Castilla y León descarta una ley autonómica de agentes medioambientales y defiende el decreto anunciado

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha descartado una ley autonómica de agentes medioambientales, al tiempo que ha optado por un decreto al considerar que ya existe una ley nacional y que, por tanto, a su juicio, no hay más amparo normativo legal que una ley estatal.

“Nosotros lo que hacemos es ejecutar esa ley a través de una reforma del decreto, por lo que no sé por qué tiene que haber una ley autonómica”, ha confesado al respecto.

El consejero, que ha realizado estas declaraciones durante la entrega los reconocimientos de autorizaciones ambientales y etiquetas ecológicas a empresas de Castilla y León, también ha recordado, al ser preguntado por la queja de los agentes medioambientales a raíz de que se haya sacado a información pública para elaborar dicho decreto, que el acuerdo al que llegaron con los sindicatos hace unos meses en relación a sus condiciones, da lugar a "una mejora importante de sus condiciones económicas, sus condiciones de estructura y de formación”.

“Son cuestiones jurídicas en las que ni ellos ni nosotros debemos entrar, sino lo que proceda técnicamente”, ha expresado, antes de apuntar de que este se trata de un decreto que está abierto información pública, y que, por tanto, “pueden alegar lo que estimen inconveniente”.

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“Lo que hemos demostrado es que para nosotros el cuerpo de agentes medioambientales es muy relevante porque cumplen las funciones muy importantes y vamos a llevar al máximo la aplicación de esa ley”, ha garantizado.

Fue el pasado 21 de enero cuando la Junta anunció que había iniciado el trámite para la adaptación de la normativa de la Comunidad a la ley de 2024 básica de agentes forestales y medioambientales. 

Entonces, con el objetivo de cumplir con la disposición final cuarta de esta ley estatal, la Junta abrió la consulta pública previa en el procedimiento para la elaboración de un decreto por el que se adapte la normativa de la Comunidad de Castilla y León a lo dispuesto en la norma básica.

Entonces, ya se hizo público, que en dicho decreto se abordaría la regulación detallada de las funciones de los agentes medioambientales, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación como servicio de intervención y asistencia de emergencias o la uniformidad y acreditación.

A todo ello se suma, además, los medios de defensa, la prevención de riesgos laborales, la asistencia jurídica, el acceso al empleo público y la promoción personal, la formación y la igualdad de género.

Recortes "insultantes"

Cabe destacar que este no es el único frente que tiene abierto la Junta de Castilla y León en relación a este sector, sino que la Administración regional también está siendo duramente criticada por partidos como el PSOE por los recortes "insultantes" en materia forestal que, según afirmaron la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez; y la portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Sandra Veleda, hace unos días, el Gobierno regional está llevando a cabio en la provincia zamorana.

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Ambas se refirieron así al hecho de que la Junta haya reducido a la mitad las torres y los vigilantes contra incendios en la citada provincia, así como a su intención de "sustituir" para del operativo humano por cámaras de videovigilancia.

De hecho, hasta presentaron varias iniciativas parlamentarias que, según explicaron, serán presentadas tanto en las Cortes de Castilla y León como en la Diputación de Zamora, con el único objetivo de que la Junta reconsidere su decisión de eliminar torretas y vigilantes. Según las socialistas, unas medidas "irresponsables y peligrosas".

Lobo

Juan Carlos Suárez-Quiñones también ha señalado hoy que “se eliminarán cuanto antes los retrasos" en el pago de las ayudas por los daños causados por los ataques del lobo, tras las quejas de los ganaderos de la provincia de Segovia.

Estos se cifran en más de ocho meses y el consejero ha apuntado que el motivo se enmarca en un “pequeño decalaje” motivado por el “volcado del presupuesto y en la transmisión presupuestaria de un año a otro”.

Durante la entrega los reconocimientos de autorizaciones ambientales y etiquetas ecológicas a empresas de Castilla y León, Suárez-Quiñones ha dejado claro que, pese a esta situación, los pagos se hacen de “forma puntual” con un “esfuerzo muy importante” del personal público.

Asimismo, ha recordado que la Junta mantiene un contencioso con el Gobierno de España, ya que en el año 2021 se impidió la gestión de la especie al norte del Duero, así como otros controles, y los daños “incrementaron de forma muy importante”, razón por la que el Gobierno se comprometió a aportar a las comunidades autónomas fondos para pagar esos daños y dar unas compensaciones económicas.

“Pues no lo ha hecho, lo llevó a cabo el primer año, pero luego no lo hizo más”, al recaer en la propia Comunidad, ha añadido.