Castilla y León se persona contra el recurso del Defensor del Pueblo para evitar cazar al lobo: “No está en peligro”

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado hoy la personación de la Comunidad Autónoma como parte coadyuvante en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varias disposiciones de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario respecto a la gestión del lobo, que facilitaba su caza.

En concreto, el recurso impugna la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de dicha norma, y fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado 28 de julio.

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“La Junta ha decidido personarse en el proceso para defender la constitucionalidad de la ley, al considerar que las disposiciones impugnadas afectan directamente a competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente y la gestión de especies como el lobo ibérico”, asegura.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad la capacidad de desarrollar y ejecutar la legislación estatal en este ámbito, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala que las comunidades puedan personarse para defender sus competencias cuando se ven afectadas por recursos de este tipo.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que esta decisión responde a la necesidad de "defender los intereses de Castilla y León" y asegurar que se mantenga el equilibrio alcanzado en la gestión del lobo, una especie cuya población ha aumentado en los últimos años en la comunidad.

"El lobo no está en peligro de extinción al norte del Duero. Hemos logrado un equilibrio, y eso es lo que queremos mantener", afirmó.

Carriedo también recalcó que la personación no equivale a la presentación de un recurso: "El recurso lo presenta el Defensor del Pueblo. Nosotros nos personamos como parte coadyuvante porque somos parte interesada y queremos que se nos escuche".

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Asimismo, defendió la ley como “coherente con los tratados europeos y la normativa vigente”, y subrayó que la posición de la Junta es coincidente con la del Congreso.

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad ha sido habilitada para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias en defensa de los intereses de Castilla y León en este procedimiento.

Según un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, los preceptos impugnados por el Defensor del Pueblo modifican el régimen de protección del lobo en España.

La disposición adicional octava aborda el control de las especies naturales depredadoras en eficiencia del sistema productivo mientras que la disposición final decimonovena modifica el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Hay que recordar que en marzo, el Congreso de los Diputados aprobó con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV una enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario que le retiraba la protección a las poblaciones del lobo al norte del río Duero con lo que se abría la puerta a permitir su caza tras cuatro años de prohibición, por la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Liespre).

La medida, aprobada inicialmente en el Senado, fue refrendada en la Cámara Baja con 181 votos a favor, 150 en contra y 14 abstenciones. De esta forma, sólo las manadas al sur del Duero se mantuvieron baja la salvaguarda ambiental una vez se publicó y entró en vigor esta ley.