La Junta de Castilla y León oferta 10 plazas de personal laboral fijo para personas con discapacidad intelectual, en su intento de favorecer la integración del sector en todos los ámbitos de la sociedad y, en concreto, en el empleo público de la Administración regional. 

La convocatoria publicada este martes en el Bocyl establece que estos 10 puestos de trabajo corresponden a la categoría de personal subalterno, así como que serán cubiertos garantizando que estos se adecúan a las circunstancias de la persona que cubra cada puesto, con el fin de evitar posibles dificultades en el desarrollo del trabajo. 

Si bien, para poder optar a estas plazas, los interesados deberán superar un proceso selectivo, consistente en un examen de oposición. 

Tal y como han dado a conocer desde la institución regional, el temario, el cual consta de 10 temas, tres de ellos correspondientes a materias comunes y otros siete a específicas, ha sido publicado en la página web de la ECLAP. 

Se trata de un temario adaptado por la Junta, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). "La estructura, el formato y el lenguaje, así como la cantidad de imágenes y dibujos para explicar gráficamente el contenido, quieren ser una ayuda para compensar cualquier dificultad de concentración o de aprendizaje que puedan presentar los candidatos, quienes, a la hora de ocupar su puesto de trabajo, tendrán la preparación y el conocimiento necesarios para comenzar a prestar el servicio público que tengan encomendado", explican desde la Junta.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a todos los interesados a prepararse esta convocatoria, asegurando, además, que "todos tenemos mucho que aportar para ensanchar el corazón de esta Administración y seguir cumpliendo con lo que la sociedad espera de nosotros". Por ello, afirma, en la Junta, "estos futuros empleados públicos encontrarán toda la ayuda que puedan necesitar, así como una completa confianza en sus capacidades, y un ambiente de trabajo en equipo que hará que nunca se sientan solos", ha garantizado el consejero. 

Y es que, en su opinión, "las administraciones públicas tienen el deber moral de lograr la plena integración de las personas con discapacidad en el acceso al empleo público, contribuyendo con algo tan importante como la autonomía laboral y económica de estos ciudadanos, y facilitando que consigan un trabajo fijo que les ayude a desarrollar su proyecto de vida”.

En Castilla y León son unas 20.000 las personas que padecen algún tipo de discapacidad intelectual, de los cuales unos 13.000 tienen edades comprendidas entre los 20 y los 64 años.