La Consejería de Industria, Comercio y Empleo establece las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a municipios y a las diputaciones provinciales, mediante la realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural. Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), pretenden promover la contratación en municipios con menos de 5.000 habitantes y con cinco o más desempleados, con excepción de la provincia de Soria, donde se suprime este último requisito.

En concreto, la Junta aclara que se entiende por obras y servicios de interés general y social relacionados con el sector turístico y cultural, la puesta en valor y fomento del patrimonio cultural de Castilla y León, entendiendo por tales, los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte del mismo, el patrimonio documental, bibliográfico, audiovisual y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional.

Las subvenciones que se concedan se destinarán a la financiación de los costes salariales y de la Seguridad Social por todos los conceptos derivados de los contratos que se suscriban para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo, con las personas trabajadoras participantes desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

16.625 euros por 180 días

La cuantía de la subvención será por cada persona trabajadora contratada en los grupos de cotización a la Seguridad Social 1 y 2, ambos inclusive, de 16.625 euros por 180 días, a jornada completa; para los 3 al 7, ambos inclusive, de 13.300 euros por 180 días, a jornada completa, y de 8 al 11, ambos inclusive, de 9.975 euros por 180 días, a jornada completa. Este importe se reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo se cubra por un periodo superior a 120 días e inferior a 180 días.

Los colectivos prioritarios serán los jóvenes menores de 35 años, preferentemente con déficit de formación; mayores de 45 años, y personas en desempleo de larga duración, con especial atención a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo.