por la imposibilidad de realizar siembras y tratamientos con normalidad, lo que nos lleva a declarar esta excepcionalidad para poder flexibilizar las exigencias de la PAC y ofrecer un respiro real a nuestros agricultores y ganaderos".

Con esta declaración formal de excepcionalidad, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural iniciará el análisis técnico para certificar la existencia de un "fenómeno meteorológico grave" según la normativa europea.