La nueva exigencia de Vox al PP para gobernar: reducir los procuradores mientras en Castilla y León aumentarán a 82

El planteamiento no es nuevo en su discurso, pero ahora cobra especial relevancia porque se vincula de forma directa a la gobernabilidad en comunidades donde el PP podría depender, en mayor o menor medida, del apoyo de Vox. La propuesta ha tenido ya un impacto directo en las negociaciones en Extremadura, donde los de Abascal doblaron su representación en los comicios del pasado 21 de diciembre y ya han exigido una reducción concreta: pasar de 65 a 33 diputados autonómicos.

"Para pactar, vamos a exigir la reducción de diputados en los parlamentos regionales", ha asegurado Abascal, que ha detallado que esa condición se extenderá a todas aquellas comunidades donde los populares dependan de su voto para gobernar por lo que, en el caso de que el PP no obtenga mayoría absoluta ni en Aragón, tras los comicios del próximo 8 de febrero, ni en Castilla y León, tras las elecciones del 15 de marzo, la exigencia, previsiblemente, se verá replicada.

El gran objetivo de Guardiola que Mañueco querría para sí: forzar la abstención de PSOE o Vox y gobernar en solitario

Fuentes del Grupo Vox en las Cortes autonómicas han asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que abordarán la medida tras las elecciones, una vez se conozca el reparto de escaños en las Cortes autonómicas. "Se están estudiando para cada comunidad las formas de reducir el gasto superfluo para poder destinar esos recursos a políticas de educación, vivienda o sanidad. Llegado el momento y con los resultados en la mano, se abordará esta cuestión de forma concreta", han detallado estas fuentes.

Una compleja reforma

Reducir el número de procuradores en las Cortes de Castilla y León sin reformar el Estatuto de Autonomía solo sería viable mediante una modificación muy concreta y acotada de la ley electoral autonómica, actuando sobre los elementos que el Estatuto deja abiertos al legislador autonómico.

En la práctica, la única palanca disponible sería endurecer el criterio de reparto por población, es decir, elevar el número de habitantes necesarios para obtener un escaño adicional en cada provincia. De este modo, las provincias con mayor población, que son las que concentran los procuradores variables, verían reducido su número de representantes, lo que permitiría una disminución moderada del tamaño total de la Cámara.

Mañueco se mira en el espejo de Extremadura: de una mayoría de Guardiola al pacto con Vox para romper tabúes

Esta vía, sin embargo, tiene límites claros. El Estatuto fija un mínimo de tres procuradores por provincia, que no puede tocarse sin una reforma estatutaria, por lo que las provincias menos pobladas mantendrían intacta su representación. Además, el margen de reducción sería relativamente pequeño y podría generar tensiones políticas y territoriales, al concentrar el ajuste en unas pocas provincias.

Cualquier intento de recorte más ambicioso, de alterar el equilibrio entre territorios o de redefinir el modelo de representación provincial chocaría directamente con el Estatuto y obligaría a activar el procedimiento de reforma como ley orgánica en las Cortes Generales.

Un procurador más

La propuesta no es meramente retórica. Vox lleva años denunciando el "exceso de políticos" y el "despilfarro institucional" en las autonomías, pero ahora ha convertido esa crítica en un ultimátum negociador. En el caso concreto de Castilla y León, las Cortes cuentan con 81 procuradores, que pasarán a ser 82 a partir de marzo, un número que la formación de Abascal considera sobredimensionado para una comunidad de poco más de dos millones de habitantes y con una densidad de población muy baja en buena parte de su territorio.

Se trata de una iniciativa que, además, cuenta con precedentes. En marzo de 2022, PP y Vox registraron de forma conjunta la modificación de la Ley del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para acometer una reducción del número de diputados de la Asamblea con el objetivo de que pasase de 136 a 91 representantes en virtud del acuerdo de investidura firmado por ambas formaciones.

La iniciativa terminó decayendo, al requerir del voto afirmativo de dos tercios del hemiciclo y contar con el rechazo de Más Madrid y PSOE. Pero el pasado mes de diciembre, la actual líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, recuperó la propuesta y la planteó como una enmienda parcial a la hora de negociar los presupuestos para 2026 con Isabel Díaz Ayuso, en un momento en el que la reducción de diputados, como forma de combatir el "gasto superfluo", se ha convertido en un auténtico caballo de batalla de la formación.

Exigencia en Extremadura

Pero es en Extremadura donde la nueva condición de Vox podría tener efectos prácticos por primera vez. En esa región, PP y Vox se encuentran negociando un acuerdo programático y la configuración del nuevo Gobierno autonómico presidido por la popular María Guardiola y los de Abascal, al contrario que en Castilla y León, han detallado con exactitud la propuesta: pasar de los 65 diputados autonómicos actuales a 33.

Se trata de una medida que forma parte del programa electoral con el que Vox concurrió a las elecciones del pasado 21 de diciembre y, durante la campaña, su candidato, Óscar Fernández, hizo especial hincapié en esa exigencia.

En un acto en Mérida el pasado mes de diciembre, el candidato de Vox en Extremadura denunció que el bipartidismo "no solo se mantiene, sino que se engorda a sí mismo" y puso el ejemplo el acuerdo entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha para incrementar el número de diputados autonómicos de 33 a 55, que provocará, a su juicio, un "aumento escandaloso" del gasto político.

Frente a este "despilfarro", Fernández anunció que Vox propone exactamente lo contrario, "una disminución drástica del gasto político", que comenzaría por el Parlamento extremeño, con una reducción del número de diputados de 65 a 33 y con un "notable recorte" de las aportaciones a los grupos políticos. El candidato de Vox defendió que esta medida no mermaría la representación política y que responde al "sentir mayoritario de más del 90% de los extremeños".

Además, denunció que PP y PSOE han creado "una auténtica industria política", destinada a colocar a cargos y estructuras de partido y que al final es el ciudadano el que "paga la fiesta", sin recibir nada a cambio; a lo que ha añadido que "el dinero de los contribuyentes debería ir a políticas sociales, vivienda, sanidad y educación".

Vox, pieza clave

La propuesta llega en un momento en el que Vox podría convertirse de nuevo en pieza clave de la gobernabilidad en Castilla y León, en el caso de que el PP de Alfonso Fernández Mañueco no lograse alcanzar la mayoría absoluta de 42 procuradores. Aunque Vox no ha cifrado todavía de forma oficial el recorte exacto que exigiría en la Comunidad, de aplicarse una lógica similar a la de las propuestas de la Comunidad de Madrid o Extremadura, el número de procuradores podría descender hasta situarse entre 50 y 60 escaños.

Ese rango seguiría respetando el mínimo constitucional de tres procuradores por cada una de las nueve provincias, pero eliminaría prácticamente todos los escaños proporcionales adicionales que actualmente permiten una mayor representación de las fuerzas minoritarias y de los territorios menos poblados lo que, previsiblemente, generaría una gran polémica.

Con la campaña electoral a punto de arrancar y las negociaciones postelectorales ya asomando en el horizonte, la propuesta de Vox introduce un elemento de máxima tensión política en Castilla y León. Una exigencia que se suma a las anunciadas durante las últimas semanas por Abascal, envalentonado ante el crecimiento del partido en las encuestas: la Vicepresidencia de la Junta y varias consejerías y medidas concretas contra la inmigración masiva y el Pacto Verde Europeo, además de fuertes rebajas fiscales y políticas de reindustrialización.

El PP deberá decidir si acepta pagar este precio, que podría ser políticamente costoso y de largo recorrido institucional, para garantizarse la estabilidad en la próxima legislatura, o si opta por explorar otras vías que le permitan gobernar sin tener que afrontar una rebaja drástica del número de procuradores de las Cortes. De los resultados del próximo 15 de marzo dependerá si esta y el resto de exigencias de Vox terminan siendo determinantes para configurar el próximo Gobierno de Castilla y León.