Vox vuelve a usar Castilla y León, el único territorio en el que forma parte de un Gobierno, como laboratorio de experimentación para sus principales reivindicaciones políticas. En esta ocasión, ha sido a cuenta del aborto, uno de los grandes caballos de la formación, firme defensora del "derecho a la vida" y contraria a la actual legislación en esta materia. Conscientes de que las competencias autonómicas en este sentido son limitadas, y de que no les queda otra que convivir con la Ley del Aborto de 2010 –y con la reforma que el Ejecutivo central acaba de aprobar– han optado por iniciativas alternativas.

En concreto, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, anunció este jueves que se obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido fetal, promover el acceso a ecografías 4D, un acompañamiento psicológico y velar por el respeto a la objeción de conciencia de los médicos que no quieran realizar abortos. Pocas horas después, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, matizó a Gallardo y aseguró que no habría "ningún cambio" en el protocolo, negando la existencia de "listas negras" de objetores de conciencia.

Vox pretende utilizar también estas medidas en Castilla y León para echar un pulso al Gobierno central, que acaba de aprobar la reforma de la Ley de 2010 incorporando la garantía de una educación sexual en todas las etapas de la educación, el derecho a la salud menstrual y la "capacidad para decidir" sobre el aborto de las mujeres de 16 y 17 años y de aquellas con discapacidad. Unas medidas, pues, en un sentido radicalmente opuesto a las que se pretenden implantar en la Comunidad.  "Si conseguimos salvar una vida, habrá merecido la pena", aseguraba Gallardo en su cuenta de Twitter.

Gallardo se reafirma y asegura que se aplicará "inmediatamente"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha reiterado este viernes, durante su visita a la campa de Pingüinos, que las medidas antiaborto que anunció tras el Consejo de Gobierno de este jueves se aplicarán "inmediatamente" y que han sido consensuadas con la Consejería de Sanidad.

El vicepresidente, además, ha animado a quien crea que estas medidas van contra el Código Penal a que las denuncie y ha asegurado que "lo decidirá un juez". Preguntado por la dureza que podrían suponer estas medidas para las mujeres ha asegurado que "más duro es no darles información". "Con información seguro que están mejor", ha afirmado. 

Unas declaraciones que llegan pocas horas después de que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, del PP, contradijese a Gallardo y asegurase que no habría "ningún cambio" en el protocolo a seguir con las mujeres embarazadas y negase la existencia de "listas negras" de médicos objetores de conciencia.

Gallardo ha llegado a las 9:05 a la campa de Pingüinos y se ha dado una vuelta saludando a algunos asistentes y parándose en una zona donde se encontraban varios moteros valencianos. Allí ha comido algo y se ha montado en una moto sidecar. Después, se ha pasado por el stand de la DGT y por el de la organización para abandonar la campa a las 9:53.

Reacciones y críticas a la medida

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido al Gobierno de Castilla y León de que el Ejecutivo velará y "defenderá" los derechos de las mujeres. "Este Gobierno no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país", ha afirmado.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, conocido por su perfil moderado, se ha desmarcado de la medida. "No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y el PP cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que consideramos que son equivocadas", ha remarcado el político. "Es perfectamente compatible la política de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer, es absolutamente compatible", ha concluido.

El secretario general socialista y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha tildado de "inaudito e intolerable" el plan de Gallardo. Desde su punto de vista, "no hay un problema con los médicos objetores. Hay un problema para ejercer el derecho de las mujeres en esta tierra" ha asegurado Tudanca, que ha tachado de "terrible" que el Gobierno de Mañueco "pretenda encima trasladar la sensación de que las mujeres que quieren ejercer su derecho tienen un problema de salud mental".

En su opinión, el Ejecutivo de Mañueco y de Gallardo llevan tiempo metiendo a la Comunidad "en un túnel del tiempo, que parece que volvemos a los tiempos del NO-DO".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cargado también contra las medidas. "Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP", ha publicado en Twitter. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado las medidas como  "una absoluta vergüenza".

Por otro lado, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha hecho una comparación de las medidas con la serie 'El cuento de la criada', en la que las mujeres se dedican únicamente a procrear. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que estas medidas buscan "intimidar" a las mujeres y ha asegurado que es "un ataque intolerable" contra los derechos de las mujeres.

También se ha pronunciado el socialista Patxi López, quien ha asegurado que las medidas anunciadas por García-Gallardo son una "aberración" y las ha calificado de "impresentables".

El sindicato UGT, por su parte, ha considerado este mismo viernes "intolerable" el plan anunciado por Gallardo y ha defendido que servirá para "acosar y coaccionar" a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, ha asegurado que "el anuncio anti abortista de Vox evidencia las contradicciones internas del PP". Para el sindicato, la estrategia de Vox "pone sobre la mesa las contradicciones del PP" y "la fragilidad de un acuerdo de Gobierno que intentan adornarlo como un pacto ideal".

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha cargado también contra la medida. "Tengo una mezcla de sentimientos entre la indignación, el enfado y la vergüenza. Estamos viendo una vez más como se arrastra el nombre de Castilla y León y de nuevo se vuelve a hablar de esta Comunidad por ser ese laboratorio de la extrema derecha que pretende restringir los derechos de las mujeres. Es puro sadismo contra las mujeres ya solo el hecho de hablar de ello", ha dicho.

Para la delegada, hay "una falta de seriedad y de rigor escalofriante". "Ayer estas declaraciones se hacen después del Consejo de Gobierno y a las dos horas fueron contradichas por el consejero de Sanidad. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. ¿Donde está el acuerdo que tomó el Consejo de Gobierno?. Que falta de seriedad", ha añadido.

Barcones ha recordado que se contempla una pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días por obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo. "No vamos a permitir ningún retroceso, las mujeres de Castilla y León pueden estar tranquilas porque el Gobierno va a garantizar que nadie, ni siquiera la Junta, coarte la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos. Espero que el señor Mañueco pare de una vez por todas las continuas y reiteradas agresiones que están sufriendo los derechos de las mujeres en Castilla y León", ha zanjado.