El Grupo Vox en las Cortes ha registrado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes exigiendo al Gobierno que "despolitice" el Poder Judicial e impulse nuevos juzgados en Castilla y León. Además, la iniciativa insta al Ejecutivo a que los 12 vocales jueces o juristas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por jueces, muestra su rechazo a la Ley de Amnistía y manifiesta la necesidad del "escrupuloso respeto al principio de imparcialidad" de los magistrados del Tribunal Constitucional en el caso de que se presente un recurso contra la medida de gracia.

Esta PNL de la formación, que se debatirá en el próximo pleno de la Cámara, previsto para los días 12 y 13 de diciembre, se basa en la idea de Vox de que "el poder político controla en gran medida la actividad legislativa" y "aprueba leyes" que determinan que en los órganos de gobierno del Poder Judicial se integren "afines a los partidos", para controlar la actividad de los jueces. La formación considera que la independencia judicial se pone así "en grave riesgo" ya que la misión del CGPJ es velar por esa independencia.

Este hecho ha provocado, a juicio de Vox, que las mayorías parlamentarias se hayan hecho "con uno de los poderes del Estado" y han considerado que esto es especialmente grave debido a que los partidos separatistas han condicionado durante las últimas décadas la gobernabilidad de la nación. Además, han denunciado el sesgo ideológico de muchos vocales del CGPJ, convirtiéndose este órgano en "rehén de un enfrentamiento partidista".

Por este motivo, Vox ha exigido al Gobierno que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos "por y entre jueces y magistrados" y, en la misma iniciativa, se insta a las Cortes a que rechacen la Ley de Amnistía al considerarla "una utilización fraudulenta e ilegítima del poder legislativo" para "comprar" los votos para investir a Pedro Sánchez. Vox ha considerado que se trata de un "atentado contra el estado de derecho" La gravedad de esta maniobra, que no puede calificarse de otro modo como "atentado contra el estado de derecho" e "intromisión en la función constitucional del poder judicial".

El partido ha ido más allá y ha asegurado que es un comportamiento "propio de regímenes dictatoriales" en los que los partidos pueden "dejar efecto las condenas" creando "espacios de impunidad" quee stán "libres de todo control judicial", con el peligro de "abuso de poder". También han considerado que resulta imprescindible que aquellos magistrados del Tribunal Constitucional con una dilatada relación de cercanía contrastada con los socialistas o los grupos catalanistas, "tales como su presidente, Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo Moreno o Laura Diez Bueso" no tengan intervención en el recurso de inconstitucionalidad "que con toda probabilidad se tramitará en relación con la Ley de Amnistía".

Además, han exigido al Gobierno que se lleve a cabo una inversión "suficiente y prolongada" en el ámbito de la planta judicial de la Comunidad de conformidad las demandas de la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León para lograr un servicio público que "asegure la calidad de la respuesta, la rapidez en la resolución y las garantías de los derechos fundamentales de los castellanos y leoneses".